(Publicado en Bollettino Ufficiale dell'Ordine dei Minimi XLVIII (2002), pp. 67-229.)

1.-EN SERVICIO DE AMBAS MAJESTADES

No fueron muchos los obispos mínimos que ocuparon sedes en las Indias. Pueden contarse con los dedos de una mano. Pero no es desdeñable la humilde tarea que llevaron a cabo. Sobre ellos versa el núcleo de este estudio, elaborado principalmente a partir de la documentación existente en el Archivo de Indias de Sevilla[1]; no pretende ser un estudio exhaustivo, el cual requeriría una larga y trabajosa indagación en diversos y dispersos archivos latinoamericanos, pero esperamos que constituya, al menos, un primer acercamiento con suficiente relevancia.

Sobre los obispos mínimos se ha escrito poco. Alguno de ellos o algunas de sus actuaciones han sido objeto de trabajos específicos[2]. Podrá discutirse si la Orden mínima es o no la más austera, pero puede afirmarse que históricamente se revela como la más ignorada. Por ello, adentrarse en cualquier aspecto de su historia sigue siendo una tarea tan llena de dificultades como de sorpresas. Respecto a los obispos, su mención en las grandes obras generales parece malhadada, de modo que no es difícil componer una antología de inexactitudes[3].

En casi todos los obispos mínimos que estuvieron en las Indias se advierte una seria preocupación pastoral: visitaron sus diócesis, trataron de mejorarlas, se ocuparon de la evangelización de los indígenas, denunciaron las injusticias que advirtieron. Un obispado en las Indias no equivalía necesariamente a una existencia cómoda. No siempre las rentas eran holgadas. Añádansele los efectivos de clero escasos, los templos con frecuencia a medio construir y siempre por reparar, los desacuerdos con encomenderos y doctrineros, el aislamiento cultural y social, y un largo etcétera de problemas y fácilmente se entenderá la distancia no sólo geográfica que ordinariamente había (salvo pocas excepciones) entre una mitra en América y una en Europa.

Por otra parte, como veremos, no eran inhabituales los enfrentamientos con las autoridades civiles; el obispo tenía que desarrollar entonces su misión en un ambiente hostil y con apoyos lejanos. Como es sabido, los obispos en ultramar eran a la vez, como acertadamente los califica Bennasar[4], pastores y funcionarios. Se les confiaban materias de gobierno y frecuentemente se comunicaban con el Rey y con el Consejo de Indias. Los obispos se tenían por investidos de una cierta autoridad y aneja responsabilidad en materia civil, y el poder real no pretendía menor proporción de autoridad y responsabilidad en el ámbito eclesiástico. Para los obispos en Indias, ejercer su quehacer “en servicio de ambas Majestades” no era, en su perspectiva y mentalidad, un servicio a dos señores que pudiese plantear divergencias. Bien al contrario, era un único servicio: sirviendo a un Señor se servía al otro, y viceversa. El servicio del Rey del cielo y el de su Majestad católica no podían siquiera ser entendidos como dispares.

El Real Patronato de Indias no suponía únicamente un mero derecho de presentación de beneficios, sino que, por mor de las facultades absorbidas por el monarca, hacía de éste una verdadera y necesaria mediación de la evangelización[5]. Las frecuentes pugnas se les planteaban a los obispos no tanto con el Rey cuanto con las autoridades americanas, especialmente con las provinciales o locales (Gobernadores, Alcaldes, Cabildos seculares, etc.). En el caso de los Gobernadores muchos de los desencuentros eran interpretados por ellos como atentado al Patronato[6]. Numerosos conflictos de “silla”, que hoy nos parecen ridículos y desproporcionados, no son, en su aparente pequeñez, más que la expresión puntual de graves rivalidades subyacentes.

El Patronato era el «origen de la servidumbre de la Iglesia católica en Indias y al mismo tiempo del propio poder de la Iglesia allí en las Indias»[7]. Una Iglesia, pues, sujeta y poderosa. En las Indias lo secular y lo eclesiástico no eran sólo campos limítrofes, sino que a menudo se veían superpuestos en una intersección en la que la menor contrariedad acababa en roce. Más allá de lo personal, cada parte vigilaba que la otra no adquiriera un nuevo privilegio o que no quebrantara ni aparentemente el propio derecho. Algo tan fútil como la omisión de una inclinación de cabeza al inicio del sermón o que la silla del Vicepatrono se pusiera recta o atravesada provocaba que se acudiera a notarios y escribanos, que se tomaran testimonios para sustentar reclamaciones ante las Audiencias, que se formaran gruesos pliegos confiando en que, examinándolos, el monarca y su Consejo de Indias ampararían las propias razones contra la usurpación o el menoscabo que la otra parte había osado causar. Hay que tener en cuenta que en las provincias de Indias, sólo el Obispo tenía una autoridad parangonable a la del Gobernador o a la de la Audiencia. En este estudio frecuentemente nos hallaremos con este tipo de controversias[8]. Lo conlleva el carácter mismo de la documentación que hemos privilegiado.

2.-MÍNIMOS “CONSULTADOS” NO ELECTOS OBISPOS

La vinculación de los Prelados con la Corona procedía de su misma designación. En virtud del derecho de patronato, del que los reyes españoles nunca hicieron dejación (hasta el punto de que se ha afirmado, en el tema misionero, que antes de la independencia Propaganda Fide poco tuvo que hacer en América[9]), cuando vacaba un obispado el Consejo de Indias presentaba al rey una lista de candidatos; el rey elegía uno de los propuestos, aunque también podía nombrar a otro más de su gusto o requerir se le propusieran más nombres[10]. Por ello, además de los que lograron la mitra, se nos han conservado datos de otros frailes mínimos que sólo fueron “consultados”[11].

Tal es el caso del ex general fray Pedro de Mena que figura entre los propuestos el 30 de abril de 1601 para el obispado de Venezuela[12].

En 8 de marzo de 1625 fue consultado para la mitra de Paraguay fray Diego de Ayala, a quien no faltaban méritos, pues, además de la experiencia de gobierno en la Orden, se ponderaban sus letras y su servicio al monarca: «...tiene cinquenta y dos años de edad y mas de 34 de abito a sido secretario de una visita General y nueve veces prelado, vicario provincial y tres trienios difinidor, fue visitador de la provinzia de Sevilla y antes de acabada fue electo por prelado del convento della vitoria de la corte y despues por compañero del general el qual le nombro por su Vicario General en las provincias de España a leydo muchos años en su Religion y hallandose en algunas Juntas muy importantes del servizio de V.Md. es predicador de mucha opinion y en la concesion de los millones hizo en segobia importantes servicios...»[13].

Tampoco logró obispado fray Gabriel López Navarro, quien fue consultado para varias vacantes[14]. Nacido en Ocaña (Toledo), ingresó en la Orden hacia 1590; cuando fue propuesto, se indicó que había sido lector de Artes y de Teología, Corrector en diversos conventos (Salamanca, Alcalá, Valladolid, Madrid), Definidor y Vicario provincial de Castilla, Visitador de la provincia de Andalucía, Consultor y Calificador de la Inquisición, etc. Publicada en 1641, su Teología mística, cuyo contenido revela una acentuada influencia de los místicos del Norte, alcanzó una notable difusión[15].

Aunque tampoco consiguió Obispado en América, hemos hallado también una relación de méritos del que fue Colega General fray Juan Miguel de Espinosa, de la provincia de Sevilla; según la misma, fechada en febrero de 1688, el Marqués de Astorga, Virrey de Nápoles, le había propuesto para los obispados de Cassano y de L’Aquila en aquel Reino[16].

Un caso singular es el de fray Juan Pastor. Nacido, al parecer, en Utrera[17], tomó el hábito minimita en 1602. Estudió en Valladolid y Alcalá. Desempeñó labores de formación en las casas de El Puerto de Santa María, Utrera, Sevilla y Jerez. Pasó al convento de Madrid y fue Colega Provincial de Castilla y Calificador del Santo Oficio. Destacó como predicador[18]. En mayo de 1630 fue consultado para el obispado de Santa Marta, anotándose entre sus méritos haber «servido en las cortes de Cataluña»[19]. En julio del mismo año lo hallamos en la relación de propuestos para Manila[20]. En 13 de agosto de 1632 se le propuso para Chiapas[21] y para Nueva Segovia, volviendo a ser consultado para esta misma diócesis filipina en 25 de septiembre del mismo año[22]. En noviembre de 1632 figura entre los propuestos para la de Concepción en Chile[23]. Probablemente fue consultado en otras ocasiones en los años siguientes (las relaciones de candidatos no siempre se conservan con la consulta y nominación). Por fin, en 1 de abril de 1637, el Consejo de Indias comunicaba al rey los sujetos que parecían idóneos para la mitra de Paraguay; el rey respondió: «nombro a frai juan pastor»[24]. Paraguay era uno de los obispados pobres cuyas rentas escasas se complementaban con fondos de la Real Hacienda. Al mínimo le comunicó la designación el Presidente del Consejo, que era a la sazón un pariente de Olivares, García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo; Pastor aceptó. Pero al poco tiempo entregó en el Consejo un curioso memorial; alegando su falta de recursos para el viaje, solicitaba licencia para fletar dos navíos de 150 toneladas cada uno que hiciesen el trayecto de Lisboa a Buenos Aires; pedía, además, que se le conservase la pensión de 200 ducados que tenía consignada del obispado de Cádiz para el sustento de dos hermanas suyas. En lo de la pensión se hallaba el Consejo en favorable parecer, pero la pretensión del flete fue rechazada de plano, compeliéndole a que en plazo de 15 días decidiera si aceptaba y se disponía a hacer el viaje. Fray Juan Pastor, estimando la merced de su Majestad pero no concediéndosele lo que había pedido, rehusó la mitra[25]. Al cabo de un año, fue consagrado obispo de Crotona (Calabria)[26].

En 4 de marzo de 1682, desde Andújar, el Corrector General fray Lorenzo de Pedraza certificaba las buenas prendas que concurrían en el Provincial de Granada fray Alonso Guerrero. Nacido en Osuna, había tomado el hábito en Écija en 1654, estudiando en Loja y en Granada, teniendo los actos públicos de conclusiones en Granada, Córdoba y Antequera y en las Universidades de Osuna y Baeza. Fue primero Lector de filosofía y después de teología escolástica en el convento de Málaga, donde además desempeñó el cometido de Regente de los estudios. Fue corrector en diversos conventos (en el de la Victoria de Málaga en 1674 y 1676). Durante el provincialato de fray Francisco Navarro fue Definidor y Colega, sirviéndole además como Secretario. En 1679 fue elegido Vicario General para el Capítulo que se celebró en Milán, donde presidió conclusiones y predicó. Por 2 veces fue elegido Provincial de Andalucía. En 1681 prestó su juramento de Calificador en el Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Dadas sus cualidades, en 1683 el monarca le nombró para el obispado de Puerto Rico; pero fray Alonso no lo aceptó[27].

Entre los obispos mínimos, Roberti indica a Monseñor Alfonso Guerra, obispo de Paraguay después promovido a Michoacán[28]. También Galuzzi lo cita, aunque ya remarca que en uno de los episcopologios que consulta se le tiene por dominico[29]. Sobre la minimez de este obispo ya despertaba sospechas que Montoya no lo mencionase en el elenco de obispos mínimos que trae en su Crónica, publicada poco más de 20 años después de la prelacía de Guerra en Michoacán[30]. La pertenencia de Al(f)onso Guerra a la Orden de Predicadores puede afirmarse resueltamente. El Consejo le propuso para Michoacán en 22 de noviembre de 1588 en estos términos: «...el presentado Alonso Guerra, de quien ay buena relación de ser hombre exemplar letrado y buen prelado, de la orden de sto. Domingo»[31]. Pasó a dicha sede novohispana desde Lima, tras haber tenido graves diferencias con las autoridades civiles de Paraguay[32]. En octubre de 1594 Guerra ya había muerto[33].

En una “Relación de religiosos que se ponen para Obispados de las Indias”, sin fecha, de las últimas décadas del siglo XVII, sólo figura un mínimo: fray Juan Ronquillo[34]. Sabemos también que cuando Francisco del Rincón fue nombrado para Bogotá, en la lista efectuada para substituirle en Caracas figuraba el también mínimo fray Francisco Palanco (al cabo de poco tiempo nombrado Obispo de Jaca), quien ya había sido consultado precedentemente para las sedes de Santa Cruz de la Sierra y Buenos Aires[35]. Con irregular periodicidad se formaron relaciones de religiosos y otros sujetos que se hubiesen tenido presentes para Obispados[36]. En las de 1723 y 1724 figura fray José de Lago Suárez (Asistente General y Vicario General en las Provincias de España); en 1744 y 1748 hallamos a fray Lorenzo de Sevilla (Vicario Provincial en el Perú); a principios del siglo XIX aparecen fray Bruno Ordóñez, Provincial de Castilla, y fray Jacobo Blanco[37].

3.-FRAY GONZALO DE ANGULO

(Venezuela)

El primer mínimo obispo en las Indias fue Gonzalo de Angulo. Su figura no ha pasado del todo desapercibida[38]. Nació en Valladolid. Era hijo del Licenciado Gonzalo de Angulo y de María de Angulo. Su abuelo, también de nombre Gonzalo, fue Gobernador de La Habana. Su hermano Mateo desempeñó el cargo de alguacil mayor de la Inquisición de Valladolid y su tía Francisca de Angulo estuvo casada con Diego Mazariegos, Gobernador de Venezuela entre 1570 y 1576[39].

El futuro obispo de Venezuela tomó el hábito en la Orden de los Mínimos, según propia declaración, con poco más de trece años de edad; según González Dávila, profesó en 1592, siendo Corrector del convento vallisoletano fray Juan Bretón[40]. Fue colegial en Valladolid y estudió teología en Alcalá y Salamanca. Posteriormente fue Lector de Teología y apreciado predicador, además de Corrector del convento de Segovia y, acabado este oficio, electo Colega del Provincial y definidor de la provincia de Castilla, que visitó durante seis años. También estuvo al frente de las casas de Valladolid y Madrid y finalmente fue elegido Provincial[41], participando como tal en el Capítulo General intermedio celebrado en Valladolid en noviembre de 1608[42]. Al tiempo de ser nombrado obispo ejercía el oficio de Vicario General de todas las provincias de España.

Nombramiento y preparativos de viaje

En marzo de 1616 Angulo fue consultado para el obispado filipino de Nueva Segovia[43]. En 21 de julio de 1617 el Consejo de Indias ofreció nombres para el obispado de Venezuela; Felipe III eligió a Gonzalo de Angulo; su respuesta da cuenta de que el mínimo no era el candidato mejor situado: «Nombro a fr. gonzalo de Angulo, y tengase cuenta de proponerme a fr. juan de cartagena para cossas mayores»[44]. En 2 de septiembre se enviaron despachos desde San Lorenzo el Real al cardenal Gaspar de Borja para que cursara la presentación a su Santidad[45]. Paulo V expidió las bulas en 20 de noviembre de 1617. Y Felipe III emitió las correspondientes ejecutoriales en 5 de febrero de 1618[46]. Angulo es, pues, un obispo relativamente joven[47], aunque su salud o no era buena o muy probablemente se le estropeó en América; en la documentación no faltan alusiones a sus achaques. La noticia de su elección se recibió en el Cabildo eclesiástico de Coro en 7 de noviembre de 1618[48].

Según el testimonio de Montoya, después de su nombramiento seguía observando la vida cuaresmal[49]. Hasta 1619 no comenzó el mínimo a hacer gestiones para ir inmediatamente a su sede. Hombre prevenido, se informó de las mercedes que el monarca otorgaba o había otorgado a obispos electos. A primeros de febrero de 1619 pidió que para hacer el viaje se le concediesen despachos en la forma y sustancia que se habían otorgado a su antecesor; se trajo a la consulta lo que se le había dado y el rey resolvió favorablemente: se otorgaron licencias para llevar dos religiosos y un clérigo, seis criados (de ellos, uno casado), -con cada criado 4 espadas, 4 dagas y 2 arcabuces- los libros de su estudio, 1.000 ducados de joyas de oro y plata labradas, 2 vestidos de Pontifical; además, no alcanzando los frutos del obispado los 500.000 maravedís (mrs.), lo que faltase hasta tal cifra se supliría de la Hacienda Real[50].

En 21 de febrero se pasa a deliberación otra solicitud. Angulo expone que el permiso que aguarda del General de los Mínimos (lo era a la sazón el P.Francesco Cereo de Maida) para llevar consigo a Venezuela los dos religiosos tardará mucho, por lo que pide, dado que los galeones están para partir próximamente, que en lugar de dos frailes se le permita llevar otras personas; responde el rey: «Lleve dos criados en lugar de los dos religiosos»[51].

Ser obispo en Indias no resultaba barato, al menos al principio. El electo tenía que hacer frente a los gastos del traslado y pagar las elevadas sumas que importaban las bulas. Frecuentemente tenía que recurrir al favor real; si éste no se concedía, no bastaba o se demoraba en su efectividad, el nuevo Prelado se veía en la necesidad de recurrrir a créditos. En 22 de febrero de 1619 se veía la súplica presentada por Angulo quien, aduciendo que, por ser religioso y pobre, se veía obligado a empeñarse y buscar préstamos y que para conseguirlos era preciso que los prestamistas contaran con alguna mínima garantía, solicitaba al Rey diera cédula para que los oficiales reales de Venezuela pagasen, llegado el caso, las deudas a los acreedores hasta donde alcanzaran los frutos del obispado desde el día en que el Papa se lo había concedido; Angulo alegaba que con una merced similar se había agraciado precedentemente a otros dos obispos religiosos; el rey se la otorgó[52]. El obispo electo había concertado con la provincia mínima de Castilla una obligación de 3.500 reales castellanos por bienes, biblioteca y sustento de sus criados.

Otro memorial fechado en 2 de marzo de 1619 da cuenta de una nueva solicitud, la de llevar consigo una esclava vallisoletana y asimismo dos criados y un capellán o dos. En esta ocasión el rey no debió ver fundamento suficiente y su concesión fue más restrictiva: «lleve otro clérigo y la Mulata pagando los derechos que deviere; lo demás no ha lugar»[53].

Fray Gonzalo tenía sus contactos en las Indias. Desde allí le habían informado que Juan de Bohórquez, su antecesor, promovido al obispado de Oaxaca, estaba aún en Venezuela y que, al parecer, estaría allí hasta que él llegase, teniendo intención de aprovecharse hasta entonces de los frutos del Obispado; nuevamente recurre Angulo al monarca en súplica de real cédula para que si Bohórquez hiciera “una cosa tan fuera rraçon como esta” se le pudiese compeler para que restituyese a Angulo los frutos, pues le pertenecen “desdel dia del fiad de su santidad”. El rey otorgó, evidentemente, que cada uno gozara de los frutos de su respectivo Obispado desde el día que les correspondiese conforme a sus bulas[54].

En el mismo mes de marzo se sustancia el expediente de información y licencia de paso a Indias[55]. Finalmente, el obispo llevó consigo un clérigo presbítero (Francisco Cerdán Vallejo) y siete criados (Sebastián de Vargas Machuca, Diego de Aguilar Ysmendi, Juan Coronel, Íñigo López de Salcedo, Rodrigo de Noriega, Gregorio de Aguilar Ysmendi y Bartolomé José de Mora).

Doctrinas, encomiendas, poblamientos de indios

En junio de 1619 Angulo se encontraba ya en Caracas; el día 29 del mismo mes recibió el cabildo eclesiástico las bulas, tomando posesión en nombre de Angulo el Ldo. Diego Gómez de Alvarado[56]. Al parecer, al mínimo le consagró su propio antecesor[57]. El obispo Angulo trabajó con ahínco en sus años de pontificado. Según Cesareo de Armellada, son numerosísimas las páginas de documentos con su firma que se conservan o conservaban en el archivo arzobispal de Caracas[58].

En 25 de septiembre de 1619 el Obispo nombró vicario de la ciudad de Santiago de León (Caracas) y su distrito a Gabriel de Mendoza, cura de la parroquial[59]. En él tuvo el obispo mínimo un válido colaborador en estos primeros años. No ha faltado quien, desde una posición acaso poco objetiva y poco desapasionada, ha señalado que Gabriel de Mendoza, «hombre de carácter áspero y violento y de espíritu intranquilo», ejercía gran influencia sobre el Obispo[60]. En este tiempo Angulo hizo valorar los bienes que había traído consigo de Europa; se tasaron en 252.177 reales castellanos.

Sabemos que Juan de Bohórquez había escrito al Rey sobre diversos asuntos en 24 de marzo de 1617. Todos ellos son objeto de contestación por reales cédulas emitidas en Évora en 18 de mayo de 1619. Tres de ellas tenían que ver con los indios. Bohórquez había denunciado que, estando demorados para trabajar 3 días por semana, servían todo el año y no sólo ellos, sino también sus mujeres y sus hijos, no quedándoles tiempo ni para ser catequizados; el rey ordenó al Gobernador que hiciera cumplir los límites de servicios personales. Bohórquez pensaba que el no estar demorados los indios en tributo era la causa principal de que no tuviesen doctrinas, ni, por ende, Iglesias, ni ornamentos. De todo ello pedía el Rey en 1619 información y opinión a Angulo. Su antecesor había avisado sobre otro importante problema que obstaculizaba la evangelización: muchos de los doctrineros no sabían la lengua de los indios, por lo que mal se podía catequizar ni ser catequizado; el Rey ruega y encarga a fray Gonzalo que examine a los doctrineros y que aquellos que ignoran la lengua de los indios sean removidos, no se les pague estipendio y se provean sus doctrinas en otras personas idóneas[61].

Las cédulas reales obtuvieron cumplida respuesta del Obispo mínimo. Efectivamente, en 30 de noviembre de 1619 Angulo escribe a su Majestad desde Santiago de León[62]. Sobre el conocimiento de lenguas indígenas por los curas doctrineros había tomado en 17 de octubre del mismo año disposiciones a la vez firmes y razonables, de las que acompañaba testimonio[63]; esperaba con ello conseguir “alguna enmienda”, aunque consideraba que ello no bastaría –sin duda pensaba en la exención- para las cinco doctrinas que tenían los franciscanos, en relación a los cuales preveía sería necesaria cédula particular[64]. Confirmaba, además ser cierto el sistemático incumplimiento del límite de tres días de servicios personales ordenado en 1609, por lo cual los indios no eran “bien tratados ni doctrinados”. Angulo asumió la defensa del indígena en la línea de sus inmediatos predecesores en la diócesis de Venezuela[65].

Como es sabido, la institución de la “encomienda” tenía como primitiva finalidad, en contrapartida al beneficio del encomendero, el provecho y cristianización de los indios; en la práctica había desembocado en una explotación cuasiesclavista que la Corona española no lograba atajar[66]. La encomienda en Venezuela se había iniciado con características singulares; su primera regulación conocida, las llamadas “ordenanzas de Juan de Villegas” de 1552, prohibían ocupar a los indios en el trabajo de las minas y establecían el servicio personal de 4 meses de trabajo al año; la norma que finalmente se generalizó, más favorable al encomendero, acordada por el obispo Alcega y el gobernador Sancho de Alquiza, fue la de prestación de 3 días de trabajo a la semana[67].

La alternativa planteada al servicio o demora personal era, como ya se ha indicado, que los indios pagasen tributo[68]. Gonzalo de Angulo, claro partidario del tributo, expone al monarca las razones en pro y en contra, o más exactamente: bajo presentación de imparcialidad, expone las razones que se dan en contra y las rebate proponiendo remedios que mitigarían el eventual perjuicio que el cambio pudiese acarrear. La carta es un buen exponente del talento práctico y la visión realista de Angulo. El gran motivo en favor del cambio era cómo trataban los encomenderos a los encomendados “que siendo libres no lo parezen”, surtiendo escaso efecto las repetidas amonestaciones para que cambiaran su comportamiento al respecto. En contra del tributo se alegaba: la poca moneda que circulaba en la provincia, aunque ello podía resolverse pagando en frutos (si era preciso, obligando a pagar más que en otras partes); ser «muy incapaces y poco inclinados al trabajo» de forma que, no estando demorados, no trabajarán, pero trabajando la mitad de lo que trabajaban en la actualidad ya podrían pagar y, además, «entre ellos ay muchos ladinos que tendrian cuidado de hazerlos trabajar y de cobrarles» y bastaría que la justicia actuara coercitivamente un par de años para que después “el gusto de la libertad” y el aumento de sus haciendas les inclinaría a pagar para conservarlas; con los españoles tienen más doctrina y mayor ocasión de aprenderla, pero eso sólo valía por los que servían en las casas, pues los que vivían en las fincas andaban siempre en el campo y trabajando, de forma que con el cambio los doctrineros tendrían más ocasión de reunirlos e instruirlos provechosamente; ser pocos los indios y estar repartidos entre muchos encomenderos y «aber de quedar muy pobres si se demoran en tributo particular es cierto» y muchos dejarían y despoblarían la tierra (esto no está tan claro, porque «estan muy arraigados en ella y es de muchos fructos»); entre estos posibles inconvenientes y el mal trato que se sigue a los indios de no cambiar el sistema, dice el obispo, «Vuestra Magestad bera qual es mayor y mas digno de consideracion». En el interín el Rey resolviera al respecto, el Prelado había tratado el tema con el Gobernador (el bogotano Francisco de la Hoz Berrío) y se había publicado bando con pena de serles quitados los indios encomendados a quienes les hicieran trabajar más de los tres días dispuestos, aunque no esperaba que con ello se solucionase el problema. Entretanto, en 10 de agosto de 1619, desde Lisboa, el Rey se dirigía al obispo exponiendo precisamente el problema de los indios (las cartas se cruzaron); la cédula indica que los Gobernadores no cumplían, pese a las comisiones y ordenanzas despachadas por el Presidente de la Audiencia de Santo Domingo, cuanto se tenía proveído respecto a la libertad de los indios[69], rogando y encargando al Prelado trate de remediar, como responsable del bien de las almas de los naturales, tan desdichada situación.

Durante estos meses el mitrado mínimo debió desplegar una gran actividad encaminada a informarse pormenorizadamente del estado de su diócesis. Procuró, por ejemplo, inquirir y saber el estado pastoral que tenían las islas de Curaçao, “Oruba” (Aruba) y “Buinare” (Buen Aire). Proporcionó la información el sacerdote Martín Gómez. En la isla de Oruba hacía ya diez años que no se doctrinaba, pues un solo cura no podía atender las tres islas. Además, el salario que pagaban al cura era inferior al fijado en las constituciones sinodales. Angulo proveyó y despachó otro cura doctrinero y mandó a los vecinos isleños pagasen el salario estipulado de 115 pesos a cada cura; de Curaçao le escribieron que no podían satisfacer tal cantidad, por el poco provecho de aquellas tierras[70].

En 29 de febrero de 1620 se ve en el Consejo de Indias una petición de fray Gonzalo de Angulo para que se conceda se le puedan enviar cosas del pontifical y menajes para su servicio libres de derechos de las Indias; se le otorgó como pedía[71].

La siguiente carta que conocemos del Obispo es la que dirigió en 30 de junio de 1620 al Presidente del Consejo de Indias[72]. Para entonces, había conseguido aliviar el malestar suscitado por las diferencias que su antecesor tuvo con el Gobernador[73]. Además de haber procurado esta pacificación, convencido de la exigencia de contar con gente bien formada («de lo que en esta tierra ai mayor nezesidad») había instaurado seis estudios de gramática en diversos lugares, para lo que había traído dos preceptores de fuera, confiando en que así todos procurarían estudiar, pues había explicitado que no ordenaría ni daría beneficio «a quien no supiere latín y la lengua de los indios»[74]. Había procurado regularizar las doctrinas, pues algunos doctrineros no servían aquellas «a cuyo título estaban ordenados», y disponerlas de forma más adecuada, particularmente en inconveniencias como la de doctrinar clérigo y fraile en una misma estancia; la cosa estaba ya encauzada en Trujillo y empezaba a hacerlo en Caracas.

El Obispo informa haber acometido, con la colaboración del gobernador Don Francisco de la Hoz, la tarea de poblar a los indios, habiéndolo conseguido –lo cierto, como veremos, es que para entonces sólo lo había iniciado- con los del valle de Aragua donde había comenzado a construir iglesias para que pudiesen «oír missa y allí los doctrinen y administren los sacramentos de Baptismo y Matrimonio y los entierren», todo lo cual estaba muy descuidado. Angulo se coloca así en la estela de la Iglesia misionera que se conduele de que los indios no reciban el trato humano y el auxilio espiritual que merecen, sea por la impiedad de los encomenderos o por la apatía de los mismos encargados de su catequización. Los indios, dice en la carta, «an menester mucha ayuda porque todo lo que en razon de su mal tratamiento y poca doctrina an informado a su magestad y a b.señoría es verdad». El poblamiento era un factor necesario en el progreso de la actividad evangelizadora. La dispersión facilitaba, en sujetos escasamente catequizados, el retorno a las prácticas del paganismo[75]. Además, en la perspectiva del Obispo, poblar era civilizar[76]. La dispersión no era sólo considerada un obstáculo a la evangelización, sino también un modo de mantenerse los indios en estado de “barbarie”. Sin duda, se trataba de un mecanismo de control y no es menos cierto que, en su artificialidad, desquiciaba la tradicional estructuración indígena, pero en aquel momento y ámbito parecía la sola manera de evitar las arbitrariedades de los encomenderos y, de hecho, constituyó una medida propicia en orden a la estabilidad demográfica de los indígenas[77].

Es cierto que durante este tiempo hubo provechosa colaboración entre el Prelado y el Gobernador, particularmente en esta tarea de poblar a los indios. En 3 de abril de 1620 se expide auto firmado por Gonzalo de Angulo y por su secretario Íñigo López de Salcedo nombrando a Gabriel de Mendoza para que en representación del Obispo vaya con el Teniente General Pedro José Gutiérrez de Lugo (comisionado del Gobernador Francisco de la Hoz) a donde se pueblen los indios para erigir y fundar iglesias[78]. En 11 de agosto el obispo instruye a su representante sobre el modo de proceder en la tarea que le ha sido encomendada; el bien de los indios ha de procurarse “con todas veras”[79]. Entre las instrucciones, cabe resaltar la de que se procure buena edificación de las iglesias y «acuérdese que alguna se nombre de San Francisco de Paula». Gabriel de Mendoza no olvidó tal encargo, pues ocho días después, en el primer pueblo de fundación, en Agua Fría, a cuatro leguas de Caracas, se fundó iglesia bajo la advocación del santo fundador de los Mínimos; la buena entente con la autoridad civil se pone de manifiesto en que Gutiérrez de Lugo puso el mismo nombre al pueblo[80]. Además, en el comienzo del valle de Aragua se fundó un pueblo con el nombre de Nuestra Señora de la Victoria; aunque Perera cree que es de relacionar con la fiesta instituida por Pío V en relación a la victoria de Lepanto, me parece puede conjeturarse se trate de la advocación minimita[81].

La cooperación entre gobernador y obispo en la tarea de regularizar las encomiendas, poblando a los indios o recabando el cumplimiento de los solos tres días semanales estipulados de servicios, les enfrentó seriamente a los encomenderos, lo que se refleja en las protestas que elevaba el cabildo secular de Caracas. Los regidores nombraron como Procurador ante la Real Audiencia de Santo Domingo a Nicolás de Peñalosa, denunciando que Angulo se había excedido en sus facultades; el Obispo sería absuelto definitivamente en 3 de diciembre de 1622, imponiéndole sólo que diera una prórroga de 4 meses a los encomenderos para cumplir con las obligaciones que se les había impuesto[82].

En el desarrollo de este conflicto hay que citar una curiosa carta al Rey fechada en 3 de marzo de 1621, anónima, firmada por “santiago de león” (la ciudad es personificada: «escrivo esta en mi nombre porque ningun abitador se atreve a escrivirla»), quejándose del gobernador Francisco de la Hoz y del obispo Angulo[83]. Primer argumento de ella es el ya expresado formal y acostumbradamente por el cabildo caraqueño, el de que las poblaciones de indios no son servicio de Dios ni del Rey, sino «destruision y acabamiento de los pobres naturales». Los encomenderos siempre defendían sus intereses alegando el bien de los indios. La carta refleja claramente cuál era el verdadero problema para regularizar las encomiendas: «...(El Gobernador) las a echo (las poblaciones de indios) y ba aciendo por desir que V. Mgd. lo manda y aunque esto sea asi no lo devia hacer sin informar a V.Mgd. de los grandes ynconvenientes questo tiene como lo an echo los demas governadores de quarenta años a esta parte a quien V.Mgd. lo a mandado y a sido servido de suspenderlo porque an sido y son mui justos....». En la carta, además, se afirma que Francisco de la Hoz está favoreciendo las pretensiones de Angulo para que no se diga haber tenido contiendas con los dos obispos y por tenerlo “grato” cuando se le tome el juicio de residencia.

En marzo de 1621 el Obispo dirige otra carta al Presidente de Indias[84]; sobre recordar que es mucha la pobreza de las iglesias de la provincia («en muchas es indecencia los ornamentos con que se celebra») y que la relación con el Gobernador está calma (aunque, dice, «me a costado trabajo»), manifiesta que la poca presencia de los fiscales reales le obliga a denunciar «quan sin dueño» está allí la Hacienda Real y que, pese a que el Gobernador ha querido tomar cuentas finales, no cree lo haga antes de terminar su oficio; el obispo expresa su parecer de que lo más conveniente es que no las tome ni el Gobernador ni nadie de la provincia, sino alguien entendido de fuera.

En el año 1621 hallamos las primeras gestiones de Angulo encaminadas a mejorar su economía doméstica. Así, se vio en el Consejo un memorial de Jerónimo Claros, en representación del Obispo de Venezuela, en el que, exponiendo que dada la cortedad de la renta episcopal, los muchos pobres a quienes dar limosna y el elevado coste de los mantenimientos de la propia tierra, suplica cédula para que de lo que llegue a aquellos puertos se provea al Obispo y su casa; también pide –muestra de la habilidad gestora de Angulo- poder embarcar frutos del obispado por valor de 1.000 ducados para venderlos extraprovincialmente, dada la poca salida que tienen en Venezuela[85].

Estimando razones anteriores a las en su día dadas por el Obispo, pero de tenor semejante, se expidió en 11 de mayo de 1621 real cédula ordenando al Gobernador de Venezuela que impusiera tasa en tributo y suprimiera la tributación en servicios. Pero, pese a las peticiones presentadas por los cabildos seculares de Coro, Maracaibo y Tocuyo, así como por el capítulo provincial de los franciscanos reunido en Coro, solicitando que Francisco de la Hoz Berrío fuese prorrogado como Gobernador[86], el 14 de julio de 1621 tomaba posesión del Gobierno de la provincia Juan Triviño Guillamás. Se le había expedido título de Gobernador en Madrid a 16 de diciembre de 1620[87]; propicio a los encomenderos, la cédula de supresión de los servicios personales quedó sin cumplir y no se impulsaron nuevos poblamientos[88]. Al parecer, el sucesor de Triviño, Diego Gil de la Sierpe, que tomó posesión en 1623, sí trató de hacer cumplir la real cédula; duró poco más de tres meses en el Gobierno; el Cabildo de Caracas, en razón de los “agravios” que causó a la población, le privó del gobierno, lo metió en prisión y lo envió a España[89].

Entretanto, el nombre de Angulo seguía sonando en las consultas del Consejo, pues figura en 2 de julio de 1620 en la lista de los propuestos para la sede de Guatemala y una semana más tarde en la de candidatos para la primada de las Indias[90]. Según Restrepo, en 1621 Gonzalo de Angulo consagró al cisterciense Pedro de Oviedo como Arzobispo de Santo Domingo[91].

Concilio Provincial Dominicano

A La Española llegaba el obispo mínimo en Julio de 1622, pero no para ser Arzobispo, sino para participar en el Concilio Provincial. El Rey había escrito cédula de ruego y encargo a los obispos sufragáneos de Santo Domingo con diversas recomendaciones: celebración sínodos diocesanos, acudir al Concilio sin familia ni gasto de consideración, etc[92].Ya en abril fray Gonzalo había avisado al Cabildo de Caracas sobre la convocatoria del Concilio por si querían acudir al mismo en defensa de sus intereses[93]. El Concilio se inauguró el día de San Mateo de 1622. En 25 de Septiembre la Audiencia dominicopolitana escribía al rey anunciándole su puesta en marcha. No podemos pasar por alto el elogio que en esta carta se hace de nuestro protagonista[94].

En un informe sobre la celebración del concilio, firmado por los Padres conciliares (Arzobispo de Santo Domingo, Obispo de Venezuela, Obispo de Puerto Rico y Procuradores del Obispo de Cuba y del Abad de Jamaica) se señala que ayudó a la agilidad y buena marcha de la reunión el trabajo previo hecho a nivel diocesano, así como el tener ya previstas y conferidas muchas materias el Arzobispo y Angulo en el tiempo que esperaron que llegasen los demás prelados; además, se había desarrollado un trabajo intenso, mañana y tarde, con juntas extraordinarias[95].

Especial protagonismo tuvo fray Gonzalo de Angulo en la Sesión que, bajo su presidencia, se dedicó a los indios. Éste no era ni mucho menos un tema accesorio, hasta el punto de que en las Actas del Concilio llega a figurar como motivo principal de la convocación[96]. Los padres conciliares eran conscientes de las graves injusticias que seguían cometiéndose con los indios, a despecho de las numerosas normas generales y particulares dadas por la Corona y del grave daño que ello causaba no solo a los mismos naturales víctimas de ellos, sino a la tarea evangelizadora en general. Su corazón y su deber de pastores no permitían a los conciliares callar ante los abusos que se daban, tan opuestos a la voluntad del monarca temporal y tan gravemente contrarios al querer del Rey eterno. Algunos de los decretos emanados se colocan en el ámbito valiente de rotunda denuncia propio de la mejor tradición de la Iglesia americana[97].

En 7 de enero de 1623 presentaron sus quejas en el concilio las ciudades venezolanas de Barquisimeto, Trujillo, Carora y Nueva Valencia[98]. La mayor parte de ellos se refieren a la codicia de los curas en el cobro de los entierros (por el más humilde cobran 14 pesos de plata) y de los abusos en ellos (en los entierros de cruz baja, pudiendo hacerlos sólo cura y sacristán, acostumbra a acudir forzosamente el otro cura de acompañante, cobrando por ello 1 peso de oro), en los estipendios de misas, en las fiestas de las cofradías (en cuya administración, dicen, se entrometen); también abogan para que la catedral que está desde la fundación en Coro no se cambie a otra parte y reclaman que el obispo resida, como es su obligación, en Coro y no en Santiago de León.

También en contra del traslado de la sede catedralicia presentó alegación en febrero de 1623 Pedro Gordon de Almazán[99], en nombre de la iglesia catedral de Coro, de sus curas y beneficiados, arguyendo su mejor acceso y centralidad y que en Caracas solían originarse conflictos entre Obispo y Gobernador, en perjuicio del bien común. Imaginamos que la consideración del traslado de la sede a Caracas sería planteada en el concilio por iniciativa del mismo Angulo. Pese a su insistencia, el tema no se sustanciará con seriedad resolutiva hasta unos años después de su muerte, en 1636-1637[100], haciéndose efectivo el traslado de sede en 20 de junio de 1637.

En el mismo alegato los curas y beneficiados de Coro denunciaban, además, que de las dignidades de la Catedral, la de chantre la depositó el obispo Bohórquez en un paje de falda «y se lo llevó a guajaca con excusa de estudios y desde el año de diez y ocho no ha buelto». En cuanto a la de arcediano, Angulo la había declarado vaca y depositado en Íñigo López de Salcedo –también calificado de paje de falda- a quien pretendía se le confiriese en propiedad, pese a, según los alegantes, no tener edad suficiente ni estar ordenado. Este último extremo era cierto. Como lo es que Angulo favoreció a las personas que había traído de España. Íñigo de Salcedo, siendo simple clérigo de órdenes menores y secretario del Obispo, fue efectivamente nombrado Arcediano en interín y se envió a Madrid documentación para que se le confiriese la titularidad de dicha Dignidad; en la información elaborada al respecto apoyando la pretensión, los testigos que declararon en abril de 1622 señalan que el solicitante había tomado posesión del arcedianato en interinidad «quieta y pacíficamente», sin contradicción alguna, antes con beneplácito y voluntad de todos los prebendados de la catedral[101]; el alegato en el Concilio manifiesta cuán lejos se hallaba esto de la realidad. El secretario de Angulo no logró el arcedianato; en 25 de agosto de 1625 tomó posesión de la prebenda Bartolomé de Escoto. Pero a Íñigo de Salcedo, que entonces era ya clérigo subdiácono, le concedió el Obispo de inmediato la Chantría en interinidad; Bartolomé de Escoto se avino a recibirle como tal, pero el anciano Tesorero, Bartolomé Gómez, hizo constar su oposición y recurrió al Arzobispo de Santo Domingo, quien resolvió que, efectivamente, no se le recibiera en la Dignidad, por no estar ordenado de presbítero (si bien, cuando la provisión del Metropolitano llegó al cabildo, López de Salcedo había sido ya ordenado; no se recibió otro ejecutorial de Santo Domingo para que se le recibiese como prebendado interino hasta 27 de abril de 1627)[102]. Otros criados del Obispo fueron empleados eclesiásticamente por él; en algunos documentos aparece como secretario Bartolomé de Mora; también fue secretario Juan Coronel Velarde, nombrado, además, en 1629 cura de Nueva Valencia. A Gregorio de Aguilar Ismendi le nombraría sustituto del Deán en 24 de septiembre de 1623[103]. Rodrigo de Noriega fue Comisario del Santo Oficio y Sacristán mayor en la parroquial de Caracas.

En 26 de enero de 1623 los Padres conciliares dieron poder en Santo Domingo a favor de Jerónimo Claros y del Licenciado Pedro Páez, de Madrid, para actuar en su nombre ante la Curia Romana, la Nunciatura y el Rey[104]. Otra influencia de Angulo. Como sabemos, Claros era su agente en España. Además, de los tres testigos firmantes en el apoderamiento otorgado por los Conciliares, dos nos son conocidos: Juan Coronel Velarde e Íñigo López de Salcedo, «vezinos y residentes en esta ciudad» (!).

El Concilio provincial dominicano fue aplicado directamente por Angulo en su diócesis, aun antes de que fuese visto y examinado por el Consejo de Indias. Las actas se enviaron al Rey con ruego de que, siendo de su conformidad, pidiese al Papa su aprobación. Sin embargo, la aprobación de Roma nunca llegó, pese a la insistencia de la Corte española[105].

En 29 de noviembre de 1622 se dirigía el Rey a Angulo con cédula en que rogaba y encargaba le proporcionase información sobre la adecuación de medios con que podía contar, de llevarse adelante, la fundación de un monasterio de monjas que se había iniciado (y posteriormente suspendido) en la ciudad de Trujillo[106]. Fray Gonzalo seguía contando con simpatías en la Corte y en el Consejo, pues es de esta época una relación de méritos[107], que debió utilizarse para ser propuesto, sin éxito, para los obispados de Quito en 25 de agosto de 1623 y de Michoacán en 15 de septiembre del mismo año[108].

Conflictos y Visita Pastoral

Ya antes de partir para Santo Domingo el Obispo había tenido desencuentros con las autoridades civiles. Había recurrido a la Audiencia de Santo Domingo por razón de estar siendo negativamente discriminado en embarcar los frutos y diezmos del obispado y en el matar y pesar el ganado; la Audiencia resolvió con provisión de 14 de enero de 1623 a su favor, a fin de que el Obispo fuese preferido a los particulares[109].

A su regreso de La Española, fray Gonzalo de Angulo tuvo que enfrentarse a nuevas dificultades. El dueño de las casas en las que el obispo vivía, de alquiler, en Caracas, se había entrado en ellas y no quería dárselas. Nuevo pleito ante la Audiencia, la cual falló en 8 de abril de 1625 que la posesión se devolviera al Obispo pagando el correspondiente alquiler[110].

Fray Gonzalo inició la visita pastoral de su Obispado, en la que iba a emplear 3 años y confirmar a 3000 personas. Se hallaba en Coro cuando se produjo un nuevo incidente con los regidores caraqueños[111]. Queriendo estos en 1623 ir a la iglesia mayor a la fiesta del Santísimo, hallaron que los escaños que normalmente solían ocupar se habían retirado de su lugar (la capilla mayor). El vicario Gabriel de Mendoza adujo órdenes expresas del Obispo. Las autoridades locales enviaron autos a la Audiencia de Santo Domingo, que esta vez sentenció a favor del Cabildo[112]; tal favorable provisión fue leída en la sesión de 12 de septiembre del mismo año[113].

Pero a mediados de 1623 fray Gonzalo tuvo también problemas con las autoridades de Coro. En el desarrollo de la visita eclesiástica pidió al brazo secular (alcaldes ordinarios) que prestaran su auxilio para prender y castigar a personas seglares. Los alcaldes ordinarios (quienes ostentaban la máxima autoridad civil por haber fallecido ya el Gobernador Triviño) Francisco Rendón y Diego Martínez ofrecieron su auxilio, pero no generalmente, sino en especial y en particular y con indicación de que «esto a de ser mostrando a sus mercedes, como ministros de su magestad, la causa...»[114]. El obispo reiteró la petición (por haber antecedentes de haberse prestado tal auxilio general en la visita efectuada por el obispo Alcega, y por considerar secretas las causas) so pena de excomunión. Al nuevo rechazo siguió un tercer requerimiento eclesiástico. En 20 de junio el obispo declaraba excomulgados a dichos alcaldes ordinarios. Éstos, alegando se les perturbaba la real jurisdicción, pronunciaron un requerimiento para que los vecinos no saliesen de la ciudad y «en tocando la caxa se rrecoxan a las casas de cavildo para lo que se ofreciere». El asunto pareció tomar visos de gravedad. Angulo dictó un auto para ser leído en la catedral declarando que la actuación de los alcaldes no hacía sino quitar la paz y perturbar la jurisdicción y la visita eclesiásticas; el obispo mandaba a todos los habitantes de la ciudad «se quieten y sosieguen...». En 22 de junio Rendón y Martínez presentaron apelación e intimaron las cédulas de las fuerzas en defensa de la jurisdicción real. Finalmente aquel mismo día el Obispo concedió la apelación mandando que los alcaldes fuesen absueltos, argumentando tomar tal medida en que, en la carencia de Gobernador, no había en la ciudad «mas justicia que los dichos alcaldes hordinarios, los quales estando excomulgados zesa el conocimiento de causas y podía suxeder casos ynremediables». Las discordias se sustanciarían en Santo Domingo. En la documentación aparece, en boca del Prelado, el trasfondo de la defensa episcopal de los naturales; es así que se había procedido contra cuatro personas amancebadas de años, dos de ellas parientes de Francisco Rendón y mayordomos de indios «a los quales acen trabajar todo el año, sino es los domingos y aunque sean dias de fiesta y haciendolos mui mal tratamiento castigándolos y aprisionándolos...».

El cabildo eclesiástico acordó, dejando su concertación al Obispo, diversas medidas encaminadas a mejorar la iglesia catedral y su culto (adecuar las campanas reformando la torre campanario; concertar el cubrir la parte del edificio que no estaba cubierto; hacer un Sagrario decente)[115]. El trabajo de madera del Sagrario lo pagó el obispo como limosna[116]. Parte de los trabajos de la catedral se financiaron, al parecer, con la venta de diversos esclavos pertenecientes a aquella Iglesia.

En septiembre de 1623 el Obispo se hallaba en Nueva Zamora de Maracaibo, donde mandó hacer información sobre el estado en que estaba la obra de la iglesia parroquial. En enero de 1624 estaba en Trujillo, donde nombró por Vicario y Juez eclesiástico a Bartolomé de Navas Becerra[117]; aún en Trujillo erigió la Cofradía de Ánimas de Carora y aprobó sus Constituciones[118]; además, escribió a España sobre el estado en que se hallaba la construcción de la iglesia de Nueva Zamora[119].

En agosto hallamos al Obispo en Portillo de Carora y en el mes de noviembre en Tocuyo. Allí firmó un decreto en 1 de enero de 1625, conforme al cual, habiéndose percatado de que eran muchas las lenguas allí habladas, había decidido encargar en Caracas la composición de un Catecismo, Doctrina y Confesionario en lengua gayona, a fin de que los doctrineros lo usaran para la enseñanza[120]. En mayo de 1625 el Obispo mínimo había llegado a Barquisimeto.

Poco tiempo después volvía a Caracas y a los problemas. En abril de 1626 la Audiencia de Santo Domingo expedía a su favor una nueva provisión para que no se le perturbara en la posesión de sus casas; los dueños de las mismas estaban emparentados con todo el lugar y en cuanto salían alcaldes de su familia, volvían a estorbarle la posesión. En la misma fecha resolvía la Audiencia otra demanda a petición del Obispo; éste había reclamado exponiendo que, debiendo el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad suministrarle lo necesario para su mantenimiento y el de sus familiares por ser cabeza de la Iglesia, no sólo no lo hacían, sino que yendo los criados del Prelado a adquirir provisiones dinero en mano, por «odio y mala voluntad que le tienen» no se las daban, prefiriendo atender a otros vecinos, de modo que en casa del Obispo sufrían verdadera escasez; la Audiencia manda «se le den todos los bastimentos que ubiere menester el dicho Obispo para su persona y casa y criados pagando por ellos su balor en los cuales mandamos sea preferido a todos los becinos de dicha ciudad y provincia»[121].

Asentado ya en Caracas, fray Gonzalo escribe varias cartas a su Majestad en 4 de julio de 1626. En una de ellas expone las principales cosas dignas de remedio en la Visita que ha efectuado[122]. Expone primeramente que hay dos curas en cada lugar de españoles, a los cuales no se les paga el suplemento a los 50.000 mrs. que les están señalados para su estipendio, de modo que pasan necesidad y, cuando hay vacantes, no hay quien se presente a las oposiciones, «diciendo no quieren yr a morir de hambre»[123]. El obispo manifestaba también el problema de la financiación de los preceptores de gramática; en Caracas hay uno, pero no se le acude con los 200 pesos que el Rey tiene mandado se impongan sobre encomiendas vacantes; Angulo considera urgentísima esta necesidad, pues, desde que es obispo, pese a ser ésta la ciudad más poblada de la diócesis, no ha dado más que dos ordenandos.

Otra carencia detectada: el Puerto de la Guayra carece de iglesia parroquial y de curas; en él hay guarnición de soldados, más de veinte vecinos españoles y «en algún tiempo más de quinientas personas»; al capellán se le daba antes la plaza de un soldado, pero hoy no la tiene ni estipendio alguno[124]. A continuación el Obispo pasa a exponer la carencia de medios que ha comprobado sufren las iglesias del Obispado, pues su única financiación es 1’5 novenos de los diezmos; carecen de limosna de vino y aceite, hasta el punto de que ha encontrado dos iglesias parroquiales donde, por no tener con qué, no alumbraban el Santísimo[125]. Respecto a estas necesidades, el Rey no quiso tomar resolución alguna hasta saber exactamente cuánto montaban los novenos de las iglesias en los últimos 4 años, cuánto necesitaban cada una y en cuánto se calculaba su gasto anual de vino y aceite[126].

Las siguientes irregularidades que Angulo pone de manifiesto son las de los doctrineros religiosos. Por negligencia de éstos, están las doctrinas muy mal servidas y los indios poco instruidos en la fe. Éstos se quejan además de que los religiosos les obligan a que den ofrendas todos los domingos y fiestas y les piden derechos por la administración de algunos sacramentos y por los entierros. El obispo deja claro ante su Majestad que, debido a la exención religiosa, no cuenta con medios suficientemente efectivos para corregir estas anomalías. Pide que por parte del Rey se dé orden, de una parte, para que el Superior religioso a la hora de asignar doctrineros los presente antes al obispo para que éste pueda examinar «su suficiencia, virtud, edad y si saven la lengua», y, de otra, para que el Obispo pueda castigar los excesos que se cometan.

Finalmente, es de nuevo la denuncia de las tropelías de los encomenderos lo que ocupa la atención de fray Gonzalo. Esta vez clama contra los traslados que hacen de los indios, sacándolos de los poblamientos para llevarlos a trabajar a sus haciendas de cacao, distantes de 20 a 40 leguas, con los grandes inconvenientes que se siguen (hacerlos trabajar impunemente todo el año, tenerlos apartados de sus mujeres e hijos, confusión en las doctrinas y en las jurisdicciones de los respectivos curas, etc.).

En otra carta de la misma fecha los dardos espiscopales van dirigidos contra los protectores de indios: «en esta probincia en el estado que oy estan no combiene los aya porque ninguno lo es como se a visto por experiencia sino para aprobecharse de sus trabajos y hacer muy grandes granjerias del oficio»[127]. Aborda igualmente la situación de la iglesia catedral: los prebendados han tomado posesión de sus prebendas; sólo se halla fuera de ella el chantre José Escudero (familiar del Obispo anterior), que está estudiando en México; el obispo aprovecha para reiterar la conveniencia de cambiar la sede a Caracas. También da su negativo parecer sobre la fundación de un convento de monjas en Caracas, por carecer, a su juicio, de bienes suficientes para dicha fundación[128].

Una tercera carta da cuenta del alcance con que era entendido el servicio de ambas Majestades, de cómo la autoridad eclesiástica se asumía competencias en materia civil. Por ausencia del gobernador y ante noticias de proximidad del enemigo[129], durante 7 días el Obispo dispuso la defensa de la ciudad; aunque el testimonio formado por su secretario Juan Coronel no sea ejemplo de pura imparcialidad, da idea del liderazgo de Angulo manifestado en tal circunstancia. El obispo reunió a los militares y promovió se preparase la defensa, incluso contra el parecer del gobernador de Cumaná que había escrito se desamparase y retirase la artillería; visitó el cuerpo de guardia, aconsejó formar un Consejo de guerra extenso; dispuso se previnieran mantenimientos y se procediera a la fortificación, dio licencia para que los que en ella trabajasen pudiesen comer carne, por ser cuaresma; instó a los encomenderos diesen indios con sus flechas para la defensa; con los militares inspeccionaron los diferentes caminos por donde podía venir el enemigo (y eso aunque «estaba tan achacoso como savian y si no es con mucho trabajo no podia ponerse a cavallo que no quería perdonar ninguno»), disponiendo las trincheras y emboscadas, subieron a la fortaleza, revisaron la disposición del armamento; el obispo exhortó repetidamente a la defensa de la tierra representando el servicio que hacían a Dios y a su Majestad, acordándose que la fortaleza se defendería hasta ver el rostro al enemigo, previendo en su caso también la retirada, etc. Cuando llegó el gobernador, no se entrometió más en el asunto, sino rezando y haciendo rezar por el buen suceso del mismo. Finalmente, las naves enemigas no llegaron a desembarcar[130].

En 14 de agosto de 1624 dos reales cédulas habían sido dirigidas al obispo de Venezuela[131]. Su contenido había de resultar verdaderamente desalentador para quien tanto se había interesado en el pasado para procurar reducir a los indios a población y que se eliminasen los servicios personales. Bartolomé de Monasterio, procurador general de la provincia, había planteado los graves inconvenientes que se habían seguido de las reducciones de indios y abogado por su dispersión. Asimismo, había pretendido se derogase la cédula de 1621 y se volviese al régimen de servicios personales, alegando cómo en el pasado el Gobernador Triviño, conocedor de los “inconvenientes”, no la había ejecutado. En esto último, consultado el Consejo de Indias, el rey había resuelto atenderle y mandado al Gobernador (Meneses) que se tolerasen los servicios personales en su tasa de 3 días semanales. El rey rogaba y encargaba al Obispo que informase sobre la conveniencia o no de los poblamientos y sobre si los tres días de servicio personal era mucha carga, si se podía moderar y en qué forma. Los intereses de los encomenderos habían, por tanto, encontrado nuevamente acogida. No hemos hallado en el Archivo de Indias las respuestas de Angulo. O no contestó o se han perdido[132]. En todo caso, unos años más tarde, en 1633, otra real cédula ordenaba la supresión de los servicios personales y que se substituyeran por la cesión de tributo. Tampoco tuvo éxito. Se repetía lo que pocos años después ponía de manifiesto Juan de Palafox, obispo angelopolitano: siendo las leyes santas, cristianas las cédulas y justos los decretos, su inobservancia e inejecución los convertía en “cuerpos muertos”. Hubo que esperar a finales de siglo para que los servicios personales desaparecieran de Venezuela.

Tampoco se ha conservado la respuesta del obispo de Venezuela a la cédula de ruego y encargo fechada en Madrid en 30 de mayo de 1626, por la que se solicitaba de Angulo informase sobre el estado en que se hallaba la pacificación de Nirgua emprendida por el Gobernador Meneses[133]. Sin embargo, o fue contestada en 2 de agosto de 1629 por el Obispo o en esa fecha el Prelado dirigió una sobre similar materia, a tenor de la cédula real dirigida al Gobernador de la provincia en 29 de julio de 1631 sobre campañas emprendidas para castigar caribes y rebeldes[134].

El cabildo eclesiástico de Coro había pedido ayuda para que la Real Hacienda contribuyera a la reparación y terminación de la catedral de Coro, pues «por no aberse cubierto y estar sin reparo para las lluvias y otras influencias temporales se ba perdiendo lo que esta labrado y que todo en la dicha yglesia esta con mucha yndecencia y descomodidad de la gente»[135]. Un informe del Obispo de 11 de julio de 1628, centrado en la situación de los prebendados, no hace sino orientarse a sugerir el traslado de Coro a Caracas, pues aquella sede es «lugar muy corto y sujeto a enemigos por dos Puntos que tiene sin ninguna defenssa en ella». El cabildo se compone de cuatro prebendados, de los que sólo el Deán, Bartolomé de Escoto, desarrolla una labor normal. El Tesorero, Bartolomé Gómez, «a tiempos pierde el juicio». En cuanto al Chantre (José de Escudero), no había vuelto todavía de México y el Arcediano (Diego Suárez de Aponte) tan pronto había tomado posesión había marchado a Cartagena sin licencia del obispo; en ambos casos seguía procedimientos requiriéndolos para que pasasen a servir su puesto[136].

Gonzalo de Angulo no era del todo olvidado en España. Figuraba en 1628 entre los candidatos propuestos para cubrir la vacante de Santo Domingo y en 1630 para la diócesis de Trujillo[137]

Últimos difíciles años

Los últimos años del espiscopado de fray Gonzalo de Angulo vienen marcados por los continuos conflictos con las autoridades civiles. En febrero de 1628 se veía en el Consejo queja de la ciudad de Santiago de León sobre que en las fiestas de tabla el obispo impedía que se diera la paz al cabildo como era uso y costumbre. Pero las disensiones, que con el cabildo secular venían de antiguo y a las que, como sabemos, no eran ajenas las posiciones del obispo respecto a la situación de los indios en encomienda, se añaden en estos últimos años las que se suscitan con el Gobernador. En el día de Santa Lucía del año 1627 el capitán Juan de Meneses y Padilla no se contentó con poner silla para sí en la iglesia, sino que quiso dar silla a un Juez receptor de la Audiencia de Santa Fe, lo cual el Obispo impidió y formó informaciones para que desde Madrid se diera, en evitación de otras competencias entre Obispo y Gobernador, providencia para que los Gobernadores no innoven y guarden la costumbre al respecto; la consulta se resolvió en favor de Angulo[138]. Por una referencia que se hace en súplica muy posterior del cabildo eclesiástico sabemos que en julio de 1631 la Audiencia de Santo Domingo dio provisión pedida por el obispo con varias disposiciones relativas a ceremonial protocolario[139]. Ello nos hace pensar que no hubo ocasión que se desaprovechara para hacer valer la propia preeminencia. Las competencias de jurisdicción tuvieron que ser también frecuentes; algunas de ellas llegaron en apelación al Consejo de Indias[140].

Una pastoral del obispo de julio de 1631, mandando que quienes tuviesen indios esclavizados por motivos de guerra debían informar de ello al Vicario, no debió precisamente facilitar las cosas[141]. Probablemente este mismo año se originó una nueva controversia: Gonzalo de los Ríos Armendáriz, Alférez Real de la ciudad de Santiago de León de Caracas refirió que siendo estilo asentado y guardado sacarse el día de Santiago el estandarte real y llevarlo a la iglesia mayor donde a dicho Alférez se le pone silla y cojín y se le da la paz, el Obispo lo “ha estorvado”; desde Madrid se pidió informe al Gobernador en septiembre de 1632[142].

En 1631 se había vuelto a considerar pleito en la Audiencia de Santo Domingo sobre el alquiler de las casas ocupadas por el Obispo. El Obispo, ante la repetición de los mismos problemas, la necesidad de tener que volver a acudir en cada ocasión a costosos pleitos para ver amparados sus derechos (o los que defendía tener) decidió obtener reales cédulas para no ser molestado en la posesión de las casas pagando su alquiler, para que se le diesen los bastimentos y cosas necesarias para él y sus criados pagando su valor y para no ser discriminado en embarcar frutos y diezmos y en el matar y pesar el ganado. Como puede comprobarse, son los mismos problemas que se habían originado años atrás. El rey le otorgó las cédulas pedidas, si bien respecto del último punto sin otorgar ninguna preferencia al Obispo; la provisión de la Audiencia de La Española en 1623 le otorgaba cierta preferencia en la embarcación de frutos del obispado y Angulo, al solicitar la real cédula, solicitaba también alguna más prelación «en quanto al pesar los ganados»; la decisión en este caso fue, como hemos apuntado, más equitativa: «Que se le dé cédula para que los frutos de las rentas episcopales se embarquen en los navíos como los de los vezinos igualmente y lo mesmo se entienda en la matança de ganados...»[143].

En 1628 y en 1632 hubo algunas disensiones entre fray Gonzalo de Angulo y el Cabildo eclesiástico de Coro relativas al desempeño de la mayordomía de la catedral. Además, en noviembre de 1632 el Obispo ordenó cesase la costumbre de cobrar cada prebendado sus rentas de por sí y en lo sucesivo se hiciesen los cobros con libramientos del Cabildo[144].

En 19 de junio de 1630 tomó posesión como Gobernador Francisco Núñez Melián, Oficial Real destinado en La Habana; se le dió la gobernación como pago al servicio prestado en buscar dos galeones perdidos en 1622 en los cayos de Matacumbo, habiendo recuperado la plata de uno de ellos[145]. Este Gobernador quiso evitar los conflictos con el Obispo cortando por lo sano. Dirigió queja a Madrid alegando que estando la silla catedral en Coro, el obispo reside en Caracas contra lo dispuesto en los Concilios, entrometiéndose en el gobierno temporal, por lo que solicita cédula en que se intime al obispo a cumplir su deber de residencia. El rey y el Consejo de Indias, que en el pasado no le habían reprochado su intromisión al Obispo mínimo cuando en marzo de 1626 había preparado la eventual defensa de Caracas, acogieron la petición de Núñez Melián (por otra parte, legalmente irrefutable) con cédula de ruego y encargo para que Angulo asistiera y residiera en su Iglesia catedral; la cédula está fechada en Madrid en 25 de marzo de 1633[146]. En este particular no tuvo ya ocasión de servir fray Gonzalo de Angulo a la Majestad católica de Felipe IV, pues en 17 de mayo siguiente el obispo mínimo moría en Santiago de León.

Un expolio turbulento

Fray Gonzalo de Angulo sabía administrar sus negocios temporales. Si su antecesor en Venezuela, Juan de Bohórquez, había visto en la promoción a la diócesis oaxaqueña la salvación para su quebrantada economía, el mínimo dejó, a su muerte, un patrimonio importante cuya individualización, pertenencia y distribución dio no poco trabajo a los letrados.

En 27 de agosto de 1633 el Gobernador Núñez Melián informaba a su Majestad de que, estando el obispo moribundo, recibió noticia de que algunos criados y otras personas estaban tratando de distraer bienes, por lo que había ordenado a su Teniente de Gobernador y a los Oficiales Reales impidiesen sacar nada de las casas episcopales. Poco después habían presentado demanda sobre los bienes relictos, a título de albaceas, los patronos de una obra pía (fundación convento de monjas en Caracas) instrumentada como donación inter vivos otorgada por Angulo en 1631, así como los Oficiales Reales, por pretensión de nulidad de tal donación y consiguiente pertenencia a la Corona de los bienes por ab intestato; después reclamó también la Iglesia venezolana. Estos pleitos seguían su marcha. Entre tanto, el Gobernador había ordenado que los bienes, para mayor seguridad, se depositaran en la Caja Real a cargo de los Oficiales Reales; concreta que consisten en 40.000 pesos en reales, una vara de plata valorada en más de 1.000 pesos, así como joyas y bienes muebles que ya se están vendiendo en almoneda y por los que cree se obtendrán otros 40.000 pesos. Núñez Melián participaba a su Majestad que, según el criterio de letrados con los que había consultado, probablemente la donación resultaría carente de validez, aunque personalmente juzgaba que la fundación pretendida por el Obispo era merecedora de todo apoyo, pues tal convento sería «el remedio de muchas donçellas pobres, y principales y cosa de grande inportançia al servicio de Dios y de V.M.»[147].

Por real cédula de 3 de abril de 1634 se dieron las gracias al Gobernador por su aplicación en este asunto, advirtiéndole que en lo tocante a los derechos del Rey derivados del Patronato y en lo perteneciente a la Iglesia se condujera protegiéndolos según es justo, dejando a las partes que siguieran sus pleitos respecto a otros bienes y derechos[148].

Por las actas del capítulo catedralicio, sabemos que en 3 de diciembre de 1632 dicho Cabildo, noticiado de la donación que el Obispo les había hecho de su biblioteca y cuadros («que eran de calidad y cantidad»), había acordado que «en agradecimiento de este don se pusiere todo en parte que pudiese durar muchos años»; en 16 de diciembre de 1633 se acordó que el Deán (Bartolomé de Escoto, elegido Vicario y Provisor General) pasase a Caracas a concurrir en la causa del expolio. La Audiencia de Santo Domingo se hallaba a finales de año conociendo en las apelaciones sobre la entrega del pontifical y los libros[149]. Sabemos que en enero de 1634 la biblioteca se hallaba en poder de los Oficiales Reales, quienes, para su mejor conservación, debían entregarla al Mayordomo de la Catedral o al cabildo eclesiástico «por el riesgo que tienen en ser libros y estar arrimados donde si no los despolvorean cada ocho días, se perderán como en un año, pues se comerán de polilla»[150].

En octubre de 1634 el Deán llevó consigo a Coro un pectoral, un anillo y un misal procedentes del expolio; lo demás venía en un barco que por mal tiempo había ido a parar a Cartagena; en 15 de febrero de 1635 se dio poder a Melchor Sánchez de Agreda para que recibiese los libros, plata y demás cosas que allí estaban y los remitiese a Coro por cuenta de la Iglesia[151]. En 4 de septiembre del mismo año el Gobernador Núñez Melián comunicaba haber tomado prestados 7.300 ducados del expolio de Angulo para emplearlos en comprar hierro y herramientas para la mina de cobre que por cuenta del Rey se estaba trabajando en la provincia, habiendo depositado en las Cajas Reales, como garantía de devolución, cobre equivalente a tal suma[152].

En 1637 Francisco de Sojo, Tesorero de las Reales Cajas en Caracas, envió a España 9.690 pesos de a ocho pertenecientes al Consejo de Cruzada y extraídos de los bienes del difunto Obispo, quien los debía por condenaciones que en su visita había aplicado y cobrado[153]. En abril del mismo año el cabildo eclesiástico acordó se fijasen convocatorias para la venta de un hato y esclavos que habían quedado en San Sebastián como bienes de Angulo; en 6 de marzo de 1638 -trasladada ya la sede a Caracas- se acordó por dicho cabildo que, reservada una parte para iniciar los trabajos de la catedral, el dinero heredado de Angulo se emplease a censo[154]. En este tema la cuestión no fue pacífica ni el procedimiento ortodoxo. Intervino el Gobernador; lo era a la sazón Rui Fernández de Fuenmayor[155], quien en 30 de abril de 1638 dirigía sendas cartas a su Majestad y a don Francisco Zapata, dando cuenta del irregular proceder de Deán y Chantre, acompañando autos formados en prueba de los hechos[156]. Resulta de la documentación que tras la muerte del sucesor de Angulo (Juan López Agurto de la Mata; tuvo un breve pontificado), en 6 de enero de 1638, Juan Méndez de Carvallo (Teniente general), Bartolomé de Escoto (Deán), Domingo de Ibarra (Chantre, Provisor y Vicario General del obispado) y Gaspar Gutiérrez Flores (Mayordomo de la Catedral) se personaron en las casas episcopales y se procedió a la apertura de la caja que se decía ser del expolio de fray Gonzalo de Angulo perteneciente a la santa iglesia catedral. Se inventariaron los bienes que en ella estaban[157] y se entregó la caja cerrada al mayordomo de la catedral. De las tres llaves, una la tenía el Deán, la otra el Chantre y la tercera (la que había poseído el obispo López Agurto) fue entregada unos días después al Tesorero Juan de Salinas Solís. La pretensión del Gobernador era que tales bienes quedasen custodiados hasta la llegada del nuevo Obispo. Pero las intenciones del Deán y del Chantre eran muy otras, pues unos días después, según testimonios del mayordomo de la catedral, fueron a casa de éste y abrieron con sus dos llaves la caja del expolio; enviaron un recadero al domicilio de Salinas para que entregara la tercera llave; el Tesorero se negó a consignarla aduciendo que en ningún caso debía abrirse el arca sin su presencia; al recibir tal respuesta, el Deán ni corto ni perezoso hizo descerrajar la tercera cerradura y sacaron los bienes allí contenidos[158]. Según el Gobernador, el caudal resultante lo habían impuesto a tributo en personas pobres y con fianzas poco sólidas «por dar color al desenpeño de treze mill pesos que sobre prendas el dicho obispo abia prestado a doña Maria de la aguila prima del dicho dean». A la vista de los autos, considerando el perjuicio que tales acciones deparaban a la necesaria fábrica y edificación de la catedral a que tal expolio debía aplicarse, se decidió en Madrid emitir cédula de ruego y encargo al obispo de Venezuela para que procediese a averiguar lo sucedido y hacer restituir el dinero sacado para que se empleara en su correcto destino[159]. Al parecer, no surtieron efecto estas diligencias, pues años más tarde el Tesorero Salinas volvía a insistir a Madrid sobre este asunto; se dirigió real cédula a los Oficiales Reales en mayo de 1648 para que informasen detalladamente sobre el dinero del expolio, su distribución, aplicación, etc.[160]

Habían pasado más de 20 años desde el fallecimiento del obispo mínimo cuando el Gobernador Martín de Robles informaba en septiembre de 1654 sobre la irregularidad y el deficiente resultado que conllevaba que mayordomías como la de la catedral de Caracas estuviesen en manos de eclesiásticos, pues el templo de dicha catedral seguía sin acabar («aunque empesado tan yndecente que el campanario es de palos a modo de orca»), pese a que se habían heredado los expolios de los obispos Angulo y López Agurto; en esta ocasión el Gobernador apuntaba su dedo acusador contra quien administraba la mayordomía de la catedral: Bartolomé de Navas Becerra (entonces Arcediano)