URRÁ, LOS DERECHO EMBERA Y LA INTERCONEXIÓN CONTINENTAL
Los indígenas Embera Katío se encuentran enfrentados con la empresa hidroeléctrica Urrá S.A. por la construcción de la represa Urrá 1, que exterminó la pesca del río Sinú y su cuenca y destruyó la comunicación fluvial entre el alto Sinú y la sabana cordobesa.
Aunque los estudios de impacto ambiental presentados por Urrá S.A. minimizaban los eventuales daños, varios expertos advirtieron sobre los graves efectos que se avecinaban. Uno de ellos fue el profesor universitario Alberto Alzate, quien escribió el libro "El impacto social de Urrá", verdadera profecía. Mostraba él cómo el proceso de la represa llevaba a una verdadera contrarreforma social.
Las proteínas en poder de los pobres: pescadores del medio y bajo Sinú e indígenas Embera, pasan a manos de los grandes terratenientes que agrandan sus fincas y ganaderías vacunas, aprovechando la desecación de Ciénagas y de la regulación del cauce del Sinú, a costa también de los campesinos sin tierra que obtenían una cosecha en el verano, en las tierras antes inundables. El profeta Alzate fue asesinado en 1996, por decir la verdad.
Igual suerte corrió Mario Calderón, quien como sacerdote jesuita que era trabajó en Tierralta, al lado de otro cura, Sergio Restrepo, también asesinado. Mario dejó el sacerdocio, pero continuó su vocación ecologista y siguió organizando foros contra la represa de Urrá, el último de los cuales se realizó el 16 de abril de 1997, 33 días antes de ser asesinado al lado de su esposa y su suegro.
Los indígenas Embera Katío del alto Sinú sabían que la represa podía tener graves consecuencias para su pueblo, pero la situación de violencia en su región les impidió defender abiertamente sus derechos. Temerosos acudieron a las primeras consultas, donde Urrá aseguró que el pescado no se acabaría. Sobre esa base se dio la licencia de construcción, que hizo la empresa sueca SKANSKA.
Mientras los Embera fortalecían su organización Urrá S.A. y el Gobierno definieron la estrategia criminal de dividirlos. Un trabajo combinado de Urrá S.A. los ministerios del Interior, Minas y Energía y Ambiente, la Gobernación del Departamento, la Alcaldía de Tierralta y la oficina de Reinserción de Córdoba obtuvo que un sector (minoritario) de los Embera se separara de sus hermanos y actuara según los intereses de la empresa.
La mayoría de los indígenas reorganizaron los cabildos mayores Embera Katio del río Sinú y del Río Verde, cuyo primer éxito fue interponer y ganar una acción de tutela contra Urrá S.A. Tras el primer fallo (provisional) de la Corte Constitucional en favor de los Embera, vinieron las represalias: el asesinato del principal líder del río Sinú, el anciano Alonso Domicó, abaleado por una comisión de las Autodefensas de Córdoba y Urabá el 25 de agosto de 1998. Los asesores de los Embera fueron amenazados y salieron al exilio.
La tutela no se cumplía y tras las acciones judiciales para que se cumpliera vino el asesinato de Alejandro Domicó y la amenaza de masacre contra tres comunidades de cada uno de los ríos, Sinú, Esmeralda y Verde. Finalmente el alcalde de Tierralta tuvo que reconocer a los Cabildos del Sinú y el Verde y Urrá S.A. los llamó a iniciar la concertación en los términos ordenados por la Corte.
El 24 de abril de 1999 los negociadores de los cabildos del Sinú y el Verde llegaron a Tierralta a iniciar las conversaciones, pero en la noche, el jefe de la delegación,
Lucindo Domicó fue asesinado. El 15 de junio desaparecieron los paramilitares a otro Embera, Rubén Darío Mosquera Pernía.Solamente en septiembre se pudo conversar, pero Urrá no presento como debe ser por ley, un documento integro que contenga el Estudio de Impacto Ambiental, el Plan de Manejo y el Plan de Contingencia. Presentaron varios volumenes sueltos e inconexos. Esto lo constató el propio Ministerio de Minas, en un estudio del 9 de septiembre de 1999, pocos dias antes de que el Ministerio del Ambiente otorgara la licencia.
Urrá S.A. solamente llegó a un acuerdo con cinco de las comunidades del río Esmeralda y no quiso aceptar acuerdos con los cabildos del Sinú y Verde, ni con la comunidad de Beguidó (a inundar por la represa).
Al sector indígena que aceptó el acuerdo, al que siempre ha manipulado, le entrega dinero por familia, que ha causado un mayor desastre cultural, social y familiar, al hacer proliferar el alcoholismo en el casco urbano, la desintegración de las comunidades y el abandono de mujeres por los nuevos borrachos. Es decir es darle la estocada final a quienes se desintegró mediante el exterminio de la pesca y la incomunicación fluvial.
Los Cabildos del Sinú y el Verde proponen en cambio el
Plan Jenené. Aunque saben que ya hay daños irreparables, proponen un renacimiento cultural, para el cual necesitan áreas muy fértiles de las cuales Urrá S.A. se ha apoderado para un supuesto Plan de Turismo. Necesitan también tierras de alta importancia ecológica y cultural. reclaman todo dentro del criterio ordenado por la Corte, siguiendo el Convenio 169 de la OIT, que dice que los indígenas deben participar de los supuestos beneficios de estas obras y no solamente de los perjuicios. También la Constitución dice que la explotación de recursos naturales en territorio indígena no puede ir en perjuicio de la integridad cultural, social y económica de los pueblos indígenas.Realmente todo esto podría haberse realizado después del acuerdo a que llegaron en noviembre de 1996 los Embera y Urrá S.A. en la embajada de Suecia, tras la ocupación pacífica que los indígenas realizaron en esa sede diplomática. Pero una orden gubernamental frustró el cumplimiento del acuerdo: "No se puede aceptar el precedente, porque afectaría los futuros negocios del sector eléctrico".
Los negocios son verdaderamente grandes: por una parte se trata de la privatización de la generación y distribución de energía; por otra parte de la relación entre el negocio de la electricidad y el negocio del gas natural y en fin, se trata de la interconexión continental de juntos negocios, desde Alaska, hasta Tierra del Fuego.
Las electrificadoras de la Costa Caribe colombiana, para las cuales se creó Urrá, son hoy todas privadas, propiedad de un consorcio manipulado por la transnacional estadounidense Reliant, de Texas. Esta tiene intereses en Brasil, Venezuela, Salvador y México.
Una paisana de Reliant es la ENRON. Amabas se caracterizan por combinar el negocio del gas con el de la electricidad, en todo el continente. ENRON controla la electrificadora de Colón (Panamá) en Pleno Canal Interoceánico y para allá esperaba llevarse el gas que se explota en el mar de la Guajira colombiana, bajo operación de la Texas Petroleum. ENRON construye en asocio con la Shell un gigantesco gasoducto para sacar el gas de las selvas de Bolivia.
La alianza entre la Shell y la Texas Petroleum es de público conocimiento. Tiene por objeto competir con las fusionadas BP-Amoco y Esso-Mobil. ENRON y Reliant hacen parte pues de este juego de Shell y Texaco, que tiene ahora su vocero en Texas, el gobernador George Bush, candidato presidencial republicano.
El Presidente de Colombia, Andrés Pastrana y su séquito fueron a Houston el 25 de octubre de 1999, a rendirle parte a Bush y a los empresarios del petróleo y la energía: la legislación petrolera y energética colombiana será a su medida, por sobre los indígenas, como los Embera Katío.
El Gobierno ratificó en Houston, que serán privatizadas las más grandes empresas eléctricas del país: ISA e ISAGEN (ésta tiene el 5 por ciento de las acciones de Urrá S.A. en tanto Reliant, ya tiene más del 2 por ciento por medio de las electrificadoras de la Costa). Las transnacionales gringas tienen ventajas para adquirir esas empresas, puesto que las normas para la licitación eliminan a sus principales competidoras: las Empresas Públicas de Medellín y la transnacional española ENDESA, dueña de la empresa de energía de Bogotá, de la hidroeléctrica de Betania, en el Huila y de empresas chilenas y argentinas.
El caso del renunciado Ministro Valenzuela puso de presente que tras estos pingües negocios se mueven intereses encontrados de los grupos nacionales: Sarmiento Angulo (con la Corporación Financiera del Valle), Santodomingo y el Sindicato Antioqueño. Sus tentáculos se estiran también hacia el negocio del gas, tras la clave empresa Promigas y hacia el negocio de distribución de gasolina, tras Terpel, que ha sido progresivamente privatizada por su antiguo propietario Ecopetrol , que ahora venderá la parte de acciones que le queda y tras de la cual se mueven la Shell, Promigas, Santodomingo y otros.
Son ellos quienes no quieren que quede precedente en favor de los derechos indígenas. Son ellos quienes se atraviesan como mula para evitar reparar la lesión enorme que se causó a la integridad cultural, social y económica de los Embera y a los ecosistemas de la cuenca del Sinú.
Por eso ha sido difícil la lucha de los Embera Katío y ha costado preciosas vidas, en un medio que no admite obstáculos al negocio y pasa por sobre quien sea, como lo demuestra el asesinato de Jorge Luis Ortega, principal dirigente de los obreros del sector eléctrico de la Costa Caribe y del presidente del sindicato de la Electrificadora de Sucre, los dos abaleados durante el paro estatal del octubre de 1998.
A pesar de tanto peligro, los Cabildos y comunidades de los ríos Sinú y Verde han persistido en la lucha y al iniciarse la inundación de la represa han contestado con una marcha, sin importarles los 700 kilómetros que tuvieron que recorrer hasta Bogotá, sin importarles que han tenido que pasar Navidad, Año Nuevo y Reyes fuera de sus familias ni que entre los 170 marchantes hubiera dos mujeres próximas a parir, una de las cuales dio a luz una bebita en las frías calles bogotanas, el 25 de diciembre.
Muchos querían unirse a la marcha pero hubo que explicar que solamente podrían ser 170. El 30 de noviembre comenzaron. Fueron primero hasta Montería a hacer conocer que marcharían, para tratar de que se les respetara en el camino. Luego marcharon por Tarazá, Caucasia, Santa Rosa, Yarumal, Medellín, Honda, Villeta, hasta que por fin arribaron a la capital de la República. Un grupo ocupó las oficinas del Ministerio del Ambiente el 13 de diciembre, pero fue sacado por la Policía por orden del Ministro Juan Mayr, seudoecologista pastranista.
Los 170 se hicieron presentes en la plaza de Bolívar el 14 de diciembre y al otro día ocuparon, junto con 21 pescadores del bajo Sinú, los jardines del Ministerio. Mayr ordenó quitarles el agua. Mayr & Valenzuela decían que no había nada que concertar. El 17 de diciembre dijeron que hablarían con los Embera. No ha habido acuerdo porque no quieren aceptar nada. Unicamente muestran a los indígenas que recibieron dinero como ejemplo, cuando el pueblo Embera precisamente no quiere seguir ese camino de liquidación, ignominia y alcohol.
No quieren que se inunde su dignidad. Unos están firmes en el jardín del Ministerio, otros con el agua al cuello en Amborromia, los demás apoyando en el territorio de cada comunidad. Están decididos a seguir la lucha, están decididos a llevarla a los tribunales internacionales y a los pueblos del mundo.
Según los Embera, Karagabí (el Creador) le dio el agua al mundo, para que la egoista hormiga Jenzerá no la monopolizara. Por eso, del Jenené (árbol grande), del bosque, hizo salir el agua para que la gente, los peces y los animales beban y vivan.
Jenzerá desde Texas quiere otra vez monopolizar, pero la lucha de los Embera, es también como el árbol Jenené, fuente de vida.
José Tibabuyes