El objetivo de este trabajo es sintetizar las posiciones programáticas de las organizaciones campesinas en los últimos diez años a partir de los antecedentes que las construyeron, en las luchas y organizaciones anteriores. Los temas programáticos principales en la exposición son aquellos que se refieren al derecho a la tierra, la economía agropecuaria, el desarrollo regional, la política económica, las libertades y la participación democrática

1. Antecedentes

Las luchas de comienzos del siglo XX generaron las primeras organizaciones estables. Sus propuestas eran al principio meramente locales. Por ejemplo, en Viotá en 1934 los arrendatarios presentaron un pliego en el que simplemente proponían que se les dejara sembrar libremente café y establecer trapiches en las haciendas ; la federación de arrendatarios de El Chocho (Sumapaz) se propuso primero cambiar el reglamento de la hacienda establecido en 1886 y luego tomó la decisión de no pagar de los arriendos, lo cual fue cumplido por los campesinos. Un movimiento así se extendió en Sumapaz, Viotá y otros sitios de Cundinamarca donde los campesinos elegían juntas directivas en asambleas de colonos, se declaraban habitantes de tierras baldías y no volvían a pagar arriendos.

Este programa tan sencillo fue teorizado y convertido en programa nacional por la influencia intelectual y política de Erasmo Valencia, Jorge Eliécer Gaitán y las organizaciones socialistas o marxistas (especialmente el Partido Socialista Revolucionario y luego el partido Comunista), una izquierda que defendió al campesinado y se arraigó en él desde sus orígenes.

Erasmo Valencia decía en su periódico Claridad: “Los grandes hacendados, muchos no conocen sus tierras, o la totalidad de ellas, o no las trabajan, son otros los que se dedican a esas labores, mientras el propietario se enriquece con el fruto del esfuerzo ajeno”. Estas ideas básicas eran compartidas por las tres corrientes que actuaban en el movimiento campesino de entonces, aunque sus enfoques generales tuvieran grandes diferencias: Erasmo partía del lema agrarista según el cual “de los agrarios depende el bienestar nacional”; Gaitán era partidario de las entonces novedosas tesis de la economía regulada y la intervención del estado con criterio social; los comunistas actuaban en aras de la "revolución agraria y antiimperialista dirigida por la clase obrera".

Gaitán presentó en 1931 un proyecto de ley de reforma, que aunque fue archivado sirvió de base al programa que defendió después y que exigía: “Abolición del latifundio. Expropiación por el estado sin indemnización de las tierras no cultivadas, para ser repartidas entre quienes las trabajen, pero siendo organizadas por éste en forma cooperativa su producción. Entrega gratuita a los colonos de las tierras que hayan cultivado por más de cinco años sin intervención del presunto dueño durante este tiempo. Limitación de la propiedad de la tierra a una extensión de mil hectáreas, consultando las regiones y la índole de las labores agrícolas y pecuarias. Revisión general de los títulos de propiedad rural.” Con excepción del límite de mil hectáreas este programa fue aplicado a la hora de aprobar la ley 200 de 1936, pero bajo la figura de la extinción del dominio de las tierras no explotadas

Los comunistas proponían: Confiscación sin indemnización de todos los grandes latifundios y distribución gratuita de ellos por medio de los comités revolucionarios de campesinos y de peones”. Igualmente proponían la confiscación de las empresas imperialistas agropecuaria (que podían convertirse en cooperativas), y de los ganados y máquinas de los latifundistas de los latifundistas. Exigían la “abolición d e todas las deudas, contratos, obligaciones y formas de dependencia personal que pesan sobre la población trabajadora del campo” es decir, abolición de las formas feudales, contra las que también luchaban gaitanistas y agrarios.

Aunque el programa comunista era más radical y extenso, por lo que los comunistas nunca aceptaron que la ley 200 de 1936 era una gran conquista, en esencia no se diferenciaba del programa gaitanista en cuanto al destino de la propiedad de la tierra de la reforma agraria, que sería entregada a los campesinos gratuitamente.

Aunque el Partido Comunista llamaba a “la toma revolucionaria de la tierra” y envió al Congreso una carta oponiéndose a cualquier pago a los terratenientes por la tierra a entregar a los latifundios (apoyando la extinción de dominio) y criticó fuertemente el mercado de tierras para parcelaciones del Banco Agrícola Hipotecario , no proponía la inalienabilidad de las tierras después de triunfar la reforma, y su libre compraventa (al menos entre campesinos) se habría permitido, únicamente con el limitante de mil hectáreas que proponía Gaitán (y que precisamente fue lo único que no fue aprobado en 1936). Esto define buena parte el carácter programático del movimiento campesino colombiano de esa época y posterior, que sólo recientemente asume otra perspectiva.

Me explico: las grandes revoluciones agrarias de ese entonces y en las que los líderes gremiales y políticos del campesinado colombiano ponían sus miras eran la revolución mexicana y la revolución rusa. En la primera, se estableció por la constitución de 1917 la inalienabilidad de las tierras comunales y los ejidos, restablecidos y ampliados durante la revolución y que beneficiaron a los campesinos e indígenas bajo un régimen municipal. En la revolución rusa en cambio el régimen fue de nacionalización de la tierra, que aunque entregada a los campesinos que la trabajaban, era inalienable.

A pesar del aparente dogmatismo del recién fundado Partido Comunista entre 1930 y 1935 y de sus polémicas doctrinales contra Gaitán, es curioso que no reivindicó ni la nacionalización ni la inalienabilidad de las tierras como metas de la revolución democrática. Lenin había polemizado en cambio contra los defensores del simple reparto y había dicho que aunque el reparto es progresivo, el simple reparto “no puede cumplir el papel de impulso hacia la nueva economía si está basado en el viejo régimen parcelario”, y sólo la nacionalización “rompe efectivamente todo el viejo régimen” . Según él, espontáneamente “el campesino solamente ve el paso de los latifundios de los terratenientes a sus manos... no piensa en cuales han de ser las formas de propiedad agraria que más tarde se harán necesarias para la pequeña hacienda renovada”.

Los populistas rusos, antes que Lenin, convencieron al campesinado de la necesidad de nacionalizar la tierra, considerando que no era un bien comerciable, porque es de todos o de nadie o del pueblo o de Dios y consideraban que la nacionalización era una medida socialista. Desde el punto de vista de Lenin, nacionalizar la tierra no es una medida socialista, sino democrática, capitalista radical y no fue su partido el que convenció a los campesinos rusos de reivindicar la nacionalización, sino los populistas y en cambio Lenin sí debió convencer a su partido, donde otras corriente llamaban al simple reparto o a la municipalización.

La revolución mexicana en cambio fue municipalista. Dejó en manos de los municipios las tierras defendidas o convertidas en inalienables. En las filas campesinas colombianas esta revolución despertaba granes simpatía: el líder socialista Pepe Olózaga había militado en las filas de Zapata ; las organizaciones campesinas se llamaron en varias partes Ligas, como en México de entonces y el III Congreso Obrero en noviembre de 1926, decidió que el dirigente campesino de Córdoba Vicente Ádamo, preso en Montería, sería enviado a estudiar la experiencia de México cuando saliera de la cárcel , cosa que no pudo cumplirse. Sin embargo la cuestión crucial de las tierras inalienables, definida por el artículo 27 de la Constitución de México revolucionario, pasó inadvertido.

Tal vez la diferencia más importante entre el programa comunista y el de Gaitán era el punto indígena. Gaitán pedía la “incorporación de las regiones indígenas a la economía nacional”. El Partido Comunista reivindicaba entonces, “el reconocimiento de las comunidades indígenas, de su completa libertad y de la autodeterminación de sus propios gobiernos”. El programa para los indígenas estaba influenciado por José Gonzalo Sánchez, indígena Totoró, dirigente comunista que después sería presidente de la Confederación Campesina e Indígena. Era una propuesta que indirecta, pero efectivamente, hacía referencia a las tierras inalienables de las comunidades. Los indígenas comunistas coincidían con Quintín Lame y su movimiento y también con indigenistas socialistas como Blanca Ochoa de Molina y Antonio García, en reivindicar la propiedad colectiva de los resguardos indígenas y por tanto la prohibición de la venta de estas tierras, que Quintín reclamaba con base en la ley 89 de 1890 y las disposiciones españolas sobre los resguardos.

El programa indígena reivindicaba y hoy defiende la inalienabilidad, no desde el punto de vista de la “nueva economía” de Lenin (el desarrollo capitalista por la vía campesina), sino desde el punto de vista de la cultura, los usos y costumbres o en desarrollo del Derecho Mayor anterior a la conquista o, para conciliarlo con Lenin como en la versión de José Gonzalo, por la “autodeterminación” de los pueblos indígenas. El progresivo ascenso de la lucha indígena en Cauca, Tolima, Huila, Caldas, la Sierra Nevada y Tubará (Atlántico), fue cortado por la violencia de los 50, por lo cual la conquista del programa indígena se aplazó hasta que el movimiento generado desde 1970 alcanzó las disposiciones de la Constitución de 1991. La gran importancia estratégica del programa indígena ha estado sin embargo limitada por el hecho de que en Colombia, menos del 10 % de la población rural y menos del 5 % del total de la población es considerada como indígena.

El programa campesino, de la mayoría de la población rural, no reivindicó nunca la inalienabilidad, ni la propiedad colectiva o comunal de la tierra y mucho menos la nacionalización. Ni siquiera en los programas de las guerrillas puede encontrarse esta reivindicación. Si nos atuviéramos a los programas escritos, un triunfo de una revolución agraria en Colombia en el siglo XX se habría parecido más a la revolución boliviana de 1952, que a las revoluciones mexicana, rusa, china o cubana.

El campesinado tuvo su primera organización nacional propia, la Federación Campesina e Indígena, fundada dentro de la CTC el 12 de octubre de 1942, presidida por Víctor J. Merchán y logró conducir movilizaciones en todo el país. Esta Federación creció hasta convertirse en la combativa Confederación Campesina e Indígena, para la cual fue elegido como presidente José Gonzalo Sánchez en noviembre de 1947, en la Conferencia Nacional de la organización, a la cual asistieron delegados de Cundinamarca, Tolima, Cauca, Huila, Magdalena, Bolívar y Córdoba, Valle, Caldas y Santander.

El programa de esta Confederación combinaba la visión campesina con la indígena, más o menos en la forma que los entendían los comunistas y los socialistas en los años 30, pero en un momento en que las masas y la organizaciones pasaban a la defensiva, tras la expedición de la ley 100 de 1944 que aplazaba la vigencia de la parte de la ley 200 de 1936 referida a los colonos, arrendatarios y aparceros, es decir a los sectores que protagonizaron las luchas campesinas de los años 20 y 30.

Al tiempo que masificaba la violencia el gobierno de Ospina Pérez promulgó el decreto ley 1483 del 11 de mayo de 1948 creando el Instituto de Parcelaciones, Defensa Forestal y Colonización, que por el procedimiento de mercado de tierras y crédito hipotecario pretendía evadir la reforma agraria. La Confederación denunció este decreto como “maniobra de apaciguamiento” en momentos en que se desataba la violencia y se le estimulaba con la creación de la policía rural. Cuatro años después la entidad creada pasó a denominarse sólo Instituto de Colonizaciones, pues apenas alcanzó para comparar 5 haciendas, para unos centenares de familias, mientras cientos de miles eran desplazadas por la guerra.

La Violencia, creciente desde 1946, incrementada con los ataques contra Viotá en noviembre de 1947 y contra las comunidades del Cauca en enero de 1948, fue generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y se ensañó contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre ellas la de su presidente, envenenado en 1952. En 1956 fue disuelta la Liga de Indios de la Sierra Nevada de Santa Marta que había logrado mantenerse gracias al relativo aislamiento geográfico. Prácticamente fue destruida la organización campesina e indígena, con la excepción de FANAL, federación que fue fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica, junto con la UTC.

Mientras la FANAL era la única alternativa real de expresión legal campesina en los años 50, importantes líderes campesinos acosados por la violencia, optaron por la lucha armada. Fue el caso de Juan de la Cruz Varela, quien había sucedido a Erasmo Valencia como dirigente de los agrarios de Sumapaz, se levantó en armas e ingresó al Partido Comunista en 1952 . Rafael Rangel que había sido el alcalde nombrado por la insurrección obrera del 9 de abril en Barrancabermeja, dirigió por años un movimiento guerrillero campesino de amplio apoyo popular.

En el sur del Tolima y Natagaima, Magdalena Medio, y los Llanos Orientales surgieron guerrillas liberales y comunistas que alcanzaron a realizar una reunión de coordinación en agosto de 1952 en Viotá donde se encontraba refugiado Víctor Merchán. Allí aprobaron un esbozo de programa para un gobierno democrático popular de liberación nacional, en el cual se incluye la reforma agraria, que también se incluyó en el programa de reformas sociales que los guerrilleros liberales de las Fuerzas Revolucionarias de los Llanos orientales aprobaron en septiembre del mismo año. Los programas revolucionarios se olvidaron cuando la mayoría de los guerrilleros liberales se acogieron a la paz ofrecida por el general Rojas Pinilla en junio de 1953 y el verdadero programa porque la mayoría de ellos se había levantado en armas se puso en evidencia: sobrevivir.

La lucha armada se reinició en 1954 contra las guerrillas de Sumapaz, oriente del Tolima y Magdalena Medio que no habían entregado las armas. Inclusive en 1957 fue asesinado Guadalupe Salcedo que se había acogido a la amnistía de 1953 y fue expedido el decreto legislativo 290 que autorizaba el desalojo masivo de arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes campesinos de tierras, para prevenir la aplicación de la ley 200 de 1936 que según la ley 100 de 1944 había quedado aplazada para 1956.

Solamente en 1958 se firmaron tratados de paz con todos los guerrilleros que entre otras cosas abrían el paso a medidas de reforma agraria y que propiciaron la reorganización del campesinado. Los tratados de paz crearon un clima favorable a la expedición de una ley de reforma agraria aunque el recién establecido Frente Nacional, surgido por acuerdo entre liberales y conservadores para manejar el poder, dificultaba el camino. Otros vientos también airearon la posibilidad de fortalecer el curso de la reforma en el país, cuando el primero de enero de 1959 triunfó la revolución cubana y entre sus desarrollos estuvo una reforma agraria radical exitosa.

La presión por una ley de reforma agraria se hizo sentir en el campo. El Congreso Nacional Agrario reunido en la segunda semana de noviembre de 1959, aprobó una plataforma de lucha proyecto de ley de reforma agraria radical, que una vez Juan de la Cruz Varela fue elegido senador, presentó como proyecto de ley 74 de 1960, en oposición y al mismo tiempo que el proyecto oficial de reforma marginal, que fue el aprobado como Ley 135 de 1961, con importantes modificaciones introducidas por los terratenientes. El proyecto de Juan de la Cruz sintetizaba todo el planteamiento programático de las luchas de los campesinos socialistas, agraristas, gaitanistas, liberales y comunistas en lo que iba corrido del siglo y lo enfrentaba a la tímida concepción de la Alianza para el Progreso, aunque como se ha dicho no proponía la inalienabilidad de las tierras ni la propiedad colectiva.

Por otra parte, la UTC que emergió como alternativa al sindicalismo liberal e izquierdista y fue apoyada por el gobierno conservador elegido en 1946, defendía la doctrina social de la iglesia y se oponía programáticamente al marxismo y a los programas radicales. Fue impulsada por el gobierno de Ospina Pérez que bajo el cual se realizó su primer congreso en 1948, en el contexto del inicio de la guerra fría, por lo cual tuvo también el apoyo de la central sindical AFL de Estados Unidos, como alternativa al sindicalismo izquierdista. En la medida en que no fue atacada por la represión de los años 50, importantes núcleos obreros y campesinos se organizaron en esta central que llegó a ser la más grande del país hasta 1980.

Muchas luchas campesinas e indígenas comenzaron a expresarse desde FANAL, que en los años 60 experimentó un proceso de radicalización, simultáneo con el surgimiento del grupo de sacerdotes de Golconda liderado por monseñor Gerardo Valencia Cano, vicario de Quibdó, muy ligado a las aspiraciones de afrocolombianos e indígenas. En 1961 la iglesia católica obtuvo representación en la junta directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria a la que fue nombrado como su delegado el cura Camilo Torres Restrepo, cuya polémica posterior con el cardenal Concha Córdoba, reflejaba las tendencias opuestas que se debatían en ese momento en el seno de la iglesia y en la propia FANAL, de la que después salieron líderes que ingresaron a la guerrilla, especialmente al M19, como Marcos Chalita.

En 1964 se produjo el ataque del Ejército al asentamiento de colonización de Marquetalia, poblado por exguerrilleros que habían firmado la paz en 1958 y que respondieron al ataque fundando las Farc. Eran días de luchas campesinas por la tierra: se produjeron en el mismo año tomas de haciendas, por ejemplo en Cereté (Córdoba) y Manatí (Atlántico) presionando el cumplimiento de la ley de reforma agraria de 1961. Las recién fundadas FARC publicaron entonces su programa agrario, reivindicando la liquidación del latifundio. En 1965 surgió el Eln y Camilo Torres se unió a él. El programa campesino volvió a expresarse en luchas guerrilleras.

Sin embargo, el proceso de radicalización en FANAL y en la iglesia no tenía necesariamente una orientación guerrillera. De hecho un aspecto fundamental tenía que ver con la reivindicación de la reforma agraria en un momento en que la misma Alianza para el Progreso propiciada por Estados Unidos, reconocía la necesidad de esta reforma y de amplios programas de fomento agropecuario y asistencia a los campesinos. Una escisión de la UTC que cuestionaba la subordinación al estado y a los partidos tradicionales creó la CGT y en el movimiento campesino fundó la Acción Campesina Colombiana ACC.

Bases bíblicas y de la doctrina social de la iglesia podían esgrimirse en apoya del reformismo social, económico y agrario y por otra parte, la iglesia católica vivía un proceso renovador, desatado por el Concilio Vaticano II y las encíclicas de Juan XXII Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963) y de Pablo VI Populorum Progressio (1967). Este proceso, por otra parte, estaba articulado con el resurgimiento de la lucha campesina y popular de la organización autónoma y se expresó en la Conferencia Episcopal latinoamericana de Medellín en 1968, en la elaboración de la Teología de la Liberación por los sectores más comprometidos con las organizaciones populares y finalmente en la multiplicación del movimiento de Comunidades de Base, muy relacionado en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra MST y con la lucha por la reforma agraria.

En el año de 1967, a través del Decreto 755, se ordenó un registro de todos los campesinos usuarios de servicios estatales para el campo, permitiendo su organización a través de campañas masivas de información y promoción, que resultaron en la organización de la ANUC. El Gobierno no vaciló en presionar y dividir a FANAL para impulsar la nueva organización. Vino enseguida la ley 1ª de 1968 que despejó el paso a la aplicación de la Reforma Agraria, enfatizando en la afectación de los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de la tierra a aparceros que la trabajaban y facilitó varios trámites. Esta ley fue un complemento indispensable de la 135 de 1961 y facilitó el proceso de lucha campesina y las medidas de redistribución de tierras.

Con la creación de la ANUC y la reforma agraria limitada, Lleras Restrepo no se proponía crearle una clientela más amplia a su partido liberal, ni comenzar una lucha revolucionaria, sino lograr un consenso campesino en torno al estado . La mayoría de campesinos que ingresaron a la ANUC en un principio estaban interesados en esta perspectiva, en la posibilidad de ayuda del estado. Muchos campesinos llegaron a la ANUC interesados en las perspectiva de reforma agraria y programas de fomento. Sin embargo varios líderes decidieron ingresar, a la espera de que la subordinación al estado podría ser eliminada en el trascurso de la lucha: dirigentes campesinos de izquierda y los de la Acción Campesina ingresaron a la organización sin ocultar sus posiciones al respecto.

Efectivamente, la ANUC se fue radicalizando, declarando que ”la ley hecha por los ricos de la SAC, FEDEGAN y FENALCO no podrá favorecer jamás al campesinado” y realizó cada vez más ocupaciones de haciendas, más de 300 en un solo día, el 21 de febrero de 1971. En su primer año el gobierno de Misael pastrana con un ministro conservador partidario de la política de Lleras Restrepo, continuó su política y aunque condenó las ocupaciones se pronunció por soluciones “sociales y no policivas” y por mantener la reforma y la ANUC.

En el Comité Ejecutivo de la ANUC Carlos Ancizar Rico que venía de la corriente de ACC propugnaba desde una posición moderada por “la denfensa de la autonomía gremial de la organización y su conversión paulatina en factor de pode, a través de la presencia de los dirigentes en la juntas directivas de los institutos descentralizados y la combinación táctica de la negociación con la presión”.

En la medida en que el gobierno de Pastrana viró contra la reforma agraria, corrientes más radicales cobraron mayor fuerza. En junio de 1971 el ministro J. Emilio Valderrama renuncia para dar paso a Hernán Jaramillo Ocampo, enemigo de la redistribución de la propiedad de la tierra. Entonces, en junio de 1971, la Junta Directiva d ¡e la ANUC aprobó y divulgó su Plataforma Ideológica que reivindicó “una reforma agraria masiva y rápida, basada en la expropiación de la gran propiedad terrateniente; el establecimiento de límites máximos de extensión a la propiedad privada de la tierra; el apoyo a la cooperativización de los campesinos; respeto a los pequeños y medianos productores individuales; la liquidación de las formas de trabajo precapitalista; la nacionalización del crédito y de las importaciones de maquinarias e insumos agropecuarios; la elevación del salario mínimo rural y el establecimiento de la jornada rural de 8 horas; la protección de las comunidades indígenas” , un programa que con la excepción del planteamiento sobre crédito, insumos y maquinaria, reproduce en lo esencial los programas campesinos de la década del 30 y expresó la influencia de diversos sectores marxistas.

Un corte programático se produce en la Junta Directiva de agosto siguiente que aprobó el Primer mandato Campesino, famoso por la consigna ¡Tierra Sin Patrón! Propuesta por el Bloque Socialista, organización influenciada por el Trotskysmo aunque con planteamientos propios, que en parte procedían de el Partido de la revolución Socialista PRS, escindido del Partido Comunista en los años 60 y que propugnaba una revolución socialista sin necesidad de una etapa democrática y cuestionaba la vigencia del problema agrario como tal.

La Junta de agosto del 72 estimaba que en el campo colombiano existían relaciones plenamente capitalistas y los campesinos pobres eran en realidad “proletarios”, por lo que había que destruir el capitalismo y no abrirle paso a un desarrollo por la vía campesina, ya que el capitalismo estaba agotado y el campesino debía enfrentarse con la empresa capitalista como tal. Tierra sin patrón se formulaba entonce scomo consigna por el socialismo en el campo y se enfrentaba a la tradicional consigna campesina ¡Tierra p’al que la trabaja!.

Ninguna de las dos consigna significaba sin embargo la nacionalización de la tierra, que en sí misma no es una consigna socialista, por lo menos como la concebía Lenin, para quien la tierra se podía entregar al que la trabajaba, pero únicamente en usufructo, es decir sin que hubiera mercado de tierras y estableciendo su inalienabilidad. Esto lo comprende fácilmente un indígena de los Resguardos andinos, pues aunque en ellos la propiedad es colectiva, se asignan parcelas familiares a quienes las trabajan. Era sin embargo un dilema sin solución para la ANUC.

Entre tanto, en enero de 1972 el gobierno y los partidos tradicionales concretaron el Acuerdo de Chicoral para liquidar la reforma agraria y la ANUC. Un elemento clave de su cumplimiento fue el desencadenamiento de la división dentro de la ANUC, cuyo principal factor fue la realización de un congreso paralelo en Armenia, impulsado por una minoría afecta al gobierno, mientras que la mayoría se reunió en el congreso de Sincelejo. En la práctica la posición del gobierno negaba al campesinado la capacidad de convertirse en interlocutor frente al estado.

La división sin embargo no paró allí, sino que la línea Sincelejo aprobó la abstención electoral, por lo que marginó al sector afecto al partido Comunista. El sector de Carlos Ancizar Rico, denunciando a la vez la política de los maoístas y la de la línea Armenia, refundó la Acción Campesina Colombiana que intentó impedir el congreso de Armenia y lo denunció como farsa.

La consigna de Tierra sin patrón causó un tremendo debate en la ANUC y en parte la desarmó, en momentos en que el Gobierno arreció su ofensiva contra la organización y contra la reforma agraria. Esa consigna terminó siendo rechazada por todos los sectores campesinos que terminaron otra vez reclamando simplemente la propiedad privada de la tierra para el que la trabaja y diferenciándose en los métodos para conseguir este objetivo. Únicamente los indígenas produjeron un programa distinto de propiedad colectiva de la tierra del Resguardo y autoridades propias para el mismo que en la práctica resultó más adecuado y permitió al movimiento indígena salir fortalecido del proceso de divisiones de la ANUC.

En 1972, en la medida que proyección de la ANUC sobre la reforma agraria se debilitaba, se fortalecía en otro campo. En marzo dirigió el paro cívico en la zona de colonización del Sarare (Arauca), por vías de comunicación y servicios y en julio el paro del Caquetá. Chicoral, al tiempo que impedían la reforma agraria, propiciaban como alternativa a ella la colonización, que de ser solución pasaba a generar nuevos problemas. Simultáneamente con el paro del Caquetá ocurrió el de Quinchía. La lucha campesina entonces adquiría una expresión cívica y regional que a partir de este paro se hizo cada vez más frecuente y llega hoy a ocupar un papel decisivo en las movilizaciones campesinas.

En la ANUC línea Sincelejo, los debates no cesaron: tres sectores maoístas, el PCML partidario de la lucha guerrillera, la Liga ML opuesta a la lucha armada y la ORP partidaria de lanzar un partido político campesino a partir de la ANUC, protagonizaron luchas internas sobre la táctica política. Los Comandos Camilistas de inspiración guevarista tuvieron influencia en Caquetá. Orlando Fals Borda representó una influencia bastante original con sus programas de investigación-acción participativa comunitaria y su insistencia en el planteamiento programático de los baluartes campesinos que indudablemente tuvo gran vitalidad, pero fue combatido duramente por el PCML.

Pienso que la concepción del Baluarte Campesino, daba una importancia la problema del desarrollo y el poder local que de hecho permitía combinar el problema de la propiedad de la tierra, con el de los movimientos cívicos y regionales que pasaban al primer plano de las grandes movilizaciones campesinas. No resolvía sin embargo e problema de la propiedad colectiva o individual de suelo, aunque era u buen terreno para haber planteado esta discusión, que sin embargo ni siquiera apareció, ahoga por las discusiones meramente tácticas.

Mientras la ANUC Sincelejo se desgastaba en esas interminables discusiones tácticas entre fracciones de izquierda y en la condena sucesiva de los “revisionistas” (Partido Comunista), “Trotskystas” (Bloque Socialista) y luego de Fals y los baluartes, en su interior se formaba un destacamento de líderes que irían a parar en 1981 a la línea Armenia. Tras las luchas entre la izquierda, se dio una efectiva lucha contra la izquierda. El dirigente, asesor y educador Alfonso Cuellar y un sector mayoritario de los líderes campesinos plantearon la necesidad de un acercamiento con el gobierno (de Turbay) y dar marcha atrás a la oposición radical, buscando la participación campesina en os programas oficiales, especialmente los que pueden beneficiar al campesinado y con esta concepción se reunificaron con la línea Armenia en febrero de 1981.

Otra realidad se gestó a partir del mismo año: después de la marcha de los colonos de El Pato (Caquetá) en 1981, la lucha abierta del campesinado se reanimó. A partir de 1982 se desarrolló un nuevo ascenso de estas luchas: paros cívicos por vías y servicios, como los del Sarare (Arauca), Putumayo, Chocó, Nariño, Oriente y Suroeste antioqueños y muchos lugares más; marchas y éxodos masivos por paz, libertades y servicios, como las del Sur de Bolívar, Yondó, Caguán (Caquetá), Cauca y otras, o por tierra como la de Soacha. Posteriormente se registró un nuevo crecimiento de las tomas de tierras que en 1985 llegaron a 100.

El movimiento indígena logró resistir mejor la ofensiva. Había reiniciado con el Consejo Regional Indígena del Cauca la construcción de sus organizaciones propias y durante la crisis de la ANUC planteó formalmente la necesidad de su propia organización nacional, logrado la fundación de la ONIC en 1980.

La adquisición de tierras por el Incora que había llegado sin embargo a su punto más bajo durante los gobiernos de López y Turbay pero, se reanimó al aplicarse la Ley 35 de 1982 y de 4.400 hectáreas adquiridas en 1981, se pasó a 25.111 en 1985 y se llegó hasta 54.704 en 1987, cifra no superada desde 1971, cuando se habían adquirido 73.183 hectáreas.

La ley 35 del 82 enfatizó las acciones del Incora en zonas de violencia, a través del Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. El Incora volvió a adquirir predios, pero con avalúos comerciales, determinándose a veces precios de compra superiores a los demás del país, lo que generó una sobreoferta no compensada por la capacidad de compra del Instituto. Se redujeron las pocas expropiaciones que hacía el Instituto, hasta eliminarlas desde 1986. Se confundió la Reforma Agraria con una simple compra-venta de tierras.

En 1987 se produjo un nuevo auge de marchas campesinas y tomas de tierra, que coincidía con el fortalecimiento de la Unión Patriótica y de otras organizaciones políticas alternativas como A Luchar y el Frente Popular, así como de organizaciones gremiales campesinas como FENSA, ANTA y sectores de la ANUC, una parte de los cuales se reagrupó en la organización oficial y otra parte constituyó la ANUC Unidad y Reconstrucción que protagonizó grandes marchas campesinas en el nororiente y tomas de tierras. También se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas y los sindicatos de obreros bananeros.

Después de la represión militar de las marchas y tomas campesinas, se expidió la ley 30 de 1988, que en su fundamento insistió en cambiar el concepto de Reforma Agraria como mecanismo de distribución de la tierra inadecuadamente explotada, por el de comercialización de tierras. De hecho, se sustituyó el concepto de necesidad de tierra por parte de sectores campesinos, por el de oferta de tierras por parte de sus propietarios, para iniciar procesos de compra, haciendo casi imposible el procedimiento de expropiación y creando dentro de él un avalúo más alto en favor del propietario.

Se prohibió la adquisición o expropiación de predios invadidos, ocupados de hecho o perturbados por violencia, durante el tiempo en que estén pendientes las acciones policiales o demandas civiles o penales, afectando una parte importante de los conflictos de tierras que resolvía el Instituto. Una excepción que beneficiaba predios ocupados antes de la vigencia de la ley 30, se convirtió en motivo para que los terratenientes propiciaran masacres para eliminar a los ocupantes anteriores.

Un aspecto importante del debate previo a la expedición de la ley 30 del 88, fue la unidad de todas las organizaciones campesinas e indígenas para defender un mismo proyecto de ley alterno, que sirvió para exponer claramente su programa al país y para obtener algunos pocos artículos, que especialmente fueron importantes para los indígenas, que contaban ya, como base, con la ratificación del acuerdo 107 de la OIT por la ley 31 de 1967. Pero, no lograron las organizaciones evitar que la ley definiera el carácter de mera compra-venta de tierra a la acción del Incora.

La nueva ley consagró el reconocimiento a los propietarios de la renta absoluta y de la apropiación de la parte de la renta diferencial generada por la sociedad o por las obras del Estado. Del proyecto alterno se logró conquistar sin embrago que se pagara en efectivo solamente las mejoras, en tanto que el precio de la sola tierra se pagaba en bonos a 5 años.

Tras la expedición de la ley 30 las adquisiciones del Incora crecieron hasta alcanzar 96.098 hectáreas durante 1992, desafortunadamente a precios altos, como lo habían previsto las organizaciones campesinas e indígenas.

2. Los últimos 10 años

El gobierno de César Gaviria a propuesta del Banco Mundial, decidió modificar el proceso que empezaba, y propuso el “mercado subsidiado de tierras”: La coordinadora agraria, que decidió llamarse Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas CONAIC, integrado por ACC, Fensuagro, Fanal, Festracol, El Común, Fedefique, ANUC-UR, ONIC, AICO, Sintradin, Sintracreditario, Sintraidema y Sinaltarica, enfrentó desde el comienzo el proyecto del gobierno Gaviria y del Banco Mundial, con un proyecto de ley alterno, porque el proyecto gubernamental en vez de contrarrestar la tendencia a los altos precios la consolidaba, al mismo tiempo que dejaba al Incora y a los campesinos completamente al arbitrio de las propuestas de los propietarios.

El CONAIC no contó con la participación de la ANUC oficial, pero ésta última apoyó el proyecto de ley alterno y la ANUC se vinculó a la negociación con el gobierno en conjunto con los senadores indígenas Floro Tunubalá y Gabriel Muyuy quien desempeñó un importante papel como coponente del proyecto.

En pleno debate de lo que sería la ley 160 de 1994, en septiembre de 1993 el Gobierno y los representantes ponentes accedieron a la negociación, impuesta por la lucha de las centrales obreras y las movilizaciones agrarias y facilitada por la actitud del entonces nuevo ministro de Agricultura José Antonio Ocampo. Presentaron un nuevo texto que incluyó a las reservas campesinas y se comprometieron con las organizaciones campesinas e indígenas con 16 modificaciones más del texto original y especialmente a se comprometieron a aprobar la expropiación por vía administrativa, mas no lo hicieron. Luego en el la comisión primera del Senado nuevamente fue bloqueado por un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Vargas Lleras, un proyecto de ley que reglamentaba la expropiación por vía administrativa para reforma agraria.

2.1 Contenido del Proyecto Campesino de 1993

El Proyecto de Ley campesino, se caracterizó en primer lugar por desarrollar el mandato constitucional que en su Artículo 64 dice: "Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos".

En segundo término, se caracterizó por recoger las iniciativas de amplios sectores sociales, gremiales y de trabajadores. Su elaboración fue el fruto de prolongadas y fructíferas discusiones en torno a la Reforma Agraria, habiéndose recogido importantes aportes por parte de organizaciones campesinas, de trabajadores agrícolas, de pescadores, de cooperativas agropecuarias, de sindicatos, de movimientos indígenas y de negritudes, así como de especialistas en el tema. De esta forma, se representaron allí los intereses de las grandes mayorías que en Colombia ven actualmente y más que nunca la necesidad de la Reforma Agraria en nuestro país.

En tercer lugar, se constituyó en un propuesta que presentó alternativas realistas a la crítica situación que vive el campo colombiano y a sus efectos en nuestras ciudades. Se buscó que mediante la aplicación de una ley con las dimensiones propuestas, se implantaran soluciones integrales a la problemática del agro, y no simplemente acciones parciales y limitadas que, como hemos visto, hasta el presente no han logrado afectar la esencia de las desigualdades en el campo colombiano.

De la misma forma, el proyecto propuso establecer los mecanismos presupuestales mediante los cuales se haga posible una efectiva actividad por parte de las entidades componentes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino e Indígena.

Finalmente, a través de las modificaciones propuestas a la legislación sobre adquisición y entrega de tierras, se quiso obtener una importante simplificación de los trámites que hagan posible la obtención de tierra y servicios de desarrollo por parte de los campesinos beneficiarios de la Reforma.

Constituyó un avance con respecto a la legislación anterior, la creación del por la ley 60 de 1994 de un Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino. Bajo la concepción sistémica, imperante en todos los ámbitos, se propone un mecanismo orientado a lograr efectividad en la planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas que tengan como objetivos la dotación de tierras a los campesinos, y la prestación integral de servicios para su desarrollo. Sin embargo no se ha logrado el funcionamiento del Sistema como tal, pues ni siquiera la Caja Agraria y el Incora coordinan adecuadamente el otorgamiento del crédito y el subsidio para compra de tierra. Este fracaso se debe a la falta de organismos para articular el sistema con poder decisorio en la ley vigente, ya que el Consejo Nacional de Reforma Agraria es un ente meramente consultivo y casi nunca se reúne.

El Sistema propuesto por los campesinos incluía como subsistemas, según especialidad en la ejecución de tareas dentro del conjunto de Reforma Agraria: De programación y coordinación, el cual no se aprobó y dejó sin cabeza al sistema, por lo cual no se logró articularlo como conjunto; de dotación, adecuación de tierras e infraestructura; de asistencia técnica y empresarial; de crédito y apoyo financiero; de mercadeo, acopio, procesamiento y fomento agroindustrial; y de seguridad social.

Como se puede observar, en el Proyecto de Ley campesino, se combinaron los criterios de integralidad, oportunidad, eficacia y eficiencia en el proceso de Reforma Agraria que tanta falta hace al campo colombiano.

2.1.1 Negociación con el Gobierno y los ponente sobre el Proyecto de Ley

Después de varios meses de ignorar el proyecto del campesinado y los indígenas y tras la declaratoria de un paro por la Central Unitaria de Trabajadores y la CTC, el gobierno de Gaviria y su ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo, aceptaron entrar en negociaciones. La negociación efectuada, partió de dos concepciones de la Reforma Agraria, las planteadas por el gobierno con el proyecto que se conocía con el número 114 y la campesina e indígena con el 203, elaborado de manera democrática, participativa por las organizaciones.

En toda confrontación social, la lucha logra sus objetivos de acuerdo con la movilización que el pueblo logre desarrollar al rededor de los objetivos propuestos y en esta oportunidad las organizaciones campesinas y la ONIC desplegaron una actividad en torno al proyecto 203 pero el nivel de movilización logrado fue inferior inclusive al que se logró con relación a la lucha contra la ley 30 de 1.988, antes de su expedición. En esa oportunidad entre los años 85 y 88 el movimiento campesino logró creciente nivel de lucha con tomas de tierras y marchas que acompañaron todo el proceso apoyado también por otros eventos informativos y organizativos como una serie de foros que patrocinó Sintradin en todo el país.

Con mayor razón fue muy inferior si se compara con los niveles alcanzados en la época en que existía una ANUC unificada y dinámica. Este reflujo afectó no solo a los campesinos sino al conjunto del movimiento popular por diferentes razones; la principal la tremenda represión al movimiento agrario, con asesinatos de compañeros campesinos de todas las organizaciones y en todo el país, masacres, ataques a las marchas y aniquilamiento selectivo de los dirigentes, la guerra sucia. Pero a estos factores hay que agregar la división gremial, el sectarismo político, las maniobras clientelistas del gobierno, la burocratización de algunos dirigentes, los errores cometidos en la lucha, como declarar ciertos paros, que convocados no se llevaron a la práctica sin estar levantados ni haber ocurrido negociaciones, como ocurrió en el 89. Tocaba reconocer la misma capacidad de hace años para movilizarse.

En septiembre del 93 las centrales plantearon una propuesta de paro cívico y hasta entonces ni el gobierno ni la comisión quinta de la cámara habían querido negociar en serio con las organizaciones campesinas e indígenas autoras del proyecto 203. Algunas cartas al respecto fueron archivadas por el gobierno. En la comisión sólo los dos parlamentarios del M 19 y uno campesino liberal del Chocó que fue dirigente de la ANUC, estaban de acuerdo en acumular la disuasión del 114 y el 203, así fuera para tomar secundariamente algunos de sus artículos; pero, la comisión se negó a ello y a negociar seriamente con los campesinos.

El proyecto original no definía tiempo parea la extinción de dominio lo que implicaba que se perdía un derecho adquirido como era el que a los tres años de estar inexplotado un predio procedía la extinción de dominio; estaba bien hecha la propuesta del gobierno porque no lo decía explícitamente, pero al leer y aplicarse la nueva ley se perdía la norma vigente. Los tres representantes citados alegaron y lograron la inclusión explícita de los tres años. Igualmente lograron eliminar parcialmente la propuesta del gobierno de dividir al país en zonas de reforma agraria y zonas de desarrollo, con lo cual quería en la práctica que en determinadas zonas del país no se pudiera hacer reforma agraria, tal y como lo estipuló la ley 30 del 88. En cambio, se incluyeron en la ley los criterios sobre prioridades indicativas para escoger en qué áreas se adelantan programas de tierras del Incora.

La comisión quinta incluyó varios micos: un párrafo de la ley 30 que dice que el Incora para adquirir una tierra por propia iniciativa tiene que primero agotar las ofertas voluntarias de los propietarios la modificación del año tope de las pruebas de títulos exigidos para clarificación de propiedad, que debía llegar hasta 1917 y ahora sólo hasta 1974, con lo cual los propietarios han ganado 57 años para amparar escrituras obtenidos mediante fraudes y despojos; además una serie de incisos y parágrafos contra los derechos indígenas, propuestos por representantes de Guaviare, Cauca, Nariño, Vaupés y Guainía con intereses directos en confrontación con los indios de sus regiones.

A raíz de la disposición del gobierno a negociar para conjurar el paro, se presentaron unitariamente las organizaciones campesinas e indígenas, no sólo Fensuagro, Sintradin y Festracol que fueron convocadas por pertenecer a la CUT y la CTC, convocantes del paro, sino las demás organizaciones autoras del proyecto de ley 203 y además la ANUC. Se rompió en la practica y sin discurso la política divisionista del gobierno en el movimiento campesino, manifiesta en el espíritu del proyecto 114, que originalmente busco un enfrentamiento al interior del campesinado.

Las organizaciones agrarias, actuaron con objetividad y a pesar de tener conciencia del contenido priorizaron los puntos a negociar. Un aspecto muy importante era el relativo a defender la inversión de la Nación y el interés general del campesinado estableciendo mecanismos para que el subsidio no se despilfarre en tierras inadecuadas o por el pago de sobreprecios. Cuál tierra se puede negociar es una asunto serio y para el efecto se definió que tanto el Incora como las organizaciones campesinas conceptuarán sobre los predios negociados. Resulta curioso que el Banco Mundial quiera eliminar la visita del Incora la predio, lo cual facilitaría los fraudes y permitiría el despilfarro de recursos.

Se logró hacer claridad sobre la demagogia del proyecto oficial que presentaba como gran conquista un subsidio del 50 o 60% para adquisición de tierras cuando el subsidio que ya se otorgaba antes de la ley 160 de 1994 mediante las condiciones de crédito para adquirir la parcela, era muy superior: dos años de plazo muerto al tercero se empezaba a pagar con 4% de interés anual, lo que significaba en pesos reales el 81,7% de subsidio. Demostrando esto, el gobierno se sintió obligado a elevar el subsidio en efectivo al 70% y a restablecer el crédito de fomento.

Un aspecto muy importante y que en ese momento abrió el paso a los acuerdos fue el planteamiento de las Zonas de Reserva Campesina que varios intelectuales plantearon tanto al ministro Ocampo, como a los campesinos y que fue aceptado por ambos. Se recogió en el proyecto lo que hoy son los artículos 80 y 81 de la ley 160 de 1994: son Reservas Campesinas todas las zonas de colonización y de predominio de baldíos que no sean determinadas para contratos de desarrollo y, además el Incora puede declarar Reserva Campesina cualquier zona del país donde por razones sociales, económicas o agroambientales ello sea viable.

En las Reservas Campesinas no se puede titular ni vender la tierra sino sólo a campesinos y se establecerán límites a la cantidad de la tierra que puede tener un propietario, por sobre los cuales el Incora tendrá que adquirir o expropiar y redistribuir. Se tarta de excluir zonas del "libre mercado" y destinarlas exclusivamente al campesinado.

Se ampliaron los casos de extinción de dominio y se insistió en la aprobación de la expropiación por vía administrativa y se pactó, pero la Cámara de Representantes no cumplió este acuerdo: no incluyó nada al respecto en el texto de la ley y archivó un proyecto sobre el tema que el Senado alcanzó a aprobar después de incluirle por petición del ministro de Agricultura las modificaciones acordadas. El senador indígena Gabriel Muyuy presentó al Senado el Proyecto de Ley 30 en 1995 para revivir el debate sobre este tema clave, pero también fue archivado por el Congreso.

Se logró sin embargo, desmontar casi todos los micos que recortaban los derechos indígenas. También otro mico inventado en el Senado para impedir que el Incora adquiriera y entregara tierras ocupadas de hecho por campesinos o indígenas. Esta adición fue finalmente rechazada por la plenaria del Senado. En cambio fue aprobado otro mico permitiendo demandar las actuaciones de trámite de extinción de dominio y expropiación.

Atención le debemos prestar a los Comités Departamentales de Desarrollo Rural y Reforma Agraria creados como dependencia de los Consejos Regionales de Desarrollo Agropecuario CONSEA; Más importantes deberían llegar a ser los Comité Municipales, que si se dinamizan jugarán un papel en la planeación democrática y comunitaria de la acción de reforma agraria.

Tras la aprobación de la ley los campesinos e indígenas exigieron participar en la reglamentación, pues la misma ley establece la concertación. Sin embargo los primeros decretos salieron en diciembre de 1994 sin negociaciones previas, debido a la negativa del entonces gerente del Incora, Dr. Múnera. La primera negociación ocurrió con los indígenas, culminada en febrero del 95, fue parcialmente desconocida y aplazado el decreto hasta diez meses después, lo que hizo disminuir la ejecución del Incora para indígenas de 1995 a niveles muy bajos.

Además se variaron cuatro de los puntos concertado y, por ejemplo, la redacción nueva provocó que para cualquier proceso de ampliación, saneamiento o reestructuración de Resguardos debiera detenerse el trámite si el Ministerio del Ambiente no entrega un certificado de cumplimiento de la función ecológica de la propiedad. Más de un año después de que ese Ministerio provocó el cambio del texto, declaró que no tenía personal para hacer los estudios requeridos para la certificación, por lo cual los trámites de 38 Resguardos estaban suspendidos y el Incora no pudo ejecutar en 1996, 1.500 millones de pesos para adquisición de mejoras, que perdieron los indígenas.

Con los campesino se negoció sobre decretos después de marzo del 95 y cuando la movilización campesina comenzaba a recuperarse después de acciones de masas en Huila, Guaviare, Putumayo y del paro nacional cafetero. Los proyectos de acuerdo negociados no fueron respetados y en especial no aparecieron las normas sobre plazos para la negociación voluntaria y formas de defender la demanda de tierras hecha por los campesinos, por lo cual las ofertas de los propietarios son las únicas que finalmente se tienen en cuenta, en contradicción con la ley, pero siguiendo el espíritu del proyecto original que fue modificado.

Pasó año y medio para que se expidiera alguna norma sobre las Reservas Campesinas y cuando al fin salió el Acuerdo 28 de 1995 de la Junta Directiva, desnaturalizó estas reservas con disposiciones contra la propia ley, pues limitó estas Reservas a las zonas de colonización y baldías, no fijó límite al tamaño de las propiedades, sino solo de área a titular y por tanto no ordenó medidas de redistribución de tierra. Unas normas legales escritas contra la concentración de propiedad y en defensa de la economía campesina, se convirtieron por un acuerdo de junta en medidas para controlar a los colonos.

Ese Acuerdo 28 se desplomó al calor de las marchas de los campesinos y jornaleros cocaleros de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Bolívar, Norte de Santander y Guainía y fue expedido el Decreto 1777 de 1996 que permite crear las Reservas Campesina, como lo dice la ley 160 en cualquier área del país donde las condiciones socioeconómicas o agroecológicas lo justifiquen. La SAC y Fedegán han emprendido una lucha contra ese Decreto y algunos comités de ganaderos han escrito amenazas al Incora. De todos modos el nuevo Acuerdo de junta directiva establece un procedimiento de amplia participación de los colonos y otros campesinos en la delimitación y reglamentación de cada Reserva Campesina.

2.2.Origen y perspectivas de las reservas campesinas

Desde la época colonial el sector rural se conformó siguiendo un ciclo que redujo los territorios indígenas mediante la colonización y expandió la gran propiedad no solamente a costa de esos territorios, sino de las parcelas de los campesinos que habían consolidado la colonización en tierras aptas para la agricultura o con una ubicación estratégica.

Mientras los indígenas y comunidades afrocolombianas fueron relegados a zonas de refugio en las selvas, desiertos y altas cordilleras, los campesinos fueron reducidos a minifundios de laderas y a una colonización perpetua que cumple el objetivo permanente de ampliar la “frontera agrícola”. A la comunidad campesina le resultó vedado generar una ocupación territorial coherente con la sostenibilidad ambiental, social, cultural y económica y mientras se le encapsulaba en las áreas de minifundio, se le obligaba a la vez a la continuada destrucción de los bosques en aras del la progresiva expansión del latifundio.

El poder económico, político y cultural dominante condujo a la formación de unos circuitos demográficos y económicos centrados en las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) y ciudades intermedias, en los cuales el sector agropecuario se articuló mediante 6 clases de áreas: grandes plantaciones (banano, caña de azúcar, palma africana); empresas agrícolas (arroz, ajonjolí, algodón, papa); latifundios de ganadería extensiva; minifundios; colonizaciones campesinas y territorios indígenas.

Dentro de los circuitos que resultaron del proceso histórico, las economías campesinas de las zonas de minifundio y de colonización, han tenido una funcionalidad evidente, participando activamente en las exportaciones (café, frutas, coca); produciendo alimentos para el consumo popular de las ciudades y de los obreros rurales y reproduciendo la mano de obra requerida por la industria y agroindustria. A pesar de esta funcionalidad, la economía y las comunidades campesinas están en una situación de dominación y constreñimiento, que impide una retribución adecuada y que especialmente niega las posibilidades de un ordenamiento territorial adecuado, disponibilidad suficiente de recursos (tierra, crédito, mercadeo) y poder político democrático.

La economía campesina tiene como una lógica y organización interna que interrelaciona la tierra disponible con los demás medios de producción y la disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar, con las necesidades de subsistencia de la familia y de equilibrar estos factores según su articulación con la dinámica del conjunto de la economía y la existencia de cadenas y circuitos productivos y demográficos. El objetivo principal de economía campesina es el bienestar de las familias y dentro la “utilidad marginal” se impone sólo como mecanismo de equilibrio entre los factores internos.

La visión según la cual los campesinos son pasivos, resistentes al cambio, causantes del atraso, no se corresponde con la realidad. La economía campesina tiene su propia lógica que ha sido explotada hasta ahora, no solamente por los terratenientes, sino especialmente por los mercados mundiales y nacionales de materias primas, alimentos y mano de obra.

No existe una realidad dual con una economía moderna y progresista y otra economía campesina retrógrada y estancada, sino sólo una estructura, dentro de la cual el campesinado tiene una funcionalidad que aprovecha la lógica de su forma de producción. Dentro de esta estructura el campesinado está en el momento explotado y oprimido. Históricamente se le desplaza una y otra vez de sus tierras, se le impide una territorialización adecuada, se aprovecha su capacidad de reproducción barata de fuerza de trabajo y se le expropia también de los excedentes de su trabajo, mientras se desconoce su cultura, su participación real en las decisiones nacionales, su libertad de organización y movilización y la autonomía y poder de sus comunidades.

La economía campesina en su origen es protectora del ambiente y de la comunidad. De ella proviene la tradición española de los ejidos y la tierras comunales de los municipios, que fueron dilapidados en los dos pasados siglos por la República.

El modelo de minifundio y colonización agresiva es un producto del histórico monopolio terrateniente de la propiedad de las mejores tierras y de la expansión actual de la gran propiedad sobre las tierras estratégicas alrededor de las petroleras, minas y megaproyectos. Es de este modelo de donde proviene la depredación de los bosques y la erosión de las laderas y no de una característica supuestamente intrínseca d e la economía campesina, la cual en condiciones ventajosas tiende a desarrollar una cultura de protección ambiental, evidente en los antiguos ejidos y tierras comunales y replanteada ahora en las reservas campesinas.

La economía campesina puede cumplir una función dinámica dentro de la economía nacional y de su participación en la economía mundial, siempre y cuando se replanteen su articulación dentro de las cadenas y los circuitos productivos y demográficos, las relaciones estructurales nacionales e internacionales y el poder político del campesinado y desde luego siempre y cuando Colombia defienda sus intereses como integrante de la comunidad internacional.

El modelo dominante busca impedir la vía de desarrollo de la economía campesina y obligar a subordinar a esta a las necesidades del capital internacional y de los grandes propietarios de tierras.

2.2.1 Las reservas campesinas de hecho

En estas condiciones se ha manifestado la aspiración del campesinado a abrir la vía del desarrollo de su economía y a la participación decisiva y adecuada de la misma en la economía nacional e internacional. Las luchas campesinas del siglo XX llegaron a reivindicar la tierra no solamente dentro de una visión individual de parcelación, sino dentro de dinámicas comarcales y regionales de gestión campesina del territorio.

Esto es lo que se pudo apreciar primero en regiones como Sumapaz, el Oriente del Tolima, Viotá y en Córdoba, donde los campesinos llegaron a organizar el “Baluarte Rojo” de Lomagrande y otros en San Bernardo, Canalete, y Callejas, que luego fue resquebrajado mediante la violencia. En estas zonas, los campesinos se enfrentaron a las haciendas o regímenes retrógrados como el del colonato o las “matrículas”, pero una vez lograban abrir brecha en los latifundio, no se limitaban a buscar parcelas individuales, sino que generaban proceso de organización para la gestión territorial y para consolidar la vida campesina. Se buscaba limitar la propiedad de la tierra y liquidar los restos del latifundio para evitar su restauración.

La violencia de los 50 se enfrentó contra estas avanzadas campesinas y en algunos casos logró derrotarlas, en otros los campesinos e establecieron en nuevas zonas de colonización, como ocurrió en El Pato, pero en otros, los campesinos mediante la lucha lograron consolidar su ocupación (Sumapaz y Viotá).

El tratado de paz de 1958 permitió no solamente reconocer las nuevas economías campesinas de zonas como Sumapaz, Viotá o Magdalena Medio, sino que catalizó nuevas colonizaciones campesinas como la de “Marquetalia”. Entonces los circuitos dominantes buscaron simplemente subordinar las conquistas campesinas, de manera que se impidiera que estas zonas se convirtieran en núcleos de la lucha campesina. En algunos casos lo lograron pero al no lograrlo en otros casos, se puso la etiqueta de “repúblicas independientes “ a las zonas campesinas donde se mantenía una dinámica antilatifundista y de autogestión.

El ataque militar a Marquetalia y luego a otras áreas similares buscó extinguir el potencial campesino de gestión territorial, que el latifundio percibía como una amenaza y que Estados unidos rechazaba como un “foco” subversivo. Si bien la resistencia guerrillera es un resultado de este ataque, no se puede pensar que entonces el problema se redujo a una cuestión de lucha armada, puesto que tanto las comunidades campesinas atacadas, como miles de campesinos sin tierra o que salían de los minifundios y desde la década de los 80 también desempleados urbanos, marcharon a zonas de colonización donde surgieron procesos organizativos que repitieron la tendencia a establecer comunidades campesinas con gestión integral del territorio.

En regiones como el Sarare (Arauca), El Pato (Caquetá), Calamar (Guaviare) o áreas campesinas del Magdalena Medio, la organización campesina, fura en juntas comunales, asociaciones de colonos, sindicatos, cooperativas o asociaciones de usuarios, establecieron medidas y métodos de gestión territorial. Cumplieron incipientes reglamentos sobre protección ambiental, uso de recursos renovables, vida social, proyectos económicos y distribución de la tierra. En Calamar, por ejemplo, en 1984 los campesinos decretaron una reforma agraria sobre sus propias tierras, para limitar el tamaño de los predios en poder de una familia y redistribuir tierra a favor de los jornaleros y nuevos colonos. En el Sarare, con apoyo en normas legales se controlaron los traspasos de propiedad para impedir el nacimiento de latifundios.

Es posible decir que la práctica de la reserva campesina nace en primer lugar de la propia lucha campesina, a pesar de que el nombre, la etiqueta no se haya puesto sobre estas múltiples experiencias. Es el propio campesinado el que ha buscado poner término al sistema histórico de expansión del latifundio a costa de la colonización campesina y la condena al minifundio. Es el propio campesinado el que ya ha ido más allá de la simple distribución u ocupación de parcelas y se ha planteado una visión de la gestión del desarrollo del territorio, aunque no ha tenido el apoyo estatal para realizarla.

2.2.2 La idea de la reserva campesina

La práctica de la reserva campesina antecede entonces a la idea sobre la formalización de la misma. Los intelectuales que percibieron este fenómeno simplemente hicieron propuestas para formular institucionalmente mediante la ley, una tendencia real que hasta ahora ha sido reprimida institucional y extrainstitucionalmente por los poderes políticos y económicos.

Alfredo Molano, investigador de la colonización, es tal vez la primera persona que les da a estas propuestas el nombre de reservas campesinas a comienzo de la década de los 90. Al lado de otras reservas que limitaban el régimen vigente de propiedad de la tierra (reservas naturales, forestales, indígenas), se impone la necesidad de proteger mediante la ley las ocupaciones campesinas. Así se frena la expansión de la frontera agrícola sobre los bosques y del latifundio sobre las colonizaciones campesinas. Desde el principio esta propuesta se hacía tanto para las zonas de colonización como para otras zonas campesinas o de reforma agraria.

Otros expertos, como Pedro Cortés Lombana, a partir de una experiencia con el movimiento indígena; Ger van Vliet y Darío Fajardo a partir de su experiencia con los colonos, propusieron regímenes similares, que además de relacionarse con los procesos de reforma agraria se interrelacionaran con la defensa de los recursos naturales y una solución adecuada para las zonas que legalmente son reservas forestales pero que ya han sido colonizadas.

Paralelamente, el movimiento campesino había plasmado sus aspiraciones en proyectos de reforma agraria integral, que estipulaban la limitación de la propiedad de la tierra en le conjunto del país, su redistribución y planes regionales de desarrollo rural campesino. Estos proyectos se enfrentaron alos oficiales y en particular en 1993 chocaron con la propuesta de mercado subsidiado de tierra, que elaboró el Gobierno de Cesar Gaviria.

El proyecto campesino supone que el “libre” mercado no puede solucionar el problema agrario, porque existe un monopolio latifundista de la propiedad de la tierra que encarece las mismas y por tanto impide que por la simple vía del mercado se redistribuya la propiedad. Supone además una ruptura con el modelo neoliberal que autoriza la “libre” importación y relega la agricultura nacional a un modesto papel.

Las movilizaciones campesinas e indígenas en oposición al proyecto de ley gubernamental ganaron la solidaridad del movimiento obrero y es así como en septiembre de 1993 las centrales sindicales en unión con las organizaciones campesinas e indígenas lograron que, como parte de una negociación más global, se concertara sobre le proyecto de ley.

Esto coincidía con la llegada al ministerio de Agricultura de José Antonio Ocampo, lo que hacía posible que las negociaciones avanzaran, dado que el nuevo ministro acogió la idea de las reservas campesinas presentada por Alfredo Molano, lo que permitió un terreno común en las reuniones con las organizaciones campesinas e indígenas, que vieron en la constitución de las reservas campesinas, una posibilidad de aplicar las normas de su proycto, al menos en zonas delimitadas del país.

El proyecto de ley fue reformulado por el gobierno incluyendo el capítulo sobre reservas campesinas y con un texto que las hacía aplicables tanto a zonas de colonización como a otras donde se requirieran. Luego negoció con las organizaciones 16 puntos y se llegó a un acuerdo que fue acogido por los ponentes de Senado y Cámara.

El nuevo texto, aunque muy limitado desde el punto de vista campesino, hubiera permitido alguna acción al Incora, pero fue amputado en un punto fundamental: la expropiación por vía administrativa. El texto acordado creaba un procedimiento rápido de expropiación que permitía obligar a los propietarios a vender predios de calidad a un precio razonable. Pero el Congreso rechazó ese punto y el acuerdo perdió toda fuerza y en cambio se desató una farsa para aprobar artículos regresivos.

El senador indígena Gabriel Muyuy, tratando de hacer cumplir el acuerdo, presentó u proyecto de ley para reglamentar la expropiación por vía administrativa para reforma agraria, el cual se discutió cuando ya era presidente Ernesto Samper y tuvo el apoyo por escrito del ministro de Desarrollo de entonces Rodrigo Marín Bernal, pero fue bloqueado por un grupo de senadores de la comisión primera encabezado por el Dr. Vargas Lleras.

Es así como las fincas compradas por el Incora dentro del programa de mercado subsidiado, apenas llegan al promedio de 200 hectáreas, es decir no tocan al latifundio. Aun peor, no pueden adelantarse procesos de reforma agraria, porque requieren la aceptación de los latifundistas, que nunca han querido permitirlos y que por el contrario se encuentran enfrascados en una contrarreforma que les ha permitidos pasar del 32 al 47% de la tierra en su poder. Quedaron sin embargo en la ley 160 de 1994 en firme las normas de reserva campesina, que constituyen un instrumento de lucha por la reforma agraria.

2.2.3 Las vicisitudes de la reglamentación

Las reservas quedaron sin embargo congeladas por más de dos años. Primero porque no se expedía la reglamentación. La junta directiva de Incora expidió el acuerdo 28 de 1995 (18 de diciembre), que gustaba a la SAC y Fedegan, pero contrariaba la ley 160, limitando las reservas campesinas a las zonas de colonización e imponiendo unos requisitos que desalentaban totalmente al campesinado que quisiera constituir las reservas.

Sin embargo, ya en julio 29 de 1996 los colonos de Tomachipán en el Guaviare habían hecho la primera solicitud de constitución de una reserva campesina sobre el río Inírida (solicitud que a pesar de estar acompañada por un plan de desarrollo y amplio apoyo local, hasta el momento no ha sido aceptada). En otros lugares en cambio, la confusión causada por el acuerdo 28 frenó la presentación de solicitudes.

Tras la presión de las organizaciones campesinas y de la misma Ministra de Agricultura, se expidió al fin el decreto reglamentario 1777 de 1996 (1º de octubre), que restableció la ley y abrió nuevamente el paso a la constitución de reservas campesinas tanto en las zonas de colonización, “en las áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales”.

El acuerdo 24 de 1996 (25 de noviembre) que desarrolló el decreto y fue concertado con las organizaciones campesinas, es un instrumento adecuado para la constitución de las reservas campesinas, lo cual no sustituye sin embargo la ausencia de la expropiación administrativa para que pueda llevarse a cabo la redistribución y limitación de la propiedad en la zona.

Solamente el 18 de diciembre de 1997 se constituyeron las dos primeras reservas campesinas en Guaviare y El Pato. Otra, se constituyó en 1998 sobre algunas veredas de Arenales y Morales en el Magdalena Medio. En el 2000 se constituyeron las de Puerto Asís (inspecciones de bajo Cuembí y Comandante) y Cabrera (Cundinamarca), siendo esta la primera que se hace dentro de la frontera agrícola.

El hecho de que únicamente haya 5 reservas campesinas refleja la falta de voluntad política gubernamental para realizar este programa y avanzar hacia la reforma agraria. La falta de destinaciones presupuestales nacionales para las reservas campesinas demuestra que los gobierno no quieren comprometerse realmente con los campesinos.

En el caso de El Pato, Cabrera y Calamar (sólo una parte de la reserva de Guaviare) se ha contado con recursos provenientes de crédito externo. Allí la fuerza de la organización campesina es decisiva para ganar un mínimo adelanto de los programas. A las reservas de Arenales-Morales y Puerto Asís el gobierno no les destina un presupuesto debido.

Para completar, en el valle del río Cimitarra ya se cumplió todo el proceso para aprobarla reserva y sin embrago se ha demorado su aprobación. Se tiene detenido el procedimiento en el bajo Ricaurte (Boyacá) y hay solicitudes en trámite para Fortul (Arauca), Lozada-Guayabero (Meta) y Tomachipán (Guaviare). Obviamente las solicitudes se multiplicarían si el Incora contra con normas legales que le permitieran redistribuir la tierra dentro de la frontera agrícola, mediante la expropiación administrativa y mediante la extinción de dominio de grandes propiedades inadecuadamente explotadas.

2.2.4 El Futuro

Si del lado gubernamental falla la voluntad, del lado campesino se mantiene la iniciativa, creando la asociación de las zonas de reserva campesina, haciendo nuevas solicitudes de constitución y desplegando una actividad de masas para lograr concretarlas, como ha sido el caso en el valle del río Cimitarra, donde a pesar de la situación de violencia que soportan, los campesinos lograron sacar adelante una concurrida y muy participada audiencia pública para aprobar los planes de la reserva.

En el momento actual en medio del desplazamiento masivo, el campesinado entiende cada vez más que requiere un régimen de protección de su territorialidad y le permita una gestión sustentable del territorio, a la vez que sirva como instrumento para un programa sólido de reforma agraria como parte integral de un programa de reconstrucción de la agricultura nacional.

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas cuentan con un régimen de propiedad inalienable. La propiedad campesina podría tener esta garantía como sucedió con parte de las tierras conquistadas por el campesinado en la revolución mexicana. La experiencia muestra que mantener en el “libre” mercado las tierras conduce a rehacer el latifundio y el minifundio. Los propios indígenas colombianos perdieron sus tierras cuando aceptaron disolver los resguardos para comerciar “libremente” la tierra. Ahora vemos como muchos de quienes recibieron tierra de Incora en Córdoba, Norte de Santander, Cesar y otros lugares perdieron sus parcelas luego de ser desplazados.

Entonces, la reserva campesina podría ser un potente instrumento legal más efectivo de protección de la economía campesina, de autogestión comunitaria del territorio, reforma agraria y reconstrucción de la agricultura nacional. Para ello debe haber voluntad política para defender la economía, las comunidades y las organizaciones campesinas.

La actual situación de lesión del sector agropecuario por la política neoliberal y los tratados de “libre” comercio debe terminar y dar paso a programas que apoyen la producción nacional agropecuaria y al campesinado en particular. Las reservas campesinas son un importante instrumento en esa perspectiva.

La situación de guerra sin embargo es el mayor riesgo contra las reservas campesinas y de hecho las de El Pato y Calamar confrontan hoy todo e peso del conflicto armado.

2.3 El Contrato Social Rural

En 1996 el gobierno de Ernesto Samper convocó la Cumbre Social Rural a la que asistieron la CONAIC y la ANUC. El Gobierno Nacional, por intermedio del Presidente Samper firmó el Contrato Social Rural el 2 de junio de 1996, como un compromiso entre el Estado y las organizaciones campesinas. Como ejercicio de concertación aparentemente exitoso, reproduzco el resultado de la Cumbre Social Rural, adelantada por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la participación activa de los actores involucrados en el sector:

2.3.1 Diagnóstico

La brecha urbano-rural es cada vez más amplia como producto de la vulnerabilidad del sector y de la indiscriminada aplicación de la política de apertura, por lo tanto es un deber hacer un llamado al país para un nuevo compromiso con el campo colombiano. Se hace necesario concebir al sector rural como estratégico en una perspectiva de desarrollo y paz de largo plazo para el país; así lo señalan organismos internacionales como el Banco Mundial.

El tradicional modelo rural de desarrollo no es sostenible ni en lo ambiental ni en lo social y, por lo tanto, se corre el riesgo de amenazar el crecimiento económico y el sistema democrático. Se evidencia una transformación de los protagonistas del campo, con el surgimiento de la mujer, quien ha logrado revelar la importancia del papel que juega en la sociedad rural como actor fundamental en el proceso de desarrollo. La juventud ha surgido con fuerza, reclamando espacios nuevos, mayores y mejores posibilidades educativas y laborales, respuestas adecuadas a sus necesidades y oportunidades para forjar su propio destino.

La descentralización ha estado concentrada en lo urbano. Al descentralizar competencias, recursos y servicios, se ha descuidado a las áreas rurales, argumentando en muchos casos la incapacidad de éstas para asumir esas funciones y responsabilidades. En esas condiciones, es comprensible que las entidades territoriales no hayan respondido al proceso de descentralización en lo rural.

Un elemento característico de la economía rural es la falta de dinámica para generar empleo e incluso durante los últimos años se ha presentado la pérdida de puestos de trabajo, ocasionando la caída en los ingresos rurales, un aumento en los niveles de pobreza y una proporción dramática de población rural en condiciones de indigencia, 37,2% en 1995.

El hecho de que el 70% de la población indigente viva en el campo demuestra que la pobreza extrema en Colombia es un problema rural. El problema es más grave, si se tiene en cuenta que la pobreza rural se manifiesta con características aún más críticas y excluyentes a la que se registra en áreas urbanas, porque está involucrado un elemento que niega las oportunidades de acceso a los beneficios del progreso. Por lo tanto, las políticas que se aplican a las áreas urbanas no se pueden aplicar a lo rural. Luego de los efectos funestos de la apertura, hoy se registra una recomposición de la producción y un proceso de recuperación que ha sido selectivo, favoreciendo a los sectores más grandes y de mayores ingresos. El desplazamiento de la población rural se orienta hacia las grandes ciudades y las zonas de frontera agrícola, como producto de la inequitativa distribución de la tierra, del ingreso y de las oportunidades, así como de la violencia armada. Este conflicto que afecta a la población rural, hace imperante desplegar acciones orientadas al conocimiento y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y avanzar en la búsqueda de soluciones a la problemática de derechos humanos. Las instituciones -entidades públicas, gobiernos departamentales y municipales, gremios, organizaciones campesinas, la iglesia, y, en general la sociedad civil-, no tienen aún la fortaleza requerida para ser protagonistas y atender integralmente las nuevas realidades sociales y económicas del sector. Adicionalmente, enfrentan dificultades originadas en crecientes fenómenos como la violencia, la pobreza, el narcotráfico y la restricción del gasto público, por lo cual requieren esfuerzos dirigidos a su fortalecimiento, en aras de restaurar el tejido social deteriorado, mediante la profundización en los principios de la participación ciudadana, la descentralización y la resolución pacífica de conflictos, en torno a unos objetivos de desarrollo rural equitativos y sostenibles.
2.3.2 Principios
>br>Los principios que rigen el Contrato Social Rural son:

- El sector rural debe concebirse como estratégico para el desarrollo del país, lo que implica la necesidad de formular una política rural de Estado donde el campo sea una verdadera alternativa de desarrollo a largo plazo. - Ante la deuda que el sector urbano tiene con el campo, es necesario rescatar la solidaridad social sobre bases fuertes de equidad y tolerancia. - El Estado debe ser el garante del progreso rural, asegurándole protección frente al proceso de internacionalización de la economía. - El desarrollo del campo debe ser integral, donde los municipios pequeños y corregimientos reciban la infraestructura y los servicios sociales requeridos, y donde se promocionen actividades productivas multisectoriales. - La acción firme del Estado y la voluntad de toda la sociedad son necesarias para restablecer las condiciones de paz que permitan el desarrollo del campo. - El reconocimiento de la heterogeneidad de lo rural debe traducirse en políticas diferenciadas. - El modelo de desarrollo debe buscar un aumento de capital social para el campo, autosostenible en lo productivo y en lo humano. - Es necesaria una modernización de las instituciones que intervienen en el sector rural para que sean verdaderas promotoras del modelo de desarrollo con base en estrategias que profundicen el proceso de descentralización y brinden los espacios para una verdadera una democracia participativa. - Mecanismos de concertación entre el Estado y la sociedad civil organizada, como el Contrato Social Rural, deben ser utilizados permanentemente para enriquecer la gestión pública.

2.3.3 Estrategias

Las estrategias plasmadas en el Contrato Social Rural son:

- El desarrollo de una reforma agraria integral.
- La modernización de las actividades productivas para fortalecer la competitividad y la productividad.

- El desarrollo de una política de paz, donde se respeten y garanticen los derechos humanos de la sociedad rural.
La promoción, recomposición y el fortalecimiento del tejido social rural, como una garantía para su desarrollo armónico y sostenible.
La implementación de una política innovadora de financiación y crédito integral multisectorial, que articule una diferenciación de la caracterización regional y productiva.

- El adelanto de un proceso de ajuste institucional, en los niveles nacional y regional que posibilite el incremento de su eficiencia y capacidad de respuesta al fortalecimiento de las condiciones competitivas de las regiones. La generación de una política transectorial que involucre todos los sectores sociales y productivos.

2.3.4 El contrato social rural en las regiones
Dentro del espíritu de la descentralización y la participación ciudadana, se diseñaron y ejecutaron Cumbres Regionales durante el último bimestre de 1996 en las cinco regiones Corpes, lo cual permitió actualizar los diagnósticos y concretar las prioridades en materia de desarrollo rural, así como ratificar la pertinencia del Contrato Social Rural con la participación activa de los gremios, organizaciones campesinas, entidades territoriales, ONGs, instituciones y entidades.

Las prioridades de atención por región Corpes se resumen así: la Costa Atlántica identificó los problemas de competitividad del sector agropecuario en la región; la Amazonía priorizó la deficiencia de infraestructura básica y los problemas de medio ambiente; la Orinoquía resaltó la deficiente cobertura de los servicios básicos sociales, los efectos negativos de la bonanza petrolera y los cultivos ilícitos; la región Centro Oriente hizo énfasis en los problemas de tenencia y redistribución de la tierra, caracterizados por el minifundio; y finalmente, la región Occidente se concentró en los problemas de violencia e inseguridad, los cultivos en crisis: café, banano, fique, y la necesidad de una atención integral del Chocó biogeográfico.

2.4 La realidad: Nuevo asenso de las movilizaciones

En lugar de producirse el cumplimiento del Contrato Social Rural se generaron nuevos problemas y no se resolvieron los que se plantearon en le diagnóstico. El primer problema grave fue la imposición de las fumigaciones de cultivos de coca y amapola lo que generó una gran movilización campesina apenas firmado el Contrato Rural. La imposición de inversiones petroleras e hidroeléctricas causó una movilización indígena nacional, la crisis cafetera movilizaciones del sector. Paros cívicos como el exitoso y gigante en el Cauca se multiplicaron.

En 1995 movilizaciones campesinas importantes tuvieron que ver con la condonación de las deudas. Los efectos de la apertura a las importaciones y la crisis del café tenían a miles de agricultores al borde de perder sus tierras por embargos de los bancos. Cuando se hablaba de hacer “reforma agraria mediante el mercado”, el mercado amenazaba con quitarle la tierra a los campesinos que la tenían y que no la habían perdido por la violencia. En la lucha, especialmente los cafeteros registraron éxitos parciales que se concretaron en leyes y programas e inclusive en una condonación para pequeños productores de café. Sin embargo la crisis siguió y se agravó.

La más grande movilización campesina en la historia de Colombia tuvo lugar entre junio y septiembre de 1996 como reacción contra las fumigaciones de los cultivos ilegales de coca y amapola. Marchas de trescientos mil campesinos sacudieron Guaviare, Caquetá, Putumayo y otras regiones. Las historias divergentes de los movimientos campesinos de Colombia y Bolivia parecen converger desde entonces. Al rededor de 100 mil hectáreas sembradas de coca han sido fumigadas una y otra vez. Los cultivos simplemente se desplazan o reorganizan y el área fumigada ya triplica el total máximo que ha estado sembrado en una fecha determinada. En Colombia las fumigaciones son simplemente otra forma que adopta el desplazamiento histórico de los campesinos colonos, para obligarlos a dejar las fincas que han creado e irse a abrir nuevas en la selva. No es extraño que los cocaleros hayan reivindicado las reservas campesinas como forma de defender el territorio campesino.

El crecimiento de los cultivos ilegales fue acelerado por las políticas neoliberales, especialmente la libertad de importaciones, la liquidación de las instituciones y políticas de fomento agropecuario y la suspensión de los pactos de precios y cuotas de café. Los pequeños y medianos agricultores deben competir con los productos altamente subsidiados de Estados Unidos y la Unión Europea o con los producidos en el sudeste asiático con costos reducidos por la inexistencia de los derechos laborales e indígenas que reconocen los convenios de la OIT. Miles de trabajadores agrícolas que recolectaban las cosechas de café y cereales, campesinos arruinados o desplazados por la violencia y los sin tierra, forman la masa de cultivadores ilegalizados.

La lucha de los cocaleros en el 96 fue simultánea con una movilización de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, en defensa de los territorios indígenas amenazados por los proyectos petroleros e hidroeléctricos y por la vigencia de la autonomía y autogobierno indígenas reconocidos en la letra de la constitución.

2.5 Las actuales organizaciones campesinas

En el debate la Coordinadora Agraria y el CONAIC cumplieron un destacado papel, que acompañó con la movilización. Estos fueron antecedentes del Consejo Nacional Campesino CNC, fundado formalmente el 19 de marzo de 1999, en medio del impulso dado por las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales sindicales. De él hacen parte actualmente 11 organizaciones nacionales: Acción Campesina Colombiana ACC, FANAL, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas Anmucic, Festracol, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria Acbra, FENSUAGRO, ANUC-UR, Fenacoa, Sintradin y la Coordinadora Nacional de Desplazados, organización esta que adquiere cada vez más importancia debido al drama del desplazamiento forzado masivo.

ACC filial de la CGTD tiene afiliados en 15 departamentos, especialmente Santander, Boyacá, y Huila. Afilia especialmente sindicatos campesinos del orden municipal y también cooperativas, cuya participación es creciente. Algunas juntas comunales, cabildos verdes y asociaciones femeninas y juveniles se han afiliado a ACC. El origen de la ACC se remonta a la fundación de la CGT tras la separación de la UTC del sector social-cristiano. Como se ha dicho ya, varios de sus líderes participaron también de la ANUC en los años de ascenso de esta organización. Un énfasis en los documentos recientes de ACC recae sobre el acceso a los conocimientos y las nuevas tecnológicas y métodos productivos.

La CGTD publicó en el Nº 108 de su revista Democracia Real el documento del Pontifico Consejo de Justicia y paz, “Para una mejor distribución de la tierra, el reto de la Reforma Agraria” que “se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que desencadena el fenómeno de la apropiación indebida de la tierra”. Es un importante documento internacional, que basado en referencias bíblicas y especialmente en la doctrina social de la Iglesia Católica, se pronuncia en favor de la redistribución de la propiedad de la tierra mediante “una reforma agraria efectiva, equitativa y eficiente”.

Anmucic tiene afiliadas en 27 departamentos. Se organizó inicialmente en torno a la gestión de los programas oficiales para mujeres y prontamente asumió la defensa de los intereses específicos de las mujeres campesinas. Desempeñó un importante papel en la concientización del campesinado sobre los problemas de género y en la expedición de una normatividad estatal sobre los derechos de la mujer campesina, que se expresó, por ejemplo, en las normas de las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994 Actualmente tiene mayor presencia en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, Arauca y Atlántico.

Fanal mantiene presencia activa en 10 departamentos, especialmente en Atlántico, Antioquia, Boyacá, Cauca y Meta. Además de sindicatos municipales campesinos, afilia sindicatos obreros en el Valle del Cauca y Urabá. FANAL perteneció a la UTC y fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la ANUC. Festracol que es filial de la CTC era otra organización con fuerza y aun mantiene núcleos organizados aunque se vio debilitada por la escisión de Agrocosta en la región Caribe.

Fensuagro está integrada principalmente por sindicatos campesinos departamentales y algunos municipales de Cundinamarca, Guaviare, Arauca, Cauca, Tolima, Huila, Atlántico, Nariño, Meta, Quindío, Boyacá y Bolívar. Fensuagro surgió por la fusión de FENSA de la CSTC y ANTA e integró también a los sindicatos obreros Sintagro y Sintrabanano, que se fusionaron en Sintrainagro. Desde su sexto congreso afilio otros tipos de organización como asociaciones campesinas y juntas comunales, pero no cooperativas. La recientemente fundada Asociación de Reservas Campesinas es presidida por un dirigente de Fensuagro.

La ANUC-UR, cuya historia ha sido la de un movimiento de los sin tierra, logró el asentamiento de varias comunidades, algunas de las cuales han sido duramente golpeadas por masacres y desplazamientos forzados (cesar, magdalena, Antioquia). Algunas, como las de los desplazados de Bellacruz se mantienen en la ANUC-UR en sus reasentamientos en el Tolima. La organización es fuerte en Arauca y mantiene presencia en valle, Nariño, Huila, Caldas, Santander y sur de Bolívar.

No participó de este proceso del CNC la ONIC, que expresó estar dispuesta a la unidad de acción, pero temió que una mayor integración con los campesinos debilitara las luchas indígenas específicas. Sin embargo en algunas zonas como el antiguo Caldas los indígenas participan de los organismos regionales del CNC y en otras como el Sarare y Arauca participan de sus movilizaciones, en actitud unitaria que se fortaleció con la activa y masiva solidaridad campesina con el pueblo U’wa.

Inicialmente en el CNC participó muy activamente la Central de Cooperativas del Sector Agraropecuario Cecora. Sin embargo Cecora optó por afiliarse a la SAC e impulsar entre sus afiliados los programas oficiales de cultivo de palma africana y abandonó el CNC principalmente por contradicciones programáticas relativas a la política económica. Antes que Cecora otra organización campesina, El Común de Santander, se había afiliado a la SAC, cuando aun pertenecía a la Coordinadora Agraria. Se mantiene en cambio en el CNC otra federación de cooperativas campesinas, Fenacoa.

El CNC está organizado por consejos departamentales y regionales campesinos, entre los cuales se destacan los del Eje Cafetero, Santanderes, Cundinamarca, Nariño y Atlántico.

El CNC logró dotarse de una propuesta integral de reforma agraria adaptada a las circunstancias actuales y enfrentar y detener en 1999 y 2000 un nuevo proyecto de ley reaccionario, con el cual el gobierno esperaba afrontar el fracaso del mercado subsidiado de tierras sin recomenzar el proceso de reforma agraria y desmontando los programas existentes. Importantes foros departamentales y regionales demostraron el apoyo campesino al proyecto del CNC. En el Apéndice A presento documentos programáticos importantes del CNC.

El 22 de junio de 1999, ante el inminente fracaso del programa de “mercado de tierras”, el CNC en unidad con el Coordinador Nacional Agrario CNA y AICO comenzó una movilización nacional que se prolongó por 5 días, apoyaba el proyecto de ley presentado y exigía medidas de reforma agraria, protección de la producción nacional, apoyo a la economía campesina y respeto al derecho a la vida y a los derechos humanos.

Igualmente el CNC dirigió la importante movilización del 13 septiembre de 2000 en 13 sitios del país, entre los que se deben destacar Saravena (Arauca), Montería, Pereira, Ibagué, Pasto, Popayán, Cali y Bogotá. En esta oportunidad el CNC actuó conjuntamente con varias organizaciones de la ONIC y con el CNA, agrupamiento que se conformó impulsado por organizaciones departamentales nuevas, entre las cuales se pueden destacar las del Tolima y Antioquia y organizaciones regionales como el CIMA del Macizo Colombiano.

El CNA surgió de movilizaciones regionales de sectores campesinos minifundistas que exigían solución a la crisis agraria y que no encontraban una respuesta adecuada en las organizaciones nacionales afectadas por la violencia y la muerte o el exilio de sus dirigentes. Se consolidó tras el Segundo Foro Nacional Agrario que se cumplió en Bogotá del 10 al 12 de octubre de 1998.

La Coordinadora Cultivadores de Coca y Amapola COCCA, coordina nacionalmente a los cultivadores de este sector y sus movilizaciones; su presencia es importante en Guaviare, Putumayo, Caquetá y bota caucana y en las áreas amapoleras de la zona andina. Sus orígenes se remontan a las grandes marchas de 1996, pero su funcionamiento se concretó en el 2000 para enfrentar el Plan Colombia y especialmente para oponerse a las fumigaciones de cultivos ilegales y proponer planes alternativos. En la medida en que ha logrado establecer un programa ha encontrado audiencia nacional e internacional y sus iniciativas se han visto reflejadas en el plan de los seis gobernadores del sur del país.

Del 1 al 12 de noviembre de 1999 el CIMA y las demás organizaciones de los campesinos, indígenas y afrocolombianos paralizaron totalmente al departamento del Cauca y obtuvieron una importante victoria con reivindicaciones de tipo regional que fueron apoyadas por los pobladores urbanos. Otras organizaciones locales y regionales se han fortalecido en forma relativamente independiente sin que la situación de las organizaciones nacionales les permita atender sus luchas y realidades organizativas. Un ejemplo es la ACVC Asociación Campesina del Valle del Cimitarra (comarca entre Yondó y San Pablo) que mantiene muy buenas relaciones con Fensuagro, pero tiene una dinámica propia, habiendo protagonizado en 1998 y en el 2001 importantes marchas contra la violencia y una decidida lucha por el establecimiento de la reserva campesina.

Frente a las realidades de violencia, además de las organizaciones de desplazados que existen hoy en las principales ciudades, han surgido también movimientos como el de las “Comunidades de Resistencia” del Sur de Bolívar y las “Comunidades de Paz” en Urabá, Magdalena Medio y otros lugares.

Los afrocolombianos que conquistaron en la constitución de 1991 el derecho a titular en forma colectiva e inalienable sus tierras, han desarrollado también movilizaciones, especialmente en la Costa Pacífica. Afectados gravemente por el desplazamiento forzado reivindican el retorno, la titulación colectiva, el fin de la discriminación racial y la integridad cultural.

Frente a la política económica general ha sido movilizador el proceso organizativo iniciado por la Unidad Cafetera que se agrupó en torno a la lucha de campesinos y pequeños propietarios del sector de la caficultura y especialmente en torno a la lucha por la condonación de las deudas, que en 1995 fue lograda para los pequeños deudores en forma total y para el resto parcialmente.

La Unidad Cafetera se unió con otros gremios de campesinos, pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y paperos que cuestionaron la política neoliberal y la libre importación de productos agropecuarios y en torno a la defensa de la producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, que encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto del 2000 que logró movilizar a por lo menos 100 mil personas en 27 bloqueos a carreteras y otras manifestaciones.

La política de Salvación Agropecuaria fue y es de unidad con respecto a los objetivos del paro. Sobre esta base logró por ejemplo acuerdos con organizaciones afiliadas a la ONIC, como el cabildo de Cristiana (Antioquia), el CRIDEC (Caldas) y el CRIT (Tolima) y la independiente Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT. También Fensuagro, Anmucic, Acbra y Sintradin decidieron previamente participar en la preparación y realización del paro, destacándose la presencia de Sintradin en las movilizaciones.

Sin embargo, algunas de las organizaciones del CNC se marginaron de este paro con el argumento de que no reivindicaba la reforma agraria; por el contrario, las Fensuagro y Anmucic, organizaciones del CNC que participaron, acordaron no exigir a Salvación Agropecuaria un acuerdo sobre este tema, pero mantener al respecto una propaganda independiente. Inclusive una organización local que realizó uno de los bloqueos demandó y logró arreglos sobre adquisición de tierras.

Una consecuencia de mayor dimensión de este paro fue el hecho de que importantes bases de empresarios afiliados a la SAC participaron en él, a pesar de la expresa orientación de los directivos de la SAC que condenaron el paro. Salvación Agropecuaria ha ganado un espacio grande en sectores que antes no participaban en las movilizaciones, tanto en el sector empresarial como campesino.

Salvación Agropecuaria realizó su primer congreso en noviembre del 2001, es una organización en ascenso y tiene un creciente número de afiliados en 17 departamentos; su presencia y capacidad de movilización son grandes en el antiguo Caldas, Antioquia, Tolima, Huila, occidente de Boyacá y sur de Santander.

El 16 de septiembre de 2002 el Consejo Nacional Campesino y organizaciones regionales entre la que se destacan la Asociación Agropecuaria del Huila, la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT y varias asociaicones municipales del Cauca, promovieron un paro agrario por tierra, soberanía alimentaria y contra el desplazamiento forzado y la represión, que fue acompañado por una huelga general sindical en las principales ciudades.

Es importante destacar el papel unitario que el movimiento sindical ha cumplido con respecto a las organizaciones campesinas. Importantes movilizaciones y paros nacionales han unido a las organizaciones del CNC con el CNA y Salvación Agropecuaria en apoyo a las demandas de las centrales obreras, que a su vez han incluido las principales demandas campesinas en sus pliegos, por ejemplo en octubre de 1998 (con participación de ANUC), agosto de 1999 y mayo de 2001. Aunque la CUT inicialmente no aprobó parar el 16 de septiembre de 2003, la presión d elos sindicatos petroleros, de salud, controladores aéreos, juesces y trabajadores del Distrito Capital condujo finalmente a la huelga general y marchas simultáneas con el paro campesino. Para 12 de agosto de 2003 las centrales sindicales convocaron un nuevo “Paro Cívico Nacional” contra las privatizaciones, impuestos a los productos de primera necesidad, despidos y en apoyo a la marcha a Bogotá contra el Alca y la libre importación, convocada por Salvación Agropecuaria y apoyada por las demás organizaciones campesinas e indígenas.

En cuanto a la ANUC, sigue teniendo una importancia nacional, especialmente en algunos departamentos como Antioquia, Meta, Risaralda, sur del Magdalena Medio, Sucre, Córdoba, Santanderes, Cundinamarca y Huila, su presencia en las movilizaciones había disminuido notoriamente por decisión y política de sus directivos. La ANUC había preferido una participación y gestión de programas productivos, principalmente oficiales, como por ejemplo los que se proponen la reactivación dentro de cadenas productivas y “alianzas estratégicas”. Algunos de estos programas tienen éxito y captan recursos dispuestos por ley que han conquistado las luchas campesinas, recursos internacionales y no gubernamentales. Inclusive han gestionado programas de cobro y refinanciación deudas vencidas de los campesinos.

La política de unidad de acción entre la ANUC y otras organizaciones fue muy fuerte entre 1985 y 1988 y volvió a serlo entre 1993 y 1995. Posteriormente aparecieron contradicciones serias, pues la siguiente dirección de ANUC se opuso en diciembre de 1996 a las reservas campesinas y a la aplicación de la ley extinción de dominio por enriquecimiento ilícito, considerando que agudizaban aun más los conflictos en la Colombia rural.

En cambio, en 1998 la ANUC llegó a encabezar nuevamente la unidad de acción, lo que repercutió en las grandes movilizaciones unitarias de octubre de 1998 y el primer semestre de 1999. Pero luego la ANUC volvió a separarse de las iniciativas unitarias y con la excepción de no pocas organizaciones municipales y algunas departamentales como la de Santander, no participó en la movilización de septiembre de 2000 ni en el paro agrario del 31 de julio del 2001. La ANUC Putumayo se vinculó al la jornada del 16 de septiembre de 2003 y algunas departamentales más la apoyaronEs , tras lo cual un nuevo congreso modificó la dirección y restableció la política d eunidad de acción, de manera que la ANUC fue coorganziadora del Congreso agrario de Abril 7 y 8 de 2003.

Es importante señalar como dirigentes unitarios de ANUC han sido víctimas recientemente de la guerra sucia, como William Jaimes el 28 de agosto de 1995 y Alberto Alvarez Madrigal asesinado en el Huila el 24 de marzo de 2001.

Petra Ariza, dirigente de la ANUC Norte de Santander muy claramente resumió en una entrevista con el proyecto DFID Colombia los objetivos de su organización nacional así: “La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) es una organización que trabaja por las reivindicaciones económicas, políticas y sociales del campesino, y para ello propende por la organización de los campesinos para que participen activamente en el desarrollo de la vida municipal, departamental y nacional, mediante el ejercicio de sus facultades de opinión y decisión en la formulación, planeación, adopción y evaluación de las políticas agropecuarias y en general del desarrollo nacional.

Los objetivos de gestión de la Asociación son:

I. Propender por la organización de los campesinos para que participen activamente en el desarrollo de la vida municipal, departamental y nacional, mediante el ejercicio de sus facultades de opinión y decisión.
II. Lograr que los campesinos organizados, participen en la formulación, planeación, adopción y evaluación de las políticas agropecuarias del municipio y de la política general del desarrollo nacional.
III. Mantener la actual representación de los campesinos, en las juntas directivas, concejos, comités y demás instancias de los organismos del sector agropecuario adscritos o vinculados al Ministerio de Agricultura como en otras dependencias oficiales y ante las entidades o personas que adelanten actividades y programas agropecuarios o de interés para el campesino, igualmente velar porque dicha presentación se amplié a otras instituciones donde aun no se ha reconocido.
IV. Impulsar y promover la reforma social agraria para que con cumplimiento del órgano municipal de planeación municipal de planeación en aplicación de los dispuestos por el artículo 340 de la constitución nacional.
V. Obtener especial representación de los campesinos dentro de la conformación del órgano municipal de planeación, en aplicación de lo dispuesto por el articulo 340 de la Constitución nacional.
VI. Promover cuando se considere necesario, la confederación con otras organizaciones afines, con el propósito de fortalecer el movimiento campesino y ganar para él, mayor solidez y capacidad de negociación o liderazgo sin perjuicio del mantenimiento de la propia identidad, independencia y autonomía de la ANUC.
VII. En general luchar permanentemente por conseguir mecanismos que generen un mayor ingreso para hacer posible elevar el nivel de vida de la población campesina en especial de sus afiliados, para lo cual ejercerá completa coordinación de actividades con los comités veredales, los afiliados y la ANUC Departamental y Nacional.”

La grave situación en que el neoliberalismo, la llamada globalización, los megaproyectos, la violencia y el gobierno de Uribe tienen a la población rural colombiana, son enfrentadas por la resistencia de los campesinos, jornaleros, indígenas y afrocolombianos que el 7 y 8 de abril de 2003 se reunieron en un Congreso Agrario que defendiendo la diversidad cultural y reconociendo que la heterogeneidad de lo rural debe traducirse en políticas diferenciadas, aprobó un programa común, el Mandato Agrario “Por vida digna, soberanía alimentaria, derecho a la tierra y a la territorialidad ¡No al ALCA!”. El 29 de julio de 2003 se creo la Convergencia Campesina, Negra e Indígena CNI para luchar por hacer cumplir el Mandato Agrario.

2.6 Organización Internacional

Las organizaciones campesinas colombianas saben que esta lucha es internacional y esperan librarla unidos con sus hermanos latinoamericanos y de las comunidades rurales del mundo. Participan por lo tanto en esfuerzos de organización internacional de carácter específicamente campesino, adicionales a la anterior unidad que el movimiento sindical ofrece en la Uistabp-Fsm, Clat-Cmt y Orit-Ciosl. Recientemente se llevó a cabo en México el Tercer Congreso de la Cloc, una coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de América Latina, cuyas resoluciones se centran precisamente en la lucha contra el neoliberalismo y el Alca y por la tierra.

El campesinado enfrenta un problema agrario sumamente complejo, que articula cuestiones diversas, cada una de las cuales es fuente de contradicciones:

I. La distribución de la propiedad de la tierra.
II. La soberanía alimentaria
III. La importación de productos agropecuarios.
IV. El procesamiento de productos agropecuarios.
V. La comercialización y precios de sustentación.
VI. El crédito subsidiado y de fomento.
VII. La planeación económica en el sector.
VIII. El asunto de los cultivos ilegales.
IX. La destrucción de los ecosistemas y el medio ambiente.
X. La propiedad de la tierra en zonas petroleras o de megaproyectos.
XI. Los derechos de los pueblos indígenas.
XII. Las tierras de las comunidades negras.
XIII. El desplazamiento de poblaciones por la violencia.
XIV. Las propuestas para una agricultura campesina sostenible

Este conjunto de circunstancias rompe los dogmas del mercado ‘libre’ para encontrar una solución y se opone a los planes de aprobación del Alca.

El papel del campesinado es hoy reevaluado internacionalmente, no solamente en el llamado Tercer Mundo o Sur, sino también en las propias metrópolis capitalistas. El líder de la Confederación Campesina de Francia, José Bové, se ha hecho famoso por su lucha contra la OMC y las transnacionales, simbolizada en la movilización en que fue desarmado un restaurante McDonald.

Es precisamente en el terreno del cuestionamiento del los dictámenes de la Organización Mundial de Comercio, OMC, y de la política neoliberal que guían el proyecto de globalización de las transnacionales, que se ha hecho posible el surgimiento de una organización campesina internacional, la Vía Campesina donde participan organizaciones de América Latina, Asia y África, Estados Unidos, Canadá y Europa. En Colombia, Fensuagro y Anuc-ur son integrantes de la Vía Campesina.

La Vía Campesina es un movimiento autónomo, pluralista, independiente de denominaciones políticas, económicas o de otra índole. Está integrada por organizaciones nacionales y regionales, cuya autonomía es respetada.

Vía Campesina estuvo ampliamente representada en las movilizaciones contra la OMC en Seattle, contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, contra el Alca en Québec y contra el Grupo de los 8, en Génova y Evian y se movilizará en Cancún. Realizó una misión internacional a Colombia y un foro de solidaridad en Bogotá.

Héctor Mondragón
ILSA
Bogotá, 27 de Junio de 2002; actualizado 8 de agosto de 2003.