Ginebra, 30 de marzo del 2000

Señor Presidente:

Hace 51 años la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Concluía, con la derrota del fascismo, una guerra terrible, y se abría lo que debió ser una era de paz y colaboración entre los hombres.

Al releer el Artículo 1, en el que se proclama que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos....", nos preguntamos: ¿Qué ha pasado entonces? ¿Son tan libres e iguales los casi 4.500 millones de seres humanos de los países subdesarrollados que consumen sólo el 14 por ciento de todo lo que se produce en el mundo, como los 1.500 millones que viven en los países desarrollados y consumen el 86 por ciento restante? El 20 por ciento de la población más rica del planeta posee 82 veces la riqueza del 20 por ciento más pobre. ¿Son tan libres e iguales los unos como los otros?

¿Los distinguidos delegados de los países desarrollados aquí presentes han reflexionado alguna vez qué pensarían de la Declaración Universal de Derechos Humanos los 4.500 millones de habitantes de los países subdesarrollados, de los que casi mil millones pasan hambre, tres quintas partes carecen de saneamiento, un tercio no accede a agua limpia, un cuarto no tiene vivienda y un quinto no dispone de servicios básicos de salud?

¿No sienten ustedes, Excelencias, un rubor avergonzado cuando leen que: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración..."? ¿No piensan en la mirada acusadora de los padres de los 30 mil niños menores de 5 años que mueren cada día por causas que podrían prevenirse, cuando recordamos que "Todo individuo tiene derecho a la vida..."?

¿Es posible conciliar el derecho a la libertad de opinión y de expresión con la propiedad cada vez más privada, concentrada, monopólica y transnacional de los medios de difusión masivas?

¿Alguien en esta sala podría explicarles a los 800 millones de hambrientos del planeta, sólo dueños de su hambre, qué quiere decir que "Toda persona tiene derecho a la propiedad..."?

Cuando leemos que "Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país", o que "Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país", ¿pensamos, estimados colegas, en los 850 millones de adultos analfabetos que no pueden escribir o leer siquiera la palabra "derecho"?

Hace cinco décadas proclamamos que: "Toda persona tiene derecho al trabajo..." ¿Cómo explicar entonces a los millones de hombres y mujeres que deambulan cada día buscando una oportunidad de ganar el sustento decoroso de sus hijos, que tengan que ser prisioneros y víctimas de un sistema económico irracional e injusto que les niega el derecho a trabajar?

¿Qué dirían de nuestras amargas realidades de hoy los hombres y mujeres que aprobaron en 1948 que: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios"? ¿Cómo reaccionarían al conocer que esperan la muerte en África, sin esperanza de tratamiento, más de 20 millones de infectados con el virus del SIDA? ¿Podremos justificar algún día que mientras no se encontraron los 300 mil millones de dólares anuales que necesitan esos tratamientos, se invirtieron 800 mil millones en gastos militares?

¿Comprenderán nuestros descendientes que mientras por un lado proclamamos que: "La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales", y que: "Toda persona tiene derecho a la educación", por el otro, en pleno año 2000, 260 millones de niños en edad escolar no reciban educación, 160 millones estén desnutridos, 600 mil mujeres mueran cada año en el parto y la tasa de mortalidad infantil en los países del Tercer Mundo sea de 64 por mil nacidos vivos?

Estas son realidades, Excelencias, y están ahí, acusándonos, aunque intentemos cerrar los ojos para procurar no verlas. Por eso, cuando se contempla tanta manipulación, tanta mentira, tanto discurso vacío, tanta hipocresía; cuando se aprecia el intento de imponer dogmáticamente patrones y modelos que se pretenden universales, se tiene la convicción profunda de que el tratamiento al tema de los derechos humanos en el mundo necesita ser rescatado de los intereses mezquinos que hoy lo secuestran. Se tiene la convicción de que esta Comisión de Derechos Humanos está obligada a encarar una profunda reforma en su composición y sus métodos, debe dejar de ser instrumento de persecuciones selectivas y politizadas contra los países pobres para convertirse realmente en el foro donde concertemos nuestros esfuerzos, con honradez y solidaridad, para poder proclamar algún día que la declaración aprobada cinco décadas atrás tiene sentido para los 6 mil millones de habitantes del planeta y no sólo para una minoría privilegiada.

Hace ya más de cinco años que los representantes de 171 Estados debatimos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena sobre todos estos asuntos y nos pusimos de acuerdo en que debíamos "tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso", y en que debía "tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos". Sin embargo, en estos años se agravó la peligrosa tendencia de que un grupo pequeño de Estados ricos y poderosos convirtieron la Comisión de Derechos Humanos en propiedad privada y en instrumento para imponer sus puntos de vista e intereses a los países subdesarrollados, que somos la inmensa mayoría. La Comisión de Derechos Humanos es patrimonio de todos los pueblos y no sólo de unos pocos. ¡El intento de imponer un solo patrón, conveniente a los intereses de los poderosos, debe cesar! Cuba recuerda vigorosamente que la universalidad de los derechos humanos fue afirmada en Viena a partir del reconocimiento de la diversidad.

¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos no despliega los esfuerzos y dedica los recursos necesarios a promover el derecho al desarrollo, derecho humano fundamental reconocido en Viena, y único camino posible para sacar de la miseria y el hambre a la masa de los desposeídos de la Tierra que se preguntan, sin comprender, para qué nos reunimos cada año en Ginebra? ¿No dijimos que "la persona humana es el sujeto central del desarrollo"? ¿Por qué no se designa de inmediato, por ejemplo, un Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos para dar seguimiento a la cuestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo y al impacto de su dramático decrecimiento en el disfrute de los derechos humanos en los países subdesarrollados?

Si dijimos en Viena que "todos tienen derecho a disfrutar del progreso científico y de sus aplicaciones", ¿por qué hoy el 97 por ciento de las patentes las controlan los países ricos? ¿Alguien se atrevería en esta sala a discrepar de mi afirmación de que estamos cada vez más lejos de respetarles a miles de millones de personas ese derecho?

¿Cómo explicar las cacerías de inmigrantes, los tratamientos racistas y xenófobos y el muro que Estados Unidos levantó en su frontera con México, si ya habíamos proclamado que debía darse "gran importancia a la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios, a la eliminación de todas las formas de discriminación contra ellos y al fortalecimiento y la aplicación más eficaces de los instrumentos de derechos humanos"?

Si exhortamos en Viena a la comunidad internacional a que hiciera "cuanto pueda por aliviar la carga de la deuda externa de los países en desarrollo", ¿por qué tenemos que dedicar el 25 por ciento de nuestras exportaciones a cubrir el servicio oneroso de una deuda que, lejos de disminuir, crece cada día? ¿Se respetan nuestros derechos humanos cuando se nos asfixia con una deuda de 2,5 millones de millones de dólares?

Si afirmamos en Viena que "la generalización de la pobreza extrema inhibe el pleno y eficaz disfrute de los derechos humanos", ¿cómo explicamos la realidad desoladora de que hoy el mundo tiene más pobres que nunca y que cada 24 horas casi 70 mil nuevos indigentes se suman a la masa hambrienta y famélica, que mientras clama por su futuro nos ve aprobar documentos y hablar de derechos humanos en esta confortable sala?

Son todas estas razones, Excelencias, las que sustentan la exigencia de que la Comisión de Derechos Humanos sea transformada en un instrumento de todos los países, que vele por todos los derechos humanos. Sin embargo, ello no será posible si los países desarrollados, que sólo son el 15 por ciento del total de Estados miembros de Naciones Unidas, no ponen a un lado sus intereses nacionales o de grupo y se aprestan a colaborar con nosotros con altruismo y sentido de la justicia.

El año pasado los países desarrollados acreditaron para los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos a 293 delegados, mientras los países subdesarrollados, que representan más del 75 por ciento de la población mundial, acreditaron con grandes sacrificios a 284 delegados. Solamente Estados Unidos acreditó a 46, la mitad de los de toda África, o de toda Asia, o de toda América Latina. ¿Y qué consecuencias tuvo este injusto desbalance? Pues que los países desarrollados presentaron el 61 por ciento de todas las resoluciones y decisiones adoptadas, en un golpe evidente a la aspiración de respeto a la diversidad que hemos sustentado.

Por tanto, Cuba estima que se deben tomar medidas urgentes para revertir esta situación. Por ejemplo, debería proponerse a la Asamblea General el establecimiento de un fondo, con cargo al presupuesto regular de las Naciones Unidas, para el financiamiento del viaje y participación de al menos tres delegados de cada país subdesarrollado miembro de la Comisión. En adición, la Comisión podría establecer un límite de 15 delegados a ser acreditados por cada delegación gubernamental.

La labor de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es decisiva en la preparación de las sesiones y en el seguimiento de las decisiones de esta Comisión. Sin embargo, los informes que se presentan a la Comisión, y en general casi todo su trabajo, es realizado por funcionarios que proceden de los países desarrollados, imponiendo sus modelos, cultura, ideología y experiencias. Los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá tienen más personal en la Oficina de la Alta Comisionada que el resto de los países subdesarrollados en su conjunto. Es cierto que los derechos humanos son universales, ¿pero tendrán la misma percepción de ellos funcionarios de países con un PIB per cápita de 25 mil dólares y funcionarios de países con 300 dólares? ¿Cómo enfrentaremos esta triste realidad los países pobres que asistimos impotentes al éxodo descomunal de nuestros intelectuales y profesionales hacia los países ricos en la búsqueda de mejores oportunidades y sueños imposibles?

Cuba considera imprescindible que la Alta Comisionada establezca con urgencia un grupo encargado específicamente de la captación y capacitación de personal calificado proveniente de los países subdesarrollados para la Oficina de la Alta Comisionada.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas desde 1990 señalan a países subdesarrollados como los violadores de los derechos humanos, y todas fueron propuestas por países desarrollados. ¿Alguien podría oponerse en esta sala al hecho incuestionable de que un grupo minoritario de países viene imponiendo sus enfoques y puntos de vista en las decisiones que se adoptan internacionalmente en materia de derechos humanos? ¿Cuál es la realidad, distinguidos colegas? ¿Es que en los países desarrollados no existen violaciones de los derechos humanos, o es que resulta imposible analizar en esta Comisión esas violaciones?

¿Por qué si acordamos que todos los derechos tienen igual importancia, se aprueban en la Comisión el doble de resoluciones sobre los derechos civiles y políticos que sobre los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Por qué se dedican tres veces más páginas de documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales? Todos en esta sala sabemos bien la respuesta: porque a los países desarrollados sólo les interesa que la Comisión se ocupe de los derechos civiles y políticos. Porque los derechos al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la salud; los derechos de las mujeres y los niños, en fin, los derechos de todos los habitantes del planeta, y no sólo los de un grupo privilegiado, a una existencia decorosa y al disfrute pleno de la justicia social tantas veces postergada, no son hoy prioridad nada más que de nosotros los países pobres y subdesarrollados.

Se necesita mucho altruismo para luchar por lo que se tiene pero no tienen los otros. Se necesita una gran humildad para reconocer que no se es dueño absoluto de la verdad. Se necesita un profundo espíritu democrático para aceptar que los pobres también pueden tener la razón. Se necesita conocer la historia de nuestros pueblos colonizados y saqueados por siglos para no condenar a los pobres por su pobreza.

Señor Presidente:

Las Organizaciones No Gubernamentales han venido realizando una contribución muy valiosa a la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Quién pondría en duda, por ejemplo, el decisivo aporte a la causa de los derechos humanos realizado por las organizaciones no gubernamentales populares y de base en la lucha contra las dictaduras militares en América Latina en décadas pasadas?

Sin embargo, tenemos que reconocer con pesar que las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la causa de los derechos humanos de la mayoría de los habitantes de este planeta, no están suficientemente representadas en las reuniones de esta Comisión.

Unas pocas organizaciones que se hacen llamar no gubernamentales y actúan como verdaderas empresas transnacionales, financiadas y estrechamente vinculadas a los principales grupos de poder en los países desarrollados, imponen hoy su liderazgo. Son las que tienen todo el dinero y disponen de toda la cobertura de las transnacionales de la información. ¿De dónde viene el dinero y a qué objetivos sirve?

¿Por qué no creamos un Fondo para la Financiación de la Asistencia de Representantes de Organizaciones No Gubernamentales del Sur en la Comisión, así como de organizaciones no gubernamentales que atiendan la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo?

Señor Presidente:

Resulta preocupante el hecho de que, mientras decrecen los recursos destinados a la lucha por el desarrollo, contra el hambre, el atraso de siglos y la pobreza, causas verdaderas de las llamadas crisis humanitarias en los países subdesarrollados, tome fuerza en las principales potencias occidentales el planteamiento teórico y político de un pretendido "derecho de intervención humanitaria", que ha tenido ya sus primeras aplicaciones prácticas. Es alarmante la clara tendencia a desconocer los principios que constituyeron durante medio siglo los pilares del orden jurídico internacional de la posguerra y dieron fundamento moral a la Organización de las Naciones Unidas: la igualdad soberana de los Estados, su integridad territorial, la no injerencia en sus asuntos internos, el no uso de la fuerza o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales.

Cuba suscribe decididamente y llama enfáticamente a los Estados miembros a prestar debida atención a la resolución aprobada por la Subcomisión para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos en la que se expresó la firme convicción de que el supuesto "deber" y "derecho" de realizar intervenciones humanitarias, en particular recurriendo al uso o la amenaza de la fuerza, carece de fundamento jurídico alguno y, por consiguiente, no puede condonar las violaciones de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Nuestros pueblos del Sur conocemos en carne propia las consecuencias de las doctrinas de este tipo concebidas en el Norte para legitimar la práctica de la intervención y los intereses de dominación. Ustedes, colegas que representan aquí a los países miembros de la OTAN, deberían comprendernos. Ustedes pertenecen a una alianza militar muy poderosa y no tienen por qué temer una agresión, pero nosotros, los países del Tercer Mundo, sí tenemos razones para preocuparnos. Nuestros países requieren bombardeos, sí, pero no de misiles y bombas inteligentes, sino de nuevas tecnologías, financiamientos a largo plazo para el desarrollo, acceso a los cada vez más inaccesibles mercados, condonación de nuestra deuda externa. ¡Ese será el mayor aporte que ustedes podrán hacer para el respeto cabal de los derechos humanos en nuestros pueblos! ¡El principal derecho humano que hay que respetarnos es el derecho al desarrollo y a una vida decorosa, es el derecho a legar a nuestros hijos un futuro con esperanza!

¿Quién establecerá los parámetros que justifiquen la invasión o el bombardeo despiadado de un país? ¿Se informará siquiera al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Se concebiría la existencia de una coalición de países del Sur para bombardear la ciudad de Nueva York con el propósito de castigar a los Estados Unidos por la constante violación de los derechos de los pobres y las minorías étnicas en ese país?

¿Será capaz esta Comisión de condenar a los Estados Unidos alguna vez? ¿Se atrevería a aprobar una resolución de condena por la prostitución y la pornografía infantiles en ese país, por la violencia generalizada y la proliferación de las armas de fuego, por la brutalidad policial y la inequidad de su sistema judicial, por la desigual y arbitraria aplicación de la pena de muerte, por las manifestaciones de discriminación racial, sexual y religiosa, por la desatención a la creciente legión de los pobres y desposeídos en el seno de la sociedad más opulenta de la historia? ¿Estará en condiciones esta Comisión de condenar al gobierno de los Estados Unidos por su guerra sucia de cuarenta años contra el pueblo de Cuba, con el único y confeso propósito de destruir el sistema político, económico y social que el pueblo cubano ha construido por propia voluntad libre y soberana? Nos parece muy improbable en las actuales circunstancias.

En Viena proclamamos que: "Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural." ¡Y nuestra determinación, Excelencias, es la de ser un pueblo libre e independiente, y no una colonia de los Estados Unidos!

También en Viena se pidió a los Estados que se abstuvieran "de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas". ¿Cómo se explica entonces, Excelencias, la persistencia y el endurecimiento del genocida bloqueo norteamericano contra Cuba, que dura ya cuarenta años? ¿Alguien pedirá la palabra cuando yo concluya para defender la idea de que el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos contra mi país son una contribución al respeto de los derechos humanos en el mundo?

¿Qué tiene que decir la Comisión de Derechos Humanos a los 11 millones de cubanos que saben bien que ustedes proclamaron hace más de cinco años que "la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión política"? ¿Cómo les explicará la Comisión de Derechos Humanos a nuestros niños, a nuestras mujeres embarazadas, a nuestros ancianos, a nuestros discapacitados, que mientras el gobierno de Estados Unidos intenta rendirlos por hambre, en flagrante violación de sus derechos humanos, no sólo no ha sido condenado por ello en esta Comisión, sino que se erige en juez supremo y certificador de la conducta de los demás países del planeta?

El bloqueo norteamericano contra Cuba, rechazado abrumadoramente cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas, es un delito de genocidio, claramente tipificado por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Excelencias:

Estados Unidos pretende acusar una vez más en esta Comisión a un país como Cuba, en el que tanto se ha hecho en favor de los derechos de todos y cada uno de sus ciudadanos. No voy a fatigarlos, estimados colegas, con la sórdida historia de cómo se ha querido manipular a la Comisión de Derechos Humanos en el caso de Cuba. Durante varios años, la razón pudo más que las presiones y las maniobras. Fue necesario el derrumbe del campo socialista europeo y el consiguiente cambio en la correlación de fuerzas en el seno de esta Comisión, para que los objetivos norteamericanos pudiesen comenzar a cumplirse.

¿Qué razón real, aparte del interés de cumplir las órdenes de Estados Unidos, puede tener el gobierno de la República Checa para presentar una resolución contra Cuba? Todo el mundo sabe en esta Comisión que la República Checa está pagando el precio de su ingreso en la OTAN, de su dependencia política y económica a Estados Unidos. Todo el mundo sabe en esta Comisión que mientras el Vicecanciller checo Martin Palous recorría el mundo recitando el libreto anticubano que le dictaron en Washington, en la primera semana de marzo el Subsecretario de Estado norteamericano, Harold Koh, anunciaba en Ginebra que la República Checa presentaría la resolución norteamericana contra Cuba.

Cuba, por su parte, está orgullosa de los altos valores de su pueblo, de su unidad inquebrantable, de su capacidad de resistencia, de su consagración al trabajo, de su espíritu solidario, de la firme decisión de defender su independencia, su dignidad y su soberanía, y no será nunca, como lo son otros, genuflexo servidor de un poder imperial.

Señor Presidente:

El vergonzoso caso del secuestro y la retención ilegal en el territorio de los Estados Unidos, desde hace más de 4 meses, del niño cubano Elián González Brotons, ha concitado la estupefacta atención de la opinión pública mundial, que ha podido constatar hasta dónde ha llegado el odio irracional de los que, desde el territorio de los Estados Unidos, violan los derechos humanos de los cubanos al defender el bloqueo económico y la hostilidad permanente contra Cuba. Ninguna persona sensata y de buena voluntad puede concebir cómo es posible que haya podido prolongarse una situación tan flagrantemente violatoria de los derechos más elementales y universalmente reconocidos de un padre sobre el destino de su hijo de 6 años, cómo es posible que el gobierno de la potencia más poderosa de la historia pueda ser colocado en la absurda y ridícula posición de rehén de una minúscula pero ruidosa mafia terrorista anticubana en la ciudad de Miami.

Hoy vengo a denunciar esta monstruosidad en nombre de un pueblo agraviado que con una sola voz reclama enérgicamente que le devuelvan a su hijo secuestrado. No venimos a recabar aquí una solución a un caso que sólo puede resolverse mediante la aplicación por el gobierno de los Estados Unidos de su propia decisión de respetar el indiscutible derecho de patria potestad de un padre cubano. Venimos, eso sí, a impedir que, con el silencio, esta Comisión se convierta de hecho en cómplice de una gravísima violación de derechos humanos, que podría incluso poner en entredicho la eficacia y credibilidad del sistema internacional de promoción y protección de los derechos del niño. Porque no cabe duda de que este hecho abominable sacude en sus mismos cimientos las bases de todo lo que en el mundo se ha legislado en materia de derechos humanos y convivencia entre naciones.

¿Podría entender algún padre de familia de cualquier país del mundo que la Comisión de Derechos Humanos se mantenga al margen de la condena de un delito internacional tan infame y de tan amplio dominio por la opinión pública mundial? ¿No se estaría acaso con nuestro silencio validando un precedente que estimularía la vil práctica del secuestro internacional de niños para fines tan repugnantes como el tráfico de órganos o la pornografía y la prostitución infantiles? Lo que está en juego aquí no es sólo el futuro y la felicidad de un niño. Está en peligro, en última instancia, el derecho de todos los niños del mundo a vivir y crecer junto a sus padres.

Cuba, que al disminuir la mortalidad infantil a casi 6 por mil nacidos vivos, ha salvado la vida en estos 40 años a 273 mil niños cubanos menores de un año, y cuyos médicos salvan hoy a miles de niños de muchos otros países de África, América Latina y el Caribe, no permitirá de ninguna manera que se establezca ese precedente. Nuestra lucha por Elián es también por todos los niños del Tercer Mundo.

Si la comunidad internacional no sale al paso de este intento de imponer una sociedad y una cultura extrañas a un niño de 6 años, se habrá presenciado un aporte significativo al desorden mundial, a la unipolaridad y al desconocimiento de uno de los derechos humanos más fundamentales.

No descansaremos hasta que nuestro niño sea liberado y devuelto a su patria y su familia, como lo exigen la razón, el derecho internacional y las leyes de todas las naciones, incluidos los propios Estados Unidos. Demostraremos que hay un límite a la desvergüenza y la arrogancia de un imperio cuando existe la voluntad de resistirlas.

Señor Presidente, señores delegados:

La Ley de Ajuste Cubano, que otorga el acceso automático y expedito a los emigrantes ilegales cubanos en Estados Unidos concediéndoles privilegios exclusivos, responsable de dolorosas muertes como las del naufragio en que sobrevivió Elián González y causa principal de su secuestro, es una grave violación de los derechos humanos de nuestro pueblo. ¡Y debe ser derogada!

La enmienda Torricelli, colosal obstáculo a nuestras compras de alimentos y medicinas, es una grave violación de los derechos humanos de nuestro pueblo. ¡Y debe ser derogada!

La Ley Helms-Burton, engendro ilegal y genocida, es una grave violación de los derechos humanos de nuestro pueblo. ¡Y debe ser derogada!

El bloqueo y la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba, intento de exterminar por hambre y enfermedad a todo un pueblo, es la más grave violación de nuestros derechos humanos. ¡Y deben cesar cuanto antes de forma total!

Muchas gracias.

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