Las compensaciones centran el debate en el Foro Mundial del Agua

INMACULADA G. MARDONES / ENVIADA ESPECIAL, La Haya

La construcción de presas en los países del Tercer Mundo y los conflictos que genera entre los indígenas afectados consiguió ayer acaparar la atención de los múltiples aspectos que el II Forum Mundial del Agua aborda cada día vinculados al agua. En los debates dominan las voces de sudafricanos, filipinos, indios, paquistaníes o senegaleses, que reclaman a gritos el reconocimiento de sus derechos y la exigencia de compensaciones a las constructoras.

Sólo algunos gobiernos como el de la India se han atrevido a explicar que los embalses se proponen para erradicar la falta de alimentos. Nadie ha desmentido, sin embargo, que los derechos de los desplazados por las aguas han sido completamente marginados. Ayer, Jacqueline K. Cariño, de Filipinas, miembro del colectivo indígena Ibaloy, contaba que su pueblo siempre había vivido en la cordillera donde nace el río Agno. Desde tiempos ancestrales, los Ibaloy han crecido y muerto alrededor del río. A principios de los años 50 el Gobierno puso en marcha un proyecto para construir seis presas en el cauce de ese río con el fin de obtener electricidad y agua para el abastecimiento de Manila. Dos de las presas ya están construidas. La tercera se paró.

Durante la presidencia de Fidel Ramos -que participa en el Forum- prometió que se abandonaba definitivamente el proyecto. Pero en 1993 se recuperó la idea, esta vez con la intención de construir una presa de 200 metros de altura por 1,13 kilómetros de longitud. Entretanto, 300 familias perdieron sus casas y las 650 hectáreas que cultivaban en el valle. Una de las presas ha quedado inutilizada al llenarse de fango por los arrastres de los residuos procedentes de las explotaciones mineras situadas aguas arriba del río Agno.

Jacqueline Cariño contaba que los beneficios de las presas nunca han recaído sobre los Ibaloy. Han tenido que pasar 33 años para que la electricidad llegue a los municipios donde residen desde que se levantaron las presas. Antes, los Ibaloy cultivaban arroz y compartían los cultivos del valle; ahora son "ilegales". Como no poseían títulos de propiedad sobre sus tierras no se les ha reconocido ningún derecho ni para realojarlos ni para resarcirles económicamente. Se han desplazado hacia la montaña, donde no les alcanza el agua. Cariño, como otras tantas voces que se han oído en La Haya dice que ni el Gobierno filipino ni los constructores de las presas han mostrado el menor respeto hacia los derechos de los Ibaloy; no hicieron provisiones para indemnizar sus tierras expropiadas, no se les proporcionó realojamiento ni ningún otro medio de vida que sustituyera al que tenían. "Mea culpa", dijo ayer John Hennesy, presidente honorario de la Comisión Internacional de Regadíos y Drenajes (ICID) "No se han respetado los derechos humanos como se debía".

Vijay Paranjpye, de la India, quiso dejar claro que no tiene sentido adoptar una posición en contra o a favor de las presas. "Hay que restablecer la credibilidad sobre lo que se debió de hacer y no se hizo". En la India, sin ir más lejos, el 2,3% de su población -mil millones de habitantes- ha sido desplazada por la construcción de las presas y el 60% no ha sido realojada. Como dice Kjell Heggelund, de la empresa estatal noruega Statkraft SF, que construye dos complejos hidroeléctricos en Laos y Nepal, los pueblos afectados por proyectos como éstos deberían recibir compensaciones.

Los constructores quieren maximizar sus beneficios, los bancos sus intereses y los inversores sus retornos. Y por último, pero no al final de estas prioridades, deben respetarse los valores sociales y ambientales del lugar. Heggenlund dijo que cuando se decide la construcción de una presa se manejan inversiones multimillonarias. Si la construcción se retrasa por manifestaciones o por unas compensaciones inadecuadas, el aumento de los costes puede convertir los proyectos en inviables. En defensa de la actuación de su gremio añadió que "no todos los países disponen de leyes sobre recursos hídricos y medioambientales modernas ni procedimientos de participación de los afectados en la toma de decisiones".

Algunos ancianos españoles podrían repetir las historias que decenas de indígenas relataban ayer en el foro de La Haya. Cuando se construyeron las grandes presas en España en los años cincuenta no se pedía la opinión de los pueblos que serían anegados. Ni siquiera se les proporcionaba luz eléctrica a los de los alrededores de una central hidroeléctrica. Pero las circunstancias han cambiado. Hoy, si no se cumple una guía elaborada por el Banco Mundial, es una pérdida de tiempo buscar financiación para estos proyectos. La aceptación de los afectados, como se ha visto en La Haya, es un clamor.