Los directivos de la Asociación de Colegios Privados han anunciado el 6 de abril de 1999, con alarma, que los establecimientos educativos están al borde del desbarajuste porque cada vez más padres de familia no pueden pagar las pensiones mensuales de sus hijos. Según los reglamentos de los colegios privados si la mora se prolonga los alumnos son retirados por no pago, pero si cumplieran sus propias normas, los presupuestos no permitirían pagar a todos los maestros y en muchos casos tampoco los servicios públicos ni los locales.

Los colegios privados han acudido provisionalmente al crédito. La mayoría de los padres morosos eran antes muy cumplidos pero han quedado desempleados o son pequeños empresarios a quienes sus clientes ahora tampoco pueden pagar. Si la situación se prolonga los colegios no podrán pagar a sus profesores, como ya pasa en algunos que no han podido conseguir crédito.

Las empresas de servicios públicos tampoco atinan cuando de tratar a los usuarios morosos se trata. El problema ha crecido como espuma. Antes simplemente cortaban el servicio, pero esto ha agudizado la tendencia a la reducción drástica a la reducción del consumo de energía eléctrica y agua que a su vez ha disminuido los ingresos de las respectivas empresas. Por consiguiente la moda es el anuncio en todos los medios de comunicación es el anuncio de "novedosos" planes para pagar las deudas con las empresas de servicio públicos. El acueducto de Bogotá por ejemplo ofrece numerosos alivios a los que acuden los clientes que pueden, mientras otros ni así logran pagar porque tienen cero pesos.

Lo primero que dejó de pagar la gente por quedarse sin empleo o por no poder soportar las alzas, fueron las cuotas de la vivienda, especialmente las del voraz sistema UPAC, creado por Pastrana I el Padre, que se ajustaba automáticamente con el alza del costo de la vida pero que luego con Samper, se ajustó para seguir al alza endiablada de los intereses.

"Pedí prestados 6 millones de pesos, he pagado 4 y entonces, ahora debo 10" contaba un usuario. Otro que empezó pagando 300 mil pesos mensuales, a pesar de haber pagado cumplidamente y por la progresiva alza de intereses estaba pagando 600 mil mensuales. Otro explicaba que como su sueldo ya no le alcanzaba para pagar las crecientes cuotas, iba a vender su apartamento, pero nadie se lo compraba, porque al vender, la Corporación de Vivienda vuelve a cobrarle al comprador los intereses que el vendedor ya había pagado.

Este sistema entró en crisis desde 1998. La cantidad de deudores morosos creció. Las corporaciones ejecutaban a los deudores y se quedaban con sus viviendas, pero tienen gran cantidad de casas y apartamentos que no pueden vender. La codicia rompió el saco y la liquidez del sector financiero comenzó a desvanecer.

La señal de alarma sonó: la importante corporación de vivienda privada Granahorrar quebró y el Gobierno voló a pagarle la quiebra a socializar las pérdidas, para salvar a los ahorradores y evitar que se generalizara un pánico bancario. Una ación urgente que no se efectúo meses antes cuando quebraron cooperativas de ahorro y crédito y el gobierno Samper, no solo no la auxilió, sino que retiró sus depósitos en cooperativas, causando la quiebra adicional de varias.

Muchos campesinos también han sido embargados porque no pueden pagar sus deudas. Pero esta situación lleva golpeándolos tantos años, que hoy son muy pocos los que se atreven a solicitar un crédito en la Caja Agraria o en otro banco. El 90 por ciento de los campesinos esta marginado del crédito institucional. La apertura a las importaciones dejó pelados los terrenos y disminuyo en más del 25 por ciento el área sembrada. Si la crisis bancaria aun no completa un año y la recesión en el resto de la economía va por su tercer año, la crisis agrícola va en su noveno año.

Lo prolongado de la recesión ha hecho sufrir a los colombianos sus peores consecuencias, más si se tiene en cuenta que la desaceleración del alza en los artículos y servicios de primera necesidad, determina de todos modos una inflación del 15 por ciento anual que sigue erosionando el salario real de quienes aun tienen empleo. La creciente crisis del fisco ha ido reduciendo de hecho la inversión social y provocando despidos frecuentes en el Estado.

El presidente Pastrana había generado durante la campaña electoral la idea de que con el cambio de Gobierno pasarían las penurias económicas, pero los problemas crecieron, especialmente el desempleo. Se hizo creer en los medios de comunicación que la causa de la crisis económica era la crisis política provocada por el proceso 8.000 y la prueba de la ligazón de la elección del antes presidente Samper, con dineros del narcotráfico.

Como los hechos han venido a demostrarlo los analistas y medios de comunicación habían puesto las cosas patas arriba. En realidad era la inminencia de la crisis capitalista internacional la que había desencadenado la crisis política y económica en Colombia. Y es la misma crisis internacional la que ha prolongado en forma catastrófica la recesión colombiana.

El desconocimiento de los movimientos económicos fundamentales y profundos por la opinión pública permite su manipulación. Por ejemplo, son pocas las personas que saben que fueron las políticas de restauración del capitalismo en Yugoslavia y Albania, privatizaciones, normas de quiebra y recetas del Fondo Monetario Internacional y otros organismos económicos las que llevaron a agudizar los problemas étnicos y nacionales en esa área del mundo. Los analistas hacen creer que los antagonismos étnicos, que desde luego existen desencadenaron la crisis, cuando en realidad la crisis económica desató los odios étnicos que a su vez son aprovechados por el capital para desatar la guerra que necesita para darle salida a la crisis.

En Colombia, la baja del rendimiento de las inversiones que resulta tras el auge del ciclo económico, obligó a recrudecer la "guerra contra el narcotráfico" cuyo resultado real ha sido mantener la rentabilidad del negocio verdaderamente rentable en Colombia, cual es el narcotráfico, de manera que el flujo de dólares no se ha detenido.

Sin embargo la crisis siguió su rumbo por el encarecimiento desaforado del crédito, que en principio –en 1996 y 1997- enriqueció al sector financiero local, pero que provocó la imposibilidad de pagar las deudas, el estancamiento industrial y comercial y el agravamiento de la situación de la agricultura ya golpeada duramente por la apertura de las importaciones y la supresión de subsidios. Es por esto que durante 1998 el desempleo subió del 12 al 16 por ciento.

¿Qué había pasado? Los carteles del narcotráfico no pudieron lavar más su dinero en la construcción, industria que venía de un auge impresionante, ni tampoco comprando valores en la Bolsa, que perdió su dinámica. Pero como el precio de la cocaína subió por la represión finalmente el negocio del tráfico ilegal se mantuvo desviando dinero hacia él.

Los traficantes lavaron entonces sus ganancias mediante el contrabando, facilitado por la política aduanera neoliberal y que agudizó la recesión de la producción nacional y mediante la compra de tierras en áreas estratégicas de inversión petrolera, minera o megaproyectos, lo cual agudiza las dificultades del crédito y aleja la inversión de la producción. La extinción de dominio sobre los bienes de los narcotraficantes que tanta propaganda ha tenido, no ha tocado sus predios rurales, pues como lo demostraron en al masacrar una comisión judicial en San Carlos del Guaroa (Meta), tienen el poder paramilitar a su favor para evitar perder sus propiedades.

Es decir, la "guerra al narcotráfico" no ha servido para eliminarlo, sino para mantener el negocio, que centraliza gran cantidad de capitales que finalmente sirven a la banca transnacional que cuenta con sucursales en los paraísos bancarios y capta las utilidades de la mafia, mientras los campesinos e indígenas deben soportar fumigaciones y conflictos armados en sus territorios y la economía del pías ve crecer como un cáncer la especulación con la tierra, el contrabando y la recesión.

El gobierno de Pastrana ha tomado algunas medidas que pretenden enfrentar la situación y ha formulado en el Proyecto de Plan de Desarrollo otras:

• Ha promovido exitosamente una reducción de tasas de interés que nominalmente alcanza 10 puntos y realmente 7 puntos, del 36 al 26 por ciento nominal y del 18 al 11 real. Sin embargo el dinero aun no fluye al crédito productivo pues sigue desviándose a la especulación con la tierra estratégica, el contrabando y el narcotráfico.
• Ha construido e invertido fondos para evitar que la crisis de la banca por las deudas impagables, se convierta en una bancarrota generalizada como la que ocurrió en Chile en 1981, en México en 1995 o en Ecuador este año. Parte de los fondos para la Paz (500 millones de dólares) se destinaron a este fin y se gestiona otro crédito internacional por 250 millones de dólares. El impuesto del 2 por mil a las operaciones bancarias ha tenido el mismo fin. La Corte Constitucional obligó a darle a esta medida un carácter más equitativo, pero el gremio bancario está haciendo una campaña para echarla atrás. Los bancos no quieren responsabilizarse de la crisis que provocó su afán de utilidades exageradas y quieren ser salvados por el esfuerzo del público como en Chile y México.
• Para contrarrestar la crisis fiscal han aumentado el cubrimiento del Impuesto al Valor Agregado IVA. Esto en contra de las promesas electorales de Pastrana que decían que el nuevo gobierno reduciría el IVA. En algunos casos en que el gran capital no pagaba este impuesto, como era el caso de la publicidad, se impuso una tasa del 10 por ciento que de todos modos es inferior a la que paga el público en el mercado (16%). En cambio se aplicó el IVAa artículos de la canasta familiar, en particular a los alimentos procesados, incluidas las viandas que los padres envían a sus hijos a la escuela, lo que hemos llamado el "IVA a la lonchera", un golpe en la barriga de los trabajadores y desempleados. Un aumento importante en los impuestos a las altas rentas y patrimonios fue bloqueado el año pasado en el Congreso por una simple declaración de los gremios de grandes propietarios, que sonó como una orden para la mayoría de los parlamentarios.
• Devaluación del peso, mediante presión oficial, pues el mercado no la produjo. Se espera así recuperar las exportaciones y disminuir el déficit comercial aparecido en la crisis. Esta medida aunque beneficia a los caficultores y otros exportadores, produce efectos contradictorios: en el corto plazo encarece los servicios públicos debido a la necesidad de pagar la deuda externa; en el largo plazo golpea la productividad y competitividad industrial y agrícola al encarecer la importación de tecnología ya sí se imponen en el futuro otras devaluaciones para poder seguir compitiendo. Por el momento el principal efecto de la devaluación ha sido recuperar la Bolsa de Valores que había entrado en dificultades desde septiembre.
• Controles al contrabando y anuncio de medidas "contra la competencia desleal" especialmente de productos agropecuarios y de aplicación de las cláusulas de salvaguardia de los tratados de libre comercio internacional, aplicables a los casos de devaluación en otros países (Ecuador, especialmente). Los anuncios aun no se cumplen aunque el presidente Pastrana ha agregado a ellos en este mes de abril, la promesa de subsidios al sector agropecuario.
• Ajustes fiscales mediante la reducción de la inversión social y reducción de nómina estatal. Aunque las reducciones de nómina a veces se convierten en meras sustituciones de empleados por clientela del jefe de turno, como pasó en la Caja Agraria, en general han aumentado el desempleo. Pero más grave, la reducción de la inversión pública ha golpeado el embrionario proceso de paz, pues da señales negativas al pueblo, al agravar los factores de violencia. Por ejemplo la reducción drástica del presupuesto del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y del presupuesto nacional y descentralizado del sector agropecuaria, hace pensar que no hay la más mínima disponibilidad para resolver el problema agrario. Hoy en día muchos economistas aconsejan no hacer más ajustes fiscales pues están agudizando la recesión.
• La congelación salarial nominal que conduce a la reducción del salario real y que ha llevado a grandes conflictos laborales como el paro nacional estatal de 21 días en octubre pasado.
• Las propuestas de superexplotación de la mano de obra contenidas en el Plan de Desarrollo para los próximos cuatro años. Incluyen la supresión de conquistas elementales de los trabajadores como el salario mínimo que sería desmontado, empezando con los trabajadores jóvenes que reciban "capacitación" por sus patronos. El pago del aprendizaje laboral pasaría a ser, de una obligación que el patrono paga al SENA, a un pretexto para pagar salarios inferiores al mínimo legal. El pago adicional del trabajo dominical y de los festivos se desmontaría también, eliminando en la práctica el derecho del trabajador al descanso e impidiendo que el patrono se vea forzado a contratar más trabajadores, es decir lo contrario de la reducción de la jornada laboral or la que lucha el movimiento sindical mundial, como método de reducción del desempleo y equidad social.
• Las propuestas en el Plan de Desarrollo, de incumplimiento con los derechos prestacionales adquiridos por los trabajdores del Estado, por ejemplo los educadores.
• Las propuestas de desmonte de los subsidios sociales contenidas en el Plan de Desarrollo. Esto incluye la "autofinanciación" de las universidades públicas contra la cual ya se ha levantado el movimiento estudiantil. También la eliminación de los subsidios en el pago de los servicios de agua, electricidad, recolección de basuras y teléfono de estratos de ingresos bajos y el régimen de salud subsidiado. Cuando se estableció el nuevo régimen de salud y jubilaciones por la ley 100 de 1993, se publicitó que el aumento de cuotas, la privatización y aumento de la edad de jubilación permitiría el desarrollo del régimen subsidiado para campesinos, artesanos, indígenas e indigentes, el mismo que ahora una vez consumado el despojo a los asalariados, se pretende desmontar.
• La continuidad de las privatizaciones como método por excelencia de generar ingresos al fisco.
• Nuevas facilidades ea las empresas transnacionales que exploltan el petróleo y los minerales. Esto en un momento de caída de los precios internacionales de las materias primas provocando un saqueo inmisericorde de los recursos naturales que redundará en problemas ecológicos y futuro desabastecimiento interno de combustibles, a cambio de bajos ingresos.
• La propuesta de "Alianza" entre grandes propietarios y campesinos para adelantar aparcerías en gran escala para cultivar palma africana y otros arreglos, como susbstituto de una reforma agraria.

La propuesta hacia la reactivación que hace el gobierno, aunque ha molestado justificadamente a la banca y ha propuesto tímidas medidas de limitación a la "ingenua" apertura económica vigente (especialmente cierta limitación a las importaciones), apunta principalmente a descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad y el campo, pretendiendo que al reducir los salarios y prestaciones sociales se puede combatir el desempleo.

Vale decir que investigaciones econométricas realizadas entre 1989 y 1995 por la OIT en Colombia y otros países latinoamericanos probaron que no existe correlación entre la reducción de los salarios y el aumento del empleo. Por eso la OIT ha concluido que "los datos sugieren que menores salarios no son sinónimos de más empleo" y que "en la actualidad la mayor apertura de las economías, junto con los procesos de reorganización de las empresas y de la aplicación de nuevas tecnologías están afectando negativamente los determinantes de la capacidad de generación de empleo".

Los sectores populares afectados por la crisis y por las medidas y anuncios del gobierno, han logrado ir articulando su organización y protesta, con propuestas cada vez más sólidas. Un caso es el de los deudores del sistema UPAC, quienes han obtenido algunas medidas de alivio, principalmente financiadas con la tasa del 2 por mil a las operaciones bancarias y quienes sin embargo tienen una propuesta adicional para la salida de su situación. Sus logros han estado estrechamente ligados a su lucha organizada.

Una amplia lucha comienza a desplegarse por parte de los estudiantes, profesores y empleados de las universidades. Si los padres no pueden pagar los colegios, menos la educación superior. Los enfrentamientos ocurridos en Popayán en la semana de Pascua y los ocurridos anteriormente en Cali, tenderán seguramente a generalizarse en el país, donde el movimiento estudiantil no está dispuesto a aceptar la privatización de las universidades públicas que quiere imponerse mediante el Plan de Desarrollo. Seguramente los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje que el gobierno quiere seguir desmantelando, confluirán con los universitarios, sirviendo de puente para la alianza obrero estudiantil que se ve venir y que refleja la defensa de los jóvenes frente a las pretensiones oficiales.

También se expresan nuevamente la alianza obrera campesina, mediante la confluencia de las movilizaciones como el paro de trabajadores estatales, la marcha campesina de Boyacá y el Paro Agrario de los caficultores y el CNC, el 21 de abril. Más profundo y con repercusiones a largo plazo es el hecho de que desde octubre las centrales sindicales hayan apoyado el programa de reforma agraria y modificación de los tratados comerciales internacionales propuesto por el conjunto de las organizaciones campesinas.

Los campesinos y los sindicatos del sector han logrado desde hace meses formular propuestas alternativas sólidas a corto y largo plazo Es más, habían pronosticado con lujo de detalles desde hace 6 años cómo fracasaría el programa de mercado subsidiado de tierras con que se quizo sacarle el quite a la reforma agraria, propusieron desde julio pasado un plan viable para solucionar la crisis del crédito para este programa, llegaron a una concertación sobre las soluciones, que sin embargo no se aplicaron.

Los indígenas se hayan especialmente enfrentados con la política de saqueo de los recursos naturales y megaproyectos destructores de los ecosistemas, que la actual administración pretende incrementar. Por eso conflictos como el del pueblo U’wa contra la OXY – Shell, despiertan la activa solidaridad del pueblo con los indígenas. Los obreros petroleros, campesinos y estudiantes de Arauca han mantenido una actividad entusiasta en torno a la defensa del pueblo U’wa y han documentado con lujo de detalles el daño ecológico que la explotación petrolera de Caño Limón hizo en el departamento.

Otros sectores populares se han movilizado contra políticas que los dejan sin el pan en la boca. Es el caso de los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes en Bogotá, Cali, Neiva, Cúcuta y otras ciudades, desalojados por las medidas de los alcaldes. La crisis económica ha afectado al 60 por ciento de los comerciantes y las ventas cayeron en 13 por ciento en un año. Pero sin embargo, como en todas las áreas, la crisis fortalece a los grandes. La supergrupo Cadenalco aumentó durante el mismo lapso en 10 por ciento sus ventas y para complementar se fusionó con Almacenes EXITO. Es este voraz comercio en gran escala el que quiere desaparecer para siempre a los vendedores pequeños, como los comerciantes del tradicional sector de San Victorino, en Bogotá.

También los pequeños transportadores de carga en camión se enfrentan desde hace meses a los empresarios de carga, que no sólo acumulan cada vez más vehículos sino que actúan como intermediarios semifeudales con patentes de rutas y contratos y saquean al transportador que realmente hace la ruta y lleva la carga.

Si se quiere un ejemplo de lucha de clases vigente, la que comienza a desplegarse en Colombia en torno a las alternativas de reactivación, es un ejemplo clásico. Es por eso que el movimiento sindical ha condensado su organización en un Comando de Paro que ha sido capaz de actuar como una verdadera dirección sindical unitaria, afrontando discusiones de fondo sobre la táctica y sobre los pliegos de peticiones y plataformas de lucha, que se expresan en la voluntad política de asumir un enfoque mucho más programático y estratégico de la lucha.

De luchas que trataban de articular las reivindicaciones defensivas de cada sector, el movimiento sindical y popular pasa a enfrentarse al Plan de Desarrollo oficial y se ve en la necesidad de presentar sus alternativas, que van desde una metodología opuesta de lucha contra el desempleo que parte de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pasando por una reforma agraria que entregue a los campesinos las 5 millones de hectáreas útiles para la agricultura que están siendo desperdiciadas y por una política de fortalecimiento de la producción nacional y finalización del modelo neoliberal y de "apertura económica" y por la defensa de los recursos naturales de Colombia y llegando hasta la real participación de los trabajadores en las decisiones claves para el futuro del país y de las empresas.

Veremos qué tanto el gobierno de Pastrana está dispuesto a acceder a las propuestas de las organizaciones del pueblo trabajador. Veremos qué tanto la guerra sucia va a seguir siendo la respuesta contra los líderes sociales. Veremos si las luchas populares logran abrir el camino de la Paz para nuestra patria.