DESEMPLEO: EL CHOQUE DEL PLAN

Hace quince años la Misión Chenery estimaba, que en el peor de los casos, el desempleo urbano en Colombia para el año 2000 sería del 14.2%, suponiendo un pésimo manejo de la política económica. La realidad del 2000 ha resultado considerablemente peor, pues la tasa de desempleo ha alcanzado el 20,4%.

Se ha cumplido sí una de las condiciones que la Misión colocaba para que el desempleo aumentara: una política económica de apertura a las importaciones, la cual, tras un transitorio descenso de la tasa de desempleo a comienzo de los 90, debido a la abundancia de dólares, causaría luego la disminución del empleo por efecto de la denominada "enfermedad holandesa", porque los dólares en vez de utilizarse en el desarrollo interno, se usaban para importar bienes producidos en el país.

Si la predicción del peor escenario no resultó exacta, se debió a que Chenery no tuvo en cuenta el ciclo económico para hacerla. Con buena o mala política económica, en promedio cada 8 años y medio hay una crisis económica que eleva las cifras de desempleo. Otros factores, como son los políticos: conflicto armado, proceso 8 mil, corrupción, causan efectos sobre la economía que agudizan las características del ciclo económico capitalista.

Resumiendo, la aplicación del modelo neoliberal, el mercado libre, ha causado en Colombia una catástrofe del empleo, al tener un efecto procíclico, es decir al extremar las consecuencias del ciclo económico y al proyectarse sobre una obsoleta estructura económica.

Por lo menos siete puntos del porcentaje de desempleo urbano deben atribuirse a causas estructurales, agravadas por la apertura y la violencia: Tenemos un sector agropecuario caracterizado por una muy alta concentración de la propiedad de la tierra, que se ha incrementado mediante la violencia en los últimos 20 años. La modernización del sector agropecuario que nunca se completó, se ha revertido en los últimos años, de manera que se ha reducido el área sembrada y aumentado el desperdicio de suelos aptos para la agricultura. El desempleo rural paso del 4.2 al 6.4%, en tanto que hoy hay unos 130 mil empleos rurales menos que cuando comenzó la apertura.

Si la industrialización nunca pudo tener la velocidad necesaria para aprovechar toda la mano de obra que salía del campo, ahora menos: disminuyó su ritmo y mientras que el campo no se moderniza, el número de desplazados llega al millón y medio en quince años.

Así las cosas en las 10 ciudades principales se llegó a 1’645.745 desempleados. En el país el número de sin empleo supera los tres millones. Los más golpeados son los jóvenes (34,3%) y las mujeres (23,3%). El 40,7% de las mujeres entre 15 y 24 años está buscando empleo.

El problema no está única ni principalmente en que no se creen puestos de trabajo. Aunque se crearon 237 mil empleos en 7 ciudades, en las mismas el número de desempleados aumentó en 116 mil personas. En parte este fenómeno, de más empleo simultáneo con más desempleo, se debe a la baja calidad del empleo creado y a la reducción de los ingresos de las personas empleadas.

Entre 1996 y 1999 el subempleo se elevó del 18,4% al 27% y los contratos de trabajo temporales subieron del 20 al 27%. Aumentó en 500 mil el número quienes ganan menos del salario mínimo. La contratación de "servicios personales" ha disfrazado contratos laborales por debajo del salario mínimo. Entre 1998 y el 2000 la población en la pobreza aumentó del 51,5 al 55% y la que está en la indigencia pasó del 17,9 al 20,9% y el ingreso por persona bajó el 16%.

Al comparar con Chile y Argentina vemos como los salarios de los trabajadores colombianos son notoriamente menores

La tendencia es a aumentar disminuir los trabajadores con contrato laboral permanente y sustituirlos por trabajadores temporales y sin contrato laboral, es decir reduciendo el salario por hora de 2,10 dólares a 97 centavos de dólar. Los menores ingresos llevan a que más y más miembros de la familia tengan que dejarse explotar, para que la familia pueda subsistir en peores condiciones que antes, hasta el punto que hoy hay 2 millones y medio de menores de edad trabajando, de los cuales 800 mil son menores de 12 años.

Las política oficial ha producido entonces más desempleo. No es cierto que a menores salarios se genere más empleo. El modelo de reactivación centrado en la devaluación para aumentar las exportaciones y en la reducción de salarios, ha permitido que los grandes industriales aumenten en 15% la productividad e incrementen las horas extras en el 22%, con lo cual el aumento de producción del 3% con respecto a 1999, no ha significado una reducción del desempleo.

Si queremos llevar a la práctica una política de pleno empleo tenemos que analizar cuáles son las características específicas del empleo en Colombia. En primer lugar tenemos que observar que no es la gran industria la que responde por la gran mayoría del empleo de los colombianos. Según el Censo Económico de 1990 la mitad de los establecimientos urbanos emplea sólo una persona y el 38% emplea de 2 a 4. Las empresas de más de 200 trabajadores únicamente emplean al 20% de la mano de obra urbana.

Un estudio de la central sindical CGT realizado un año antes del Censo, encontró que las 500 empresas más grandes del país controlaban el 69,5% del producto interno, aunque solamente empleaban al 3% de trabajadores. Tremenda realidad de la concentración monopólica del los ingresos y del poder, que permite transferir el valor agregado por toda la sociedad, a unas pocas manos. El modelo de reactivación basado en beneficiar a los monopolios y en especial a las transnacionales, no resolverá el problema del desempleo y a lo sumo logrará, en la fase de auge del ciclo, reducir unos poquitos puntos la tasa de desempleo, para que dentro de 8 años más en la siguiente crisis, el desempleo se eleve a cifras astronómicas.

Recientemente se ha aprobado una ley de la pequeña y la mediana empresa, que puede ser positiva, pero totalmente insuficiente. En la estructura de producción y empelo de la Colombia actual, una condición para resolver el problema del empleo es la cobertura de los servicios de salud, calificación de la mano de obra y la seguridad social por el Estado. Esto significa que las 500 grandes empresas paguen con impuestos progresivos estos servicios, para que la pequeña empresa y el trabajador los reciban y multipliquen su aporte a la sociedad.

Es decir lo contrario de lo que ha ocurrido desde la reforma laboral y la ley 100, que son responsables de la elevación astronómica del desempleo, al descargar en el trabajador y el empresario la salud. Esto afecta gravemente a los pequeños empleadores, pero mucho más a los llamados trabajadores independientes y muchísimo más a los obreros, que se ven obligados a cotizar más y más.

Es un asunto de restaurar lo que la gran empresa a tomado del conjunto de los trabajadores colombianos y de la pequeña producción. Un sistema de seguridad social, educación y calificación de la mano de obra así, es vital para este país en particular. Esto fue percibido en épocas anteriores, pero a los yuppies neoliberales de hoy ni se les ocurre y por ello desmantelan hospitales públicos y descuidan las Universidades públicas, el SENA y los Institutos Nacionales de Educación Media Diversificada, orientados a preparar bachilleres que puedan trabajar y no pasen a engrosar las filas de desempleados eternos.

Hace 20 años el señor Michelsen Uribe se jactaba de tener institutos privados de calificación de empleados mejores que el SENA. Unos años después quebró. Su corporación de vivienda fue rescatada por el Estado y reprivatizada, pero con los nuevos dueños volvió a quebrar y ahora, otra vez el Estado la recupera y se alista para revenderla.

El modelo privatizador debe responder además por matar la otra mina de empleos, la industria de la construcción. El Instituto de Crédito Territorial Inscredial, que ejecutó proyectos de vivienda popular del tamaño e importancia de Ciudad Kennedy, fue convertido en una ventanilla única para entregar subsidios a personas que compraran mediante promotores privados. El resultado, el desastre del UPAC, la crisis total de la industria de la construcción de la cual no sale. La construcción dejada al mercado libre, solamente pudo florecer al amparo de los dineros calientes del narcotráfico.

En lugar de más despidos de trabajadores del Estado, Colombia necesita la intervención del Estado en el área de la vivienda, la salud, la calificación de la fuerza de trabajo, la educación y la reforma, si quiere resolver el problema del empleo. Para que esta intervención del Estado sea sana y eficaz se requiere quebrar la corrupción de los gamonales políticos del bipartidismo, cuyo poder se no puede romperse sin la reforma agraria y la entrega de poder a las comunidades locales y a las organizaciones populares nacionales.

Para resolver el problema del empleo, Colombia necesita salir del dictado de la Organización Mundial de Comercio y de las recetas de libertad de importaciones. Se requiere de un Plan para sustituir la narcoeconomía que lesionó el país como resultado del mercado libre y un tratamiento comercial favorable para llevar a cabo este Plan, sería la verdadera contribución que la llamada "comunidad internacional" podría dar a la paz en Colombia.

En vez de superexplotación y más horas extras, se requiere la semana laboral de 40 horas para aumentar la demanda de trabajadores y mejores salarios para los adultos, para disminuir la vinculación de menores de edad al mercado laboral y aumentar la demanda de artículos de consumo. Muchos empleos se generarían si se apoya a los campesinos para que exploten las 6 millones de hectáreas desaprovechadas en manos del latifundio y mucho se ampliaría el mercado interno con una reforma agraria profunda que quebraría el desempleo estructural de 8 puntos.

Pero no es el pleno empleo lo que quieren el gobierno de Pastrana y sus asesores, sino el enriquecimiento de una cada vez más reducida oligarquía y de las transnacionales. Su Plan de "Desarrollo" choca directamente con la necesidad del pleno empleo y por eso ya nos anuncian que la reactivación no va a solucionar el desempleo y que se requiere que "sudemos sangre".

Julio 30 de 2000